“On sait aujourd-hui qu’une assemblée parlementaire ne respecte pas nécessairement les libertés des citoyens et que la loi peut être aussi dangereuse pour ces dernières que le règlement administrative” (Weil y Pouyaud, 1961)

Dentro del no muy abundante material existente en relación con la metodología de la investigación jurídica, un libro de referencia en lengua española es, sin duda alguna, “Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica”, compilación de colaboraciones académicas de varios juristas del espacio iberoamericano, que fue editada hace algunos años por Christian Courtis, catedrático de la Universidad de Buenos Aires (UBA) –Editorial Trotta, Madrid, 2006. En el enriquecedor “Los Métodos para los juristas”, de Juan Antonio Cruz Parcero (un artículo que creemos de imprescindible consulta para estudiantes de grado, investigadores, jueces, abogados en ejercicio y funcionarios -en suma, operadores del derecho-), se hace referencia (en la página 37) a una posible “teoría de la legislación”, esbozada por Manuel Atienza en su libro “Las Razones del Derecho” (Madrid, 1991). Es decir, una serie de reglas para elaborar la ley. Una suerte de “ley para las leyes”, o criterios de racionalidad. Estos criterios son cinco:

  1. Racionalidad lingüística: para que el mensaje que el legislador quiere transmitir sea claro y preciso. Aquí el valor que se quiere preservar es el de la comunicación.
  2. Racionalidad jurídico-formal: que busca sistematicidad, plenitud y coherencia del ordenamiento. Aquí se protegen los valores de seguridad y certeza.
  3. Racionalidad pragmática: para que las normas se traduzcan en cumplimiento efectivo, en obediencia.
  4. Racionalidad teleológica: Cumplimiento de fines sociales.
  5. Racionalidad ética: que haga suyos una serie de valores que permitan justificar los fines. Así, una ley no debería prescribir comportamientos inmorales o perseguir fines ilegítimos.

Las exigencias de calidad normativa son cada vez más acuciantes, y vienen de varios frentes. Desde el frente ciudadano, y utilizando la terminología a la que acabamos de referirnos, se reclamaría más racionalidad teleológica y ética: leyes que busquen los fines sociales (sin sesgo: entendemos que el autor se refiere más que nada al interés general –concepto complejo por donde se mire, debemos admitir-) y leyes que no choquen con la ética (aunque esto nos remita a la idea según la cual ley –o norma- no equivale a moral). Los ciudadanos también quieren entender lo que les dice el legislador, porque ello no sólo facilita el cumplimiento cabal de una ley, sino, y en una perspectiva actual, facilita la participación y la colaboración. Las exigencias de sistematicidad de la ley tampoco son ajenas a los ciudadanos, pero son más que nada los operadores del derecho, por interés y formación, los que se preocupan por ello. Una norma que respeta la “racionalidad pragmática” entendemos que es aquella que no se sentencia a sí misma a ser incumplida, que tiene en cuenta la realidad y que procura dar soluciones concretas y eficaces a problemas reales.

Aunque como es evidente el contenido de estas diversas “racionalidades” puede ser materia de debate (porque siempre quedan conceptos jurídicos o técnicos por determinar: ¿qué es interés general, qué problemas son los que tiene una sociedad X y qué soluciones planteamos ante ellos?), creemos que los elementos aportados por Manuel Atienza son, con nitidez y en lo fundamental, criterios válidos que el legislador debería tomar en cuenta a la hora de producir un texto normativo (criterios aplicables también para la elaboración de textos de naturaleza reglamentaria, al lado de los requisitos para producir reglamentos que algunos ordenamientos –como el español- establecen), alejándonos del peligro de considerar el dura lex sed lex como mantra irrevocable y dotando al imperio de la ley (instrumento ordenador de una sociedad democrática) de elementos que maximizan su legitimidad en el marco de una auténtica democracia representativa. Una “plantilla”, un “template”, unos mínimos para una buena ley: una ley que esté a la altura de las circunstancias que plantea una sociedad en permanente cambio. Un buen gobierno y una buena administración con la base de una buena legislación.

 

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