La felicidad: ¿base de políticas públicas?

 

En una (no tan) antigua entrada, publicada en este blog, comentábamos cómo algunos constituyentes y pensadores políticos artífices de la Constitución gaditana percibían la necesidad de que el Estado (como fin último) buscase preservar “la Felicidad de la Nación”. Para buscar asegurarla consagraron ello en ese mítico y fundamental texto constitucional (artículo 13º), colocándola como el “objeto del gobierno”. El gobierno existe, como forma organizativa política de la Sociedad, para buscar plasmar el bienestar de quienes la componen. Bebiendo de la filosofía política de la época, ya la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) aludía a la búsqueda de la felicidad (pursuit of happiness).

Pues bien.

Esta semana ha trascendido en medios la decisión de un presidente latinoamericano, de crear un “Viceministerio para la Felicidad Suprema”. Tanto la decisión (orgánica, de crear un organismo ad-hoc para lograr ese fin) como la denominación, han generado sorpresa e hilaridad (sobre todo la denominación) en todas partes, como si se tratase de una publicidad de Coca Cola o de una noticia de El Mundo Today (pseudo periódico pseudo gracioso). ¿La felicidad existe? ¿Qué es esto de “Felicidad Suprema”?. ¿Felicidad extrema, sublimación, éxtasis total?. Todo esto es muy debatible, pero lo que sí es verdad es que al menos su búsqueda es un motor humano, por antonomasia. Es debatible también qué cosa nos hace felices, si la felicidad de unos implica el malestar/infelicidad de otros, si “la felicidad son momentos” o si puede conseguirse una “para toda la vida” o si la felicidad difiere del estado de euforia y se sitúa más en el campo del bienestar sostenido (y sostenible), en la multiplicación de “momentos”.

Pero fuera del debate filosófico, una “búsqueda de la felicidad” como actitud posible en el marco democrático a través de la acción del gobierno, que se cimenta en la mejora del individuo como pieza del engranaje de la sociedad y no en el individualismo puro y duro, naturalmente, debería ser la aspiración de todo gobierno, y es una parte no desdeñable de lo que entendemos por democracia. Más allá de lo barroco (o no) de la elección de las palabras, de quién las plantea y de las vías organizacionales elegidas (burocratizadoras o no), no es tan descabellado ni desencaminado en sí mismo, desde la perspectiva filosófica del “deber ser”, que el Estado apueste por ello. Es más: al hilo de los primeros constituyentes, incluyendo aquí a los constituyentes gaditanos (que citamos al inicio de esta entrada) creo que es una obligación que debe ser asumida, eso sí, con seriedad, altura de miras, y con una perspectiva de política pública sostenible en el tiempo. Es un fin en sí mismo que involucra a todas las piezas del engranaje gubernamental de cada comunidad política, engranaje exactamente igual de complejo que la búsqueda y consecución de la felicidad misma.