Constitución de Cádiz 200 + 1: símbolo de innovación

Durante esta semana, que pronto llegará a su fin (exactamente el 19 de marzo) se conmemoró un aniversario más de la Constitución de Cádiz, conocida como La Pepa, Carta que supuso avances e innovaciones para su época, y constituyó un símbolo de libertad y democracia, de capacidad de un país para (al tiempo de liberarse de injerencias externas) dotarse de un cuerpo normativo superior que contemple los derechos de los ciudadanos, los lineamientos básicos de los fines de una sociedad y los puntos fundamentales de la organización del Estado, inaugurando en sentido estricto el constitucionalismo en España.

De vigencia intermitente (rigió desde 1812 hasta 1814 –en que fue derogada por Fernando VII- y luego fue restituida tras un levantamiento militar en 1820 –dando paso al trienio liberal-), la Constitución de Cádiz no sólo influyó en el constitucionalismo inicial de las nacientes repúblicas americanas, sino que también sirvió de modelo para las distintas revoluciones liberales que vivió la Europa de la época. Portugal e Italia la aplican casi directamente, mientras que las Constituciones de Bélgica de 1831 y la francesa de 1830 beben de su influjo renovador. Se trata de una Constitución con una enorme proyección exterior, demostrándonos que el fenómeno de internacionalización del derecho no es cosa de ahora.

En la elaboración de esta Carta, producto de deliberaciones de las Cortes inicialmente instaladas en la vecina ciudad de San Fernando, participaron absolutistas, liberales y también diputados venidos de América. No participaron las mujeres directamente (tenían vedado el acceso a Cortes), pero la activa participación de algunas notables en prensa y en tertulias tuvo incidencia en el debate constitucional llevado a cabo. Según los especialistas (como por ejemplo Varela Suanzes – Carpegna), predominó la visión de los liberales, pero resulta claro que de la lectura del texto final fluye un compromiso entre ellos y los absolutistas: se trata de un texto en el que conviven preceptos como “la religión católica, apostólica y romana es la única y verdadera” (artículo 12º) con otros que demuestran una amplia concepción de la ciudadanía española, dotando de derechos a los indígenas (otorgamiento que no fue precisamente del gusto de las burguesías criollas locales de los territorios americanos que aún eran parte de España). Esto sin mencionar una cuestión clave: la Constitución de Cádiz residencia la soberanía en la Nación y ya no en el Rey (que no obstante, con Cádiz, no sólo reina sino también gobierna y legisla, conjuntamente con las Cortes).

Como hemos mencionado en un anterior post, para La Pepa el objeto clave es la “felicidad de la nación, puesto que el fin de la sociedad no es otro que el bien estar de los individuos que la componen” (artículo 13º), aspecto que vinculamos a las nociones de buen gobierno que vienen siendo desarrolladas con una mayor concreción en el momento actual y a través de diversos instrumentos normativos y de ejecución de políticas públicas, siendo una aspiración permanente tanto de los detentadores del poder como de los ciudadanos, cada vez más políticamente participativos a través de las herramientas que proporcionan las tecnologías. Ya en el preámbulo se señalaba que el “grande objeto” de la carta es el de “promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación” decretando “la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado”. La preocupación por la gobernanza tampoco, como vemos, es un tema nuevo.

El significado histórico de la Constitución de Cádiz trasciende, como vemos, su propio espacio-tiempo y como es evidente, no es menor. Por eso, su conmemoración permanente tiene mucho sentido. Es importante recordarla como símbolo de libertad, dentro de su contexto y pese a las vicisitudes y a su corta y cortada duración. Pero también es importante recordarla, permanentemente, como símbolo de innovación, porque supuso un cambio de paradigma constitucional para su época. El Derecho, desde su cumbre (la Constitución) debe adaptarse a los cambios de la sociedad, pero al mismo tiempo cambia la sociedad, cuando introduce en la sociedad elementos ordenadores pero a la vez dinamizadores de la igualdad, de la ciudadanía y de las libertades. El Derecho, como herramienta innovadora, es, en su propia esencia, interacción. No hay democracia sin interacción.