El Crowdsourcing es un mecanismo novedoso de colaboración abierta, de creciente utilización por estos días. Plataformas como Crowdsourcing.org, Verkami o Goteo te ofrecen mecanismos colaborativos para maximizar las posibilidades de concretar proyectos de diversa índole, a través de la participación abierta, que en algunos casos no está restringida a la contribución económica (crowdfunding). Proyectos artísticos, editoriales, culturales, audiovisuales, sociales y educativos, entre otros, pueden ver la luz gracias a esta forma de revolucionar las concepciones de lo público, con fronteras frente a lo privado cada vez más difusas.

En plataformas como Goteo (que utilizamos como ejemplo para ilustrar la idea básica de esta entrada), la idea no se limita solamente a financiar proyectos, al mero crowdfunding. La visión integradora de su propuesta implica el fomento de lo que denominan el “pro-común”, el código abierto y el conocimiento libre. ¿Qué quiere decir esto?. Que la articulación misma de la sociedad civil se fortalezca, haciendo que esta (o mejor dicho, segmentos de esta) se una para financiar e impulsar proyectos cuyo acceso a los fondos tradicionales de financiamiento y ayuda (Administración Pública y/o Empresa Privada) no sea tan sencillo. Goteo enfatiza la importancia de la eficiente gestión del “retorno colectivo”, fundamentalmente en proyectos de índole social, donde se debe ser muy claro en explicar, en el proyecto, cómo se produciría concretamente ese “retorno colectivo”. Es decir, cómo ese “bien social” pasa a ser reutilizable de manera común, en otras palabras cómo pasa a ser un “bien común”. Se dice en la web de Goteo que el retorno colectivo es “la gran apuesta” de esta plataforma, para poder generar un mayor valor público para la comunidad. Estos retornos colectivos pueden concretarse a través de la accesibilidad a los resultados del proyecto, con capacidad de ser “reutilizados”. Asimismo, se pueden establecer grados de “recompensas individuales” a las personas que, con sus aportes, contribuyen a la financiación del proyecto.

El proyecto, al hacerse público, genera posibilidades para un asesoramiento también público. Aquí vemos el elemento de la participación presente en el modelo.  No sólo se puede cooperar con dinero, sino con trabajo (por ejemplo, solicitando, a través de la misma plataforma, un ilustrador para el libro que estás escribiendo, traductores, etc.).

Cada plataforma tiene sus mecanismos de estructurar las “campañas”. En el caso de Goteo, estas se organizan bajo un esquema “40+40”, es decir, se estructura todo en dos etapas, cada una de 40 días. En la primera, la meta es alcanzar lo que se denomina el “presupuesto mínimo”. Si se supera esta etapa se pasa a la segunda, cuya meta es la de llegar a un “presupuesto óptimo”, para realizar acciones de sofisticación o mejora del proyecto. De ser exitoso este proceso de campaña, te comprometes a llevar a cabo el proyecto y publicar tanto resultados como recompensas y retornos (elementos de accountability).

En Empresas en Red, iniciativa del Ministerio de Industria español, se ha realizado un resumen que destaca las cualidades de este tipo de mecanismos en el necesario fomento de la innovación, y da algunas pautas para poder implementar estas técnicas. En todo caso, los elementos que el Crowdfunding ofrece, así, en líneas generales, pueden aportar mucho a una nueva visión de lo público, que apunta a visiones colaborativas, transparentes y participativas y que por esa razón pueden ser elementos hacia una auténtica reforma del sector público.

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Sobre la gobernanza por indicadores (Governance by indicators) (Parte I)

En el marco del proyecto de Derecho Administrativo Global, que se lleva a cabo por el IILJ de la NYU desde el año 2005, se han producido numerosos estudios. Han desarrollado una intensa producción académica destinada a procurar entender la dinámica de las interacciones con relevancia jurídica que se producen en un mundo cada vez más globalizado. Dentro de esos estudios, Benedict Kingsbury, académico que escribió el memorable “El surgimiento del Derecho Administrativo Global” (junto con Nico Krisch y Richard Stewart, pioneros en esto del Derecho Administrativo Global), esta vez firma junto con Kevin Davies y Sally Engle Merry un artículo denominado “Indicators as a Technology of Global Governance”, publicado el año pasado en el Law and Society Review (volumen 46, Nº 1, 2012).

Este trabajo constata la creciente producción y uso de los indicadores en la gobernanza global, indicadores capaces de alterar las formas, ejercicio y distribución del poder en ciertas esferas. Esta capacidad hace necesaria la realización de estudios sistemáticos, para analizar las consecuencias, posibilidades y fallos de esta técnica de gobernanza.

Primero que nada, los autores aportan un bosquejo de definición, como punto de partida para el estudio (reconociendo que no hay un acuerdo, a día de hoy, respecto de la definición del término):

“(…)An indicator is a named collection of rank-ordered data that

purports to represent the past or projected performance of different

units. The data are generated through a process that simplifies

raw data about a complex social phenomenon. The data, in

this simplified and processed form, are capable of being used to

compare particular units of analysis (such as countries, institutions,

or corporations), synchronically or over time, and to evaluate

their performance by reference to one or more standards.

“Un indicador es un conjunto de datos que cuentan con una denominación específica y están clasificados de manera ordinal, a fin de representar el pasado o la posible performance de distintas unidades. La información es generada a través de un proceso que simplifica los datos ‘crudos’ acerca de un fenómeno social complejo, y puede ser usada para comparar distintas ‘unidades de análisis’ (como países, instituciones o corporaciones), de manera sincronizada en el tiempo o de manera sucesiva, evaluando así su performance en función de una referencia a uno o más estándares”.

(traducción libre-personal).

Así, vemos indicadores que circulan por la prensa, por las redes sociales y por los circuitos académicos y técnicos de las políticas públicas, que suscitan diferentes valoraciones (negativas o positivas) acerca de la performance de una “unidad específica” (ejemplo, un país) respecto de otra, o en función a un estándar, a un objetivo qué cumplir, a lo que se convierte en “lo deseable” para un “mejor gobierno”. De manera tal que son muy populares los indicadores sobre temas diversos como el clima de negocios en tal o cual país, la “libertad económica”, el respeto por los derechos humanos, el rule of law, la simplificación administrativa, la seguridad ciudadana, entre otros. Actores del derecho global como los organismos internacionales (BM, BID, OCDE), e incluso ONGS, desarrollan estos temas y difunden esta información.

Las notas básicas que caracterizan a los indicadores son las siguientes:

  1. Importancia del nombre que se le da al indicador (ejemplo: “rule of law”, “transparency”, “human development”).
  2. Estructura “ordinal”, hecha para facilitar las comparaciones de “rankings”
  3. Simplificación de fenómenos sociales complejos, para facilitar el uso de los indicadores, para que los policymakers de turno puedan trabajar con ellos. Así, presentan un mundo en “black or white”. Una maníquea división entre lo bueno y lo malo que pasa de las inherentes complejidades de las interacciones sociales.
  4. Potencial para ser usados para propósitos de evaluación (evaluative processes)

Frente a este panorama, se preguntan los autores: ¿qué procesos sociales rodean la creación y el uso de los indicadores? ¿Cómo afecta ello la distribución del poder? Ello teniendo en cuenta que quien gobierna (governor, actor fundamental de la gobernanza), puede ejercer influencia física (creemos que en el sentido weberiano del monopolio de la fuerza por parte del Estado), económica, social, y (muy importante en la actualidad) la famosa expertise, sea esta científica o moral (scientific or moral expertise).

Nos quedamos con estas preguntas antes de decirles que seguiremos estudiando este tema.

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Algunas consideraciones sobre la “felicidad de la Nación”

 “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar de los individuos que lo componen”

(Constitución de Cádiz-Art. 13º)

“Bienestar: (De bien y estar).

1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.

2. m. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad.

3. m. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.

□ V.”

Fuente: Diccionario de la RAE, versión online 

 

En noviembre del año que acaba de pasar, en conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, los académicos de la RAE se reunieron en dicha ciudad con ocasión de esta efeméride, y debatieron en sesión extraordinaria sobre una serie de términos, entre ellos, el “bienestar”. O “bien estar”, citando textualmente al constituyente gaditano en el artículo 13º de la Carta que inaugura, en sentido estricto, la historia del constitucionalismo español y que irradió su fuerza innovadora en el ámbito hispanoamericano, e incluso en el europeo.

Este artículo 13º plantea cuestiones importantes, y ha de ser leído en clave no solamente histórica, entendiéndolo en el contexto de su época y en la agenda del momento, sino también con perspectiva actual. En la sesión extraordinaria llevada a cabo por la RAE, se hizo referencia a los debates llevados a cabo en torno a la inclusión de este texto, inspirado por las ideas ilustradas y el concepto que, como bien citan los académicos, Jovellanos definía al “bienestar” como “aquel estado  de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos”. Fueron los diputados liberales, como Agustín de Argüelles, o Campmany, los que hicieron prevalecer sus perspectivas, apuntando hacia la idea de “prosperidad de la Nación”. La oposición de los reaccionarios a la inclusión del término “bienestar” (al considerarlo epicúreo y, por tanto, heterodoxo), como vemos, no tuvo éxito.

El concepto de bienestarImage, naturalmente evolutivo, se ha movido desde una visión eminentemente privada hacia una concepción más bien pública, como con acierto recordaron los académicos. Aunque las dudas frente a concepciones estáticas, rígidas y hasta falsas de una felicidad vulgar, que se confunde con un estado permanente de euforia (que, por cierto, no está en ninguna de las definiciones anotadas por la RAE) son dudas razonables, y aunque existan malestares actuales que procuran “felicidades” (o bienestar) en el futuro, existe un lógico consenso respecto de determinados mínimos que un Estado debe garantizar a fin de procurar que los ciudadanos puedan tener las herramientas fundamentales para poder optar por algún tipo de realización personal. Un Estado ni mínimo ni máximo, sino el razonable para establecer las bases de la igualdad de oportunidades, esa igualdad en puntos de partida de la que hablaba Bobbio, sin invasiones ni ausencias: por un lado, Constituciones como la española de 1978 hacen referencia al papel de los poderes públicos en la remoción de obstáculos que impidan la plena realización del individuo. Por el otro, la misma Carta, en su artículo 103º, establece el principio de eficacia administrativa. La Carta de derechos fundamentales de Niza consagra, a nivel europeo, el derecho a una buena administración. El Libro Blanco de la Gobernanza Europea, de 2001,  va más allá, al establecer una serie de principios de la “buena gobernanza”: apertura (debiendo las instituciones comunicar, a través de un lenguaje accesible, las decisiones y labor de la UE), participación (en todas las fases del proceso de adopción e implementación de políticas, con enfoque integrador), responsabilidad (clarificando hasta dónde llegan los roles ejecutivos y de producción legislativa de las instituciones), eficacia (procurando en todo momento conseguir los resultados que se busca) y coherencia (dentro de un sistema complejo, que comporta tareas más diversificadas cada vez). Los principios del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración) buscan incrementar las cotas democráticas y, al mismo tiempo, la eficacia administrativa, mejorando la calidad de las decisiones del gobierno y de la administración (zonas donde la necesidad de innovación como herramienta fundamental viene ganando terreno, con fuerza). Mejorando, en consecuencia, las posibilidades de conseguir esos mínimos para la realización plena, individual y colectiva, aspiración siempre vigente, y nada baladí, pero que se reinventa y adquiere tintes diversos con el paso de los años.

Seguiremos estudiando estas cuestiones.

Año nuevo, blog nuevo

Con el deseo/promesa de ser constante en las actualizaciones, acabo de abrir este blog a fin de compartir algunos de mis apuntes en materia de Derecho Administrativo, Constitucional, Gestión Pública, en fin, los asuntos que nos conciernen a todos como colectividad. Bienvenidos.