Hoy (texto escrito el 10/12 y publicado el 11/12), como ya dije en mi anterior entrada, entra en vigencia en su totalidad la Ley de Transparencia en España, una norma esperada durante años, y, con ella, el Portal de Transparencia del estado español (transparencia.gob.es). Con cierto orgullo y alegría (pequeño sesgo que no me libera, en el futuro, de hacer las matizaciones que corresponda) he recordado que, según las organizaciones que defienden el tema de transparencia (por ejemplo, Access Info Europe), y los rankings” que día a día cobran mayor importancia  en este espacio jurídico global en el que prácticamente vivimos, la ley serbia de transparencia, denominada en inglés: “Law on Free Access to Information of Public Importance”, y en serbio (Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja), que ya tiene 10 años, ha sido catalogada como la mejor del mundo, honor que comparte con la ley de transparencia eslovena (en esta entrada no nos ocuparemos del caso esloveno). Felicidades a la sociedad serbia por dotarse de tan importante instrumento legal con tanta calidad.

Esta información aparece en el “Global Right to Information Rating”.http://www.rti-rating.org/view_country.php?country_name=Serbia. El maravilloso país balcánico demuestra estar lleno de presente y de futuro con una calidad normativa de esta naturaleza: Serbia tiene un puntaje altísimo (según esta agencia), en aspectos como el ámbito subjetivo (tanto activo como pasivo) y las medidas que potencian la enforceability de la norma. En demás aspectos como el sancionatorio, por ejemplo, la calidad es también alta.

Y es que la Constitución Serbia es clara al respecto: “Todos tienen el derecho a acceder a la información de los cuerpos del Estado, así como también de las organizaciones con poderes públicos delegados, de acuerdo a ley”. Este punto de partida, establecido por el artículo 51º de esta carta es fundamental. La norma constitucional no deja lugar a dudas, dudas que sí estuvieron presentes (como nos relata Emilio Guichot en el excelente libro sobre Transparencia del que es coordinador y que he recomendado en mi anterior entrada) cuando se debatió el proyecto de la hoy ya vigente ley española: ¿el anclaje constitucional, está en el derecho a recibir información (derecho fundamental) o más bien en el concreto derecho de acceso a la información administrativa del artículo 105º de la Constitución Española? (es decir, derecho que está contenido en la constitución, sí, pero que técnicamente, no califica como derecho fundamental, al no estar en ese catálogo y por ello no gozar de la protección reforzada del artículo 53º CE). El derecho de acceso en Serbia es constitucionalmente explícito y tiene naturaleza de “derecho humano” (según el término utilizado), estando dentro del Capítulo Segundo de la norma suprema del Estado, cuyo artículo 18º consagra la aplicabilidad e implementación directa.

Según esta agencia, además, el marco legal crea una presunción a favor del acceso a toda la información con la que cuentan las autoridades públicas. El artículo 2º de la norma es muy claro al definir como ”información de importancia pública” a aquella que está en poder de una institución pública, información creada durante el trabajo o relacionada con el trabajo de estas organizaciones públicas, contenida en un documento, y relacionada con todo lo que el público tenga un interés justificado para su conocimiento.

El precedente artículo 1º no se queda corto. “Esta ley regula los derechos de acceso a la información de importancia pública (…) con el propósito de cumplir y proteger el interés público y el derecho a saber, y lograr un orden libre y democrático y una sociedad abierta (open society)”.

El derecho de acceso a la información pública, además, en Serbia, tiene un espectro muy amplio en cuanto al sujeto activo. Según el artículo 5º, cualquiera tiene el derecho a ser informado acerca de esa información. El artículo 6º va más allá y dice que TODOS tienen el derecho de ejercitar los derechos que esta ley regula. Con nuestra proverbial contundencia, cuando dice todos dice todos: no importa ciudadanía, residencia temporal o permanente, y no se puede limitar por atributos personales como por ejemplo raza, género, nacionalidad, etc. La serbia es una norma inclusiva.

En Serbia, este derecho se ejerce por escrito, sin ser necesaria una detallada expresión de causa, simplemente la información que permita ubicar al solicitante para que este reciba la respuesta. Si este no es claro en la solicitud, el solicitante tiene derecho, sin coste adicional, a que un funcionario le instruya. Este derecho tiene como contraparte una obligación a cargo de la autoridad respectiva (según la letra de esta ley), y, por tanto, unas consecuencias si se incumple. La información debe proporcionarse en 15 días calendario. Si se rechaza proporcionar la información solicitada, es obligatoria una “explicación por escrito” (es decir, el rechazo debe ser debidamente motivado). Este rechazo puede ser materia de un recurso (lo dice el artículo 16º de la norma).

Parece que podemos decir, parafraseando en serbio a un especialista en estas materias: Transparentnost? Nema patlidzana!!!

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