El día 10 de diciembre de 2013, tras una larga espera y sucesivos anteproyectos (y sus correspondientes debates), se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) español la Ley 19/2013, denominada “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Hasta entonces, España no contaba con una Ley de Transparencia, cosa que sí ocurría como regla general en los países de su entorno europeo y también del latinoamericano, con el paradigmático ejemplo del Perú, donde según expertos como Alberto Ortíz de Zárate, existiría lo que él denomina una “transparencia radical” (que yo, sin estar del todo en desacuerdo con esa calificación, matizaría un poco).

Siendo la transparencia (la verdadera transparencia) un elemento de vital importancia para una gestión eficiente y participativa, así como para un adecuado control ciudadano de lo público (aspectos que aumentan las cotas democráticas), era preocupante que un país como España no contara con un instrumento normativo que regulase el modo de acceder a la información pública, ese “derecho a saber”. Cabe admitir, en este punto, que los distintos gobiernos previos al presente trabajaron proyectos de ley en tal sentido, pero sin llegar al objetivo central: la publicación de la norma.

Pero esta publicación no fue suficiente para su plena entrada en vigor. Como dice la propia disposición final novena de la norma, “la entrada en vigor de esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas (…) El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Este año (contado de acuerdo con el artículo 5º del Código Civil -Título Preliminar- está próximo a cumplirse. En apenas siete días, el 10 de diciembre de 2014, la Ley de Transparencia española entrará completamente en vigor. Esta disposición final novena hace uso de la posibilidad de variar la regla general del artículo 2 del Título Preliminar del Código Civil -“las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra cosa”.

¿Qué entrará en vigor?

Según la disposición citada, entran en vigor:

a. El Título Preliminar de la norma (que cuenta con un sólo artículo, que define su objeto).

b. El Título I: Que regula aspectos fundamentales como:

Quiénes son los sujetos obligados a la transparencia, principios de la Publicidad Activa (donde se inscribe la obligación de las entidades de contar con portales de transparencia), el derecho de acceso a la información pública (su régimen, límites, la regulación de su importante tensión con el tema de los datos personales…)

c. El Título II: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por el artículo 33º de la norma bajo comentario y tiene como fines promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. El día 5 de noviembre se publicó el Real Decreto 919/2014, aprobando el estatuto de esta nueva institución, habiéndose nombrado en este cargo a Esther Arizmendi, quien fue Directora General de Modernización Administrativa.

Aquí enlazamos una entrada del blog de “Tu Derecho a Saber”, concretando todo lo que se puede (y no) solicitar y recibir desde el 10 de diciembre bajo el amparo de esta norma, así como incorporando diversas solicitudes formuladas por ciudadanos a modo de ejemplos reales.

De la bibliografía jurídica aparecida hasta hoy sobre esta Ley, recomiendo la lectura de “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”, obra colectiva coordinada por Emilio Guichot Reina, de la editorial Tecnos (2014).

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