“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar de los individuos que lo componen”

(Constitución de Cádiz-Art. 13º)

“Bienestar: (De bien y estar).

1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.

2. m. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad.

3. m. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.

□ V.”

Fuente: Diccionario de la RAE, versión online 

 

En noviembre del año que acaba de pasar, en conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, los académicos de la RAE se reunieron en dicha ciudad con ocasión de esta efeméride, y debatieron en sesión extraordinaria sobre una serie de términos, entre ellos, el “bienestar”. O “bien estar”, citando textualmente al constituyente gaditano en el artículo 13º de la Carta que inaugura, en sentido estricto, la historia del constitucionalismo español y que irradió su fuerza innovadora en el ámbito hispanoamericano, e incluso en el europeo.

Este artículo 13º plantea cuestiones importantes, y ha de ser leído en clave no solamente histórica, entendiéndolo en el contexto de su época y en la agenda del momento, sino también con perspectiva actual. En la sesión extraordinaria llevada a cabo por la RAE, se hizo referencia a los debates llevados a cabo en torno a la inclusión de este texto, inspirado por las ideas ilustradas y el concepto que, como bien citan los académicos, Jovellanos definía al “bienestar” como “aquel estado  de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos”. Fueron los diputados liberales, como Agustín de Argüelles, o Campmany, los que hicieron prevalecer sus perspectivas, apuntando hacia la idea de “prosperidad de la Nación”. La oposición de los reaccionarios a la inclusión del término “bienestar” (al considerarlo epicúreo y, por tanto, heterodoxo), como vemos, no tuvo éxito.

El concepto de bienestarImage, naturalmente evolutivo, se ha movido desde una visión eminentemente privada hacia una concepción más bien pública, como con acierto recordaron los académicos. Aunque las dudas frente a concepciones estáticas, rígidas y hasta falsas de una felicidad vulgar, que se confunde con un estado permanente de euforia (que, por cierto, no está en ninguna de las definiciones anotadas por la RAE) son dudas razonables, y aunque existan malestares actuales que procuran “felicidades” (o bienestar) en el futuro, existe un lógico consenso respecto de determinados mínimos que un Estado debe garantizar a fin de procurar que los ciudadanos puedan tener las herramientas fundamentales para poder optar por algún tipo de realización personal. Un Estado ni mínimo ni máximo, sino el razonable para establecer las bases de la igualdad de oportunidades, esa igualdad en puntos de partida de la que hablaba Bobbio, sin invasiones ni ausencias: por un lado, Constituciones como la española de 1978 hacen referencia al papel de los poderes públicos en la remoción de obstáculos que impidan la plena realización del individuo. Por el otro, la misma Carta, en su artículo 103º, establece el principio de eficacia administrativa. La Carta de derechos fundamentales de Niza consagra, a nivel europeo, el derecho a una buena administración. El Libro Blanco de la Gobernanza Europea, de 2001,  va más allá, al establecer una serie de principios de la “buena gobernanza”: apertura (debiendo las instituciones comunicar, a través de un lenguaje accesible, las decisiones y labor de la UE), participación (en todas las fases del proceso de adopción e implementación de políticas, con enfoque integrador), responsabilidad (clarificando hasta dónde llegan los roles ejecutivos y de producción legislativa de las instituciones), eficacia (procurando en todo momento conseguir los resultados que se busca) y coherencia (dentro de un sistema complejo, que comporta tareas más diversificadas cada vez). Los principios del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración) buscan incrementar las cotas democráticas y, al mismo tiempo, la eficacia administrativa, mejorando la calidad de las decisiones del gobierno y de la administración (zonas donde la necesidad de innovación como herramienta fundamental viene ganando terreno, con fuerza). Mejorando, en consecuencia, las posibilidades de conseguir esos mínimos para la realización plena, individual y colectiva, aspiración siempre vigente, y nada baladí, pero que se reinventa y adquiere tintes diversos con el paso de los años.

Seguiremos estudiando estas cuestiones.

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