Ideas sueltas y primeras aproximaciones sobre la Economía Colaborativa y la intervención reguladora del Estado

En los últimos años se vienen desarrollando con particular intensidad una serie de mecanismos de naturaleza económica que acercan a las personas, a individuos que ofrecen servicios muy concretos (alojamiento, transporte, etc.) a cambio de un precio (unas veces más razonables que otros), utilizando para promocionar estos servicios y contactar a potenciales clientes una serie de plataformas que protagonizan lo que se denomina “la Economía Colaborativa”. Desde la explosión y diseminación de la World Wide Web (WWW) hasta la fecha actual, hemos visto una evolución, en la que los ciudadanos contamos con una multiplicidad de alternativas tecnológicas para la colaboración. No cabe duda: las transformaciones de la economía van de la mano con las transformaciones del paradigma tecnológico y de la revolución en el modo de relacionarnos, al hilo de lo que señalaba ya Castells en su emblemática obra “La Sociedad Red”. Tales alternativas, además, fomentan el apoyo mutuo, cubriendo necesidades que, a lo mejor, ni el Estado ni el sector privado/empresarial/tradicional han cubierto adecuadamente. Entra a tallar también, aquí, una filosofía o forma de ver el mundo que, por un lado, busca eliminar a estos intermediarios, fomentando más las relaciones horizontales, por encima de las tradicionales/verticales. Sin embargo, a estas alturas también queda claro que, en realidad, los intermediarios también son sector privado, un sector privado que se superpone a quienes colaboran entre sí. Y que los intermediarios realizan fines de lucro (fines de lucro que tampoco son inexistentes en el caso de los “colaboradores”). Pero también resulta claro que, aunque existan lagunas y necesidad de adaptaciones normativas, el Estado ya cuenta con regulaciones que pueden ser perfectamente aplicables a todos los operadores de esta nueva “Economía”. No obstante, estas no necesariamente se aplican, y ello por diversas razones entre las cuales puede encontrarse el esfuerzo requerido a los diversos operadores del Derecho involucrados en encajar figuras novedosas dentro de los supuestos previstos por las normas y aplicar las consecuencias que de estas se derivan. Sin perjuicio de esta clara dificultad, en ciudades como París y Nueva York, la justicia viene tomando medidas destinadas a aplicar una normativa ya existente para arrendadores que sub-alquilan habitaciones vía la plataforma Airbnb. En un reciente caso, la justicia francesa condenó al arrendatario que subarrendaba habitaciones vía Airbnb sin autorización del propietario, aplicando disposiciones de la normativa civil. En el caso concreto de Nueva York, el Fiscal General (Attorney General), ha pedido información sobre propietarios que utilizan esta plataforma, en pleno auge y de gran popularidad, para obtener mayores ganancias, desnaturalizando el carácter “hospitalario” de Airbnb, que en ocasiones es utilizada para el lucro de operadores inmobiliarios. Desnaturalizando, precisamente, lo que ha de entenderse por Economía Colaborativa.

En el caso español, Madrid estudia prohibir alquilar viviendas privadas a turistas a través de un proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. En Barcelona, crece la polémica por los alquileres turísticos en determinadas zonas de la Ciudad Condal, contra los cuales los vecinos han tenido enérgicas reacciones. En cuanto a la plataforma/aplicación Uber, son conocidas las intensas huelgas protagonizadas por los taxistas, enfurecidos por lo que entienden como una competencia desleal, por parte de particulares que no han cumplido con las altas vallas administrativas que los taxistas han tenido que superar, generando, irónicamente, el efecto contrario: la huelga dio eco y publicidad a la aplicación. Por el contrario, en el sector del autobús, la emergencia de redes como Bla Bla Car y las ofertas de los servicios ferroviarios de Alta Velocidad, aparentemente han provocado reacciones positivas de mercado, como la que creemos que es la de ALSA, con sus muy competitivas ofertas de precios para viajes al interior de España.

En este punto, conviene hacer una lista de quiénes son los stakeholders o actores protagónicos de toda esta problemática:

  1. El Estado

  2. El Sector Privado “tradicional” (piénsese en el sector hotelero)

  3. Un sector privado (¿moderno?) que opera el negocio de estas plataformas colaborativas ayudado por el auge de las redes sociales y del internet en general.

  4. Los individuos que “colaboran” (particulares)

En muchos casos hay implicancias claras de Derecho Público. ¿Vulneran el interés general estas plataformas y/o estas nuevas formas de colaborar o por el contrario lo favorecen?

Nos recuerda Tomás Cano Campos (en “Lecciones de Derecho Administrativo” -Tomo VIII, Vol I- Iustel) que la intervención en la economía por parte del Estado, en España, ha de realizarse dentro de un marco, tanto constitucional como comunitario, que toma como eje la libertad de empresa (artículo 38º de la Constitución Española) y que, (citando a autores como Gaspar Ariño), comprende la:

-facultad de crear nuevas empresas.

-acceder al mercado

-organizar la empresa.

Y según la jurisprudencia constitucional, se acota el contenido esencial de la libertad de empresa a:

-Crear empresas

-Actuar en el mercado

-Dirigir/planificar/establecer objetivos

-Tener libertad de contratar

Además, al encontrarse dentro de una economía de mercado, hablamos del ejercicio de esta actividad en el marco de las reglas que atañen al Derecho de la Competencia, reglas tanto nacionales como comunitarias.

Al mismo tiempo, el autor destaca la “competencia del Estado” para establecer una ordenación general de la economía y garantizar igualdad en el ejercicio de la libertad de empresa (según el artículo 149º de la Constitución Española).

Cabe aquí indicar que en el artículo 38º de la CE se “reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. En el caso bajo análisis, considero que el estudio de este artículo es inescindible de otro artículo clave, el 33º, en el cual se reconoce el derecho a la propiedad privada, cuyos contornos están delimitados, de acuerdo con el mismo artículo, a una “función social”, de acuerdo con las leyes. En el caso del primer artículo citado, debemos pensar en la eficiencia económica para el usuario (particular), el grado de incidencia de ello en la economía general (y en el interés general: como ejemplo, se señala que el uso de Bla Bla Car generaría “ventajas medioambientales” al reducir las emisiones de C02 pues reduciría el uso del coche http://www.eldiario.es/economia/consumo-colaborativo-temblar-economia-tradicional_0_265624060.html,), sin mencionar la cobertura de necesidades de alojamiento que puede facilitar Airbnb o los beneficios que pueden traer las pernoctaciones a una ciudad concreta (incrementando, por ejemplo, el consumo en los negocios locales).

Resulta en este punto de obligatoria lectura (para los que quieran profundizar sobre este tema) el documento emanado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española (CNMC), que ha lanzado una consulta pública (http://www.cnmc.es/es-es/promoci%C3%B3n/informesyestudiossectoriales/estudiodeeconom%C3%ADacolaborativa.aspx) denominado “Objetivos Públicos que persigue la Regulación”: http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2014/EconomiaColaborativa/Consulta_Objetivos_publicos_de_la_regulacion.pdf . Se busca aquí recabar la mayor cantidad de opiniones del público a fin de implicarlos, a través de sus aportes, en la elaboración de desarrollos normativos destinados a regular esta “nueva economía”, que inquieta y entusiasma a partes iguales. Una clara e interesante apuesta por el elemento “colaborativo” del Gobierno Abierto, coherente, quizás, con la naturaleza de estas nuevas plataformas que lanzan nuevos y enriquecedores desafíos a la creación, interpretación y aplicación innovadora del Derecho.

Procrastinación, Productividad, Proactividad, Pensamiento

Desde la idea de escribir este post hasta ponerme realmente a hacerlo han pasado treinta minutos. Una media hora valiosa desaprovechada entre revisiones recurrentes de mi móvil, lectura en búsqueda infructuosa de algún contenido que nutra este “post”, y otras actividades poco productivas. Todo alcanza en media hora. Todo entra en la maleta.

¿Por qué procrastinamos? Tengo la sensación de que es, más que nada, el miedo al error. Pero equivocándonos aprendemos. Dice algún gurú por ahí que uno debe estar preparado para enfrentar el fracaso pero ojo, cuidado: no te enamores de tu piedra. La conclusión debería ser lanzarnos, lanzarnos siempre a la piscina, pero con agua. Y ese lanzarnos “con agua” implica una cierta planificación de mínimos. Una pequeña hoja de ruta. Pero, a veces, tememos incluso a la hoja de ruta. Nos aferramos a lo espontáneo, una señal positiva, de naturalidad, pero también de inacción, una muestra de cierta pereza. Tener absolutamente todo cronometrado no es bueno. Dicen, no sin cierto cariz “discriminador”, que el control, la planificación, son aspectos propios de países exitosos, comúnmente refiriéndose a países del norte de Europa y Japón. Quizá funcione esa técnica (y muy probablemente sea la única vía para abrirte paso en ese tipo de países), pero aquellos países en los que lo impredecible (y, tal vez, eso que llaman “felicidad”) tiene un papel crucial (en unos más y en otros menos), ese a veces delicioso “dejarse sorprender”, debemos tener una pequeña guía de mínimos de actuación, un mini-protocolo de acciones y metas que nos permitan flotar entre la marea y capear las muy probables contingencias. Parece ser que quienes somos de/vivimos en países latinos (en el sentido más extenso e intenso de la palabra), estamos obligados a ello.

En estos tiempos, tenemos todo a nuestro alcance para ambas cosas: para procrastinar tenemos un arsenal de estímulos: redes sociales, memes, noticias sin duda enriquecedoras pero que incrementan nuestra “infoxicación”, Dispositivos varios que nos sirven para ver, en distintos tamaños, velocidades y calidad de imagen, una serie de contenidos que nos serán más o menos útiles. A la vez, desde estos dispositivos, podemos acceder a innumerables herramientas de organización, de modo paralelo a la escritura tradicional en agendas, incrementando nuestra productividad. Pero antes que nada, (y detrás de todo) está la actitud, la firmeza de la decisión de lo que se va a hacer, y, al mismo tiempo, detrás de la decisión está la reflexión, el razonamiento que nos lleva a unos fines en el marco de unos valores, elementos fundamentales de lo cual todo lo demás es accesorio.