Perú: ¿Una transparencia radical? Disolviendo muros- I – Antecedentes, anclaje constitucional, ingredientes institucionales y legales para una buena implementación y perspectivas

En el Open Data Readiness Assessment -ODRA- del Banco Mundial, correspondiente al Perú (julio de 2013), se valora muy positivamente la existencia, desde hace más de 10 años, de una normativa de Transparencia (empezando por su Ley -de 2003- y basada en la Constitución -de 1993-) ya que esto tiene un impacto en la extensión de la Sociedad de la Información. Recordemos que el ODRA es un estudio de imprescindible lectura que sirve para ver cuán preparados estamos como país para el Open Data.

La legislación de Transparencia en el Perú aparece en el año 2003. Si bien es cierto se trata de una normativa inescindible del contexto de transición democrática y del proceso de reforma del estado que cogió fuerte impulso en este período, la Constitución de 1993 (aunque muy sobre el papel) ya contemplaba el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que se encuentra dentro del catálogo de derechos contemplados por la referida (y cuestionada) carta. Así, en el Perú, “toda persona” tiene derecho:

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por

ley o por razones de seguridad nacional (…) ” (Artículo 2º numeral 5)

En este punto, es necesario precisar que esto no está contemplado como tal en la Constitución de 1979.

Pero para no dejar la transparencia en el papel, y con los ánimos democráticos “a tope”, a inicios de los 00s cogieron mucho impulso en el Perú una serie de iniciativas de “Reforma del Estado”, que tienen su base en el entusiasmo democratizador de los gobiernos tanto de Valentín Paniagua como de Alejandro Toledo (durante estos gobiernos se llevaron adelante interesantes esfuerzos destinados a fortalecer la institucionalidad, como el Acuerdo Nacional o la Comisión de la Verdad). Este proceso de reforma, como ya mencionamos, había tenido algún antecedente en la década anterior, gracias al trabajo de tecnócratas y/o juristas que, en las postrimerías del fujimorismo, habían sembrado en el ámbito interno alguna que otra iniciativa para modernizar el Estado. Es el caso de leyes como la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya idea renovadora se concibió en 1997, pero que sólo pudo ver la luz durante la transición democrática, cambiando de manera radical la normativa básica administrativa del país (1)

Por tanto (aunque parezca algo irónico): 1. la legislación de Transparencia en el Perú debe enmarcarse en el contexto democratizador de los early noughties, sin el cual las iniciativas técnico-legales de la década previa, en mi opinión, no podían haber visto la luz (lo cual demuestra la importancia de la política con mayúsculas, sin la cual lo “tecnocrático” se queda cojo) 2. La legislación de transparencia en el Perú tiene un anclaje constitucional en la carta de 1993, con la frase clave, origen constitucional de la transparencia radical → “sin expresión de causa”. Una disposición así era inexistente en la anterior Constitución de 1979.

En efecto, la transparencia en el Perú, aparte de tener base en la Constitución de 1993, y con el enfoque de “Modernización del Estado”, está profundamente interiorizado en el Perú (básicamente en el Gobierno Central, los Organismos Descentralizados, los Reguladores y algún gobierno local). Desde que la normativa de rango legal de transparencia está vigente, y con los esfuerzos que vinieron después, existe un compromiso institucional, que convive y lucha, contradictoriamente, con la falta de compromiso o idea de lo público de no pocos stakeholders nacionales que, en los peores casos, instrumentalizan la transparencia como “pátina legitimadora”. La presencia de este “lado no tan luminoso de la fuerza” (que dicho sea de paso no es patrimonio exclusivo del Perú) no es, sin embargo, suficiente para derribar la idea de la calidad de la normativa sobre transparencia en el Perú, ni niega los esfuerzos honestos y técnicamente bien encaminados de los diversos agentes del cambio profundo a lo largo de estos años. Los gobiernos (a través de la PCM y sus diversos Secretarios de Gestión Pública), instituciones como la Defensoría del Pueblo (institución de peso en el Perú, introducida también por la Constitución de 1993) e iniciativas gobierno-sociedad civil como el Acuerdo Nacional han cumplido un rol clave en este esfuerzo.

En una entrega posterior examinaremos los aspectos más relevantes de esta normativa en sí.

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(1) Sobre ella escribí oportunamente, en el ya lejano año 2001, un artículo para la revista de la PUCP “Derecho y Sociedad”, cuyo contenido compartiré en breve.

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One thought on “Perú: ¿Una transparencia radical? (I)

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