Intraemprendizaje Público: Mi reseña en la Revista Vasca de Administración Pública

En reciente fecha, la Revista Vasca de Administración Pública (RVAP), ha publicado la recensión que hice del estimulante libro “Intraemprendizaje Público”, escrito por Alberto Ortíz de Zárate y publicado por el INAP en 2013.  El autor se hace eco de esta publicación en su espacio en Novagob (la Red Social de la AAPP iberoamericana). Allí, comparte un trozo del análisis (mi reflexión y conclusiones), ideas que considero debemos tener en cuenta en nuestra reflexión + acción en el campo de lo público, que es de todos.

Al mismo tiempo (al hilo de lo dicho en la recensión), recomendamos la lectura de este libro. Sobran los motivos y los hemos expresado en nuestras conclusiones. Y recomendamos, también, la lectura de esta edición de la RVAP, en homenaje a Demetrio Loperena Rota y en recuerdo a Ramón Martín Mateo. Es el número 100 de la revista, e incluye una rica diversidad de artículos dentro de la amplia y multidisciplinar esfera del Derecho Público, que son de indudable interés. La pueden encontrar aquí.

 

Implementación de la transparencia en el Perú

I

Regresamos al blog después de los días festivos, deseando a nuestros lectores un 2015 de éxitos.

Pero continuamos con nuestros alcances acerca de la Transparencia. Seguimos con el tema de la Transparencia en el Perú, y en esta oportunidad nos referiremos a su implementación y, en concreto, a la valoración de la misma.

Al respecto, es de vital importancia consultar el “Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013” (Informe Defensorial 165), minucioso y prolijo estudio (que puedes consultar aquí) desarrollado por la Defensoría del Pueblo, organismo constitucionalmente autónomo que, aparte de estar premunido de fuerza constitucional, y aunque por naturaleza sus informes y recomendaciones carecen de fuerza vinculante, es percibido como un actor institucional muy importante, dada su lucha para la profundización en la defensa de los derechos fundamentales y la mejora de la Administración en el Perú.

Este informe defensorial “aborda tres aspectos clave del marco institucional de garantía”, de la Transparencia. Estos tres ejes son: 1. La situación de los funcionarios responsables de entregar y publicar información, 2. las quejas presentadas por la ciudadanía ante la Defensoría y 3. la tutela de este derecho fundamental a través del proceso constitucional de Hábeas Data, realizando un auténtico assessment de la performance del Perú en Transparencia, con el objetivo de proponer elementos que apunten a reforzar el derecho de acceso a la información pública. Llegados a este punto: ¿es realmente radical la Transparencia en el Perú, ya en el plano de la implementación de la normativa?. El informe defensorial que comentamos nos da algunas pistas para responder a esta pregunta.

De este informe conviene destacar que:

Las acciones más novedosas sobre la implementación de la transparencia en el Perú son las llevadas a cabo por la Presidencia del Consejo de Ministros (más específicamente por la Secretaría de Gestión Pública, que, como explicamos en un artículo en 2013 para el congreso del Gigapp de ese año, lanzó mediante Decreto Supremo 004-2013-PCM la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021”. Asimismo, en el Plan de Acción de Gobierno Abierto, como no podría ser de otra manera, la PCM asume (mediante Resolución Ministerial 085-2012-PCM) una serie de compromisos concretos: ineludible, como elemento del Gobierno Abierto que es, el reforzamiento del compromiso de transparencia. En este último instrumento normativo, la PCM sugiere la evaluación de la posibilidad de crear “una institución autónoma y especializada que garantice la protección del derecho de acceso a la información pública”. La Defensoría, en este informe, incide en la necesidad de materializar este compromiso. En todo caso destaca el efecto que han tenido las acciones planteadas en las referidas normas ministeriales.

Este es el lado positivo.

Sin embargo, por otra parte, la Defensoría, dentro del cumplimiento de sus funciones, sigue recibiendo quejas de los ciudadanos, quienes denuncian demoras, cobros ilegales/arbitrarios, negativa de entrega de información por excepciones no contempladas en la ley (es decir, a la lista ya larga de excepciones que encontramos en la propia ley, la arbitrariedad de varias entidades añade algunas nuevas). En el Informe, además, se proporcionan datos bastante claros e inteligibles. Transparencia sobre la transparencia. Sobre esa base, y en uso de su iniciativa legislativa (expresamente asignada por el artículo 162º de la Constitución de 1993), han propuesto la creación de una “Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información”.

En relación con los funcionarios, anota la Defensoría el auténtico problema que representa la falta de estabilidad laboral de los funcionarios responsables del acceso a la información, la falta de una capacitación más concreta sobre el “modus operandi” de la transparencia (solo les dan charlas sobre aspectos generales y, por ejemplo, se habla poco del tema archivístico, fundamental para viabilizar el derecho a saber). Aparte de ello, no existe una diseminación adecuada de las “herramientas tecnológicas para el adecuado cumplimiento de sus funciones”, y se advierte una carencia de normas internas (directivas, instrucciones) para encausar el output de la información pública solicitada, así como problemas en la clasificación de los datos. Como si esto no fuese poco, estos funcionarios no se dedican en exclusiva a realizar esta compleja labor.

Con respecto a las quejas (que, por otra parte, las suelen hacer personas “empoderadas” -según se desprende del buen apunte de la defensoría, en su permanente preocupación por la igualdad- es decir, hombres, personas que cuentan con acceso a los servicios básicos, etc): se denuncia retrasos en la entrega de la información (o directamente no contestación de las solicitudes) y cobros arbitrarios / ilegales. Estas son las razones más recurrentes de las quejas, pero también hay quejas en torno a la mala interpretación de las excepciones contenidas en la Ley.

Finalmente, se hace un estudio pormenorizado de los criterios seguidos en los procesos de Hábeas Data, garantía constitucional (Artículo 200º CPP) que en el Perú es la vía para proteger constitucionalmente el derecho fundamental de acceso a la información pública (esto sin mencionar que, aparte del reconocimiento constitucional de este derecho y su protección vía una acción / garantía constitucional específica que es el Hábeas Data, existe en el Perú un Código Procesal Constitucional que le da un cauce concreto).En este apartado se indica que sólo 26% de las demandas de Hábeas Data que han llegado al Tribunal Constitucional han sido declaradas fundadas desde el año 2007 al 2013. Y la celeridad, tal como se puede imaginar, no es pan de cada día: por lo general, los hábeas data que concluyen en el Constitucional demoran 24 meses (en algunos casos incluso más).

En sus conclusiones, la Defensoría incide, una vez más, en la necesidad de que el Estado Peruano cuente con un órgano garante, técnico y especializado que vele por la correcta aplicación de la Transparencia en el Perú (la Autoridad mencionada en líneas anteriores). En tal sentido, efectúan recomendaciones de gran calado, dirigidas a diversas autoridades de ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, máximas autoridades administrativas, poder judicial, y, finalmente, a la Comisión Multisectorial permanente para el seguimiento del Gobierno Abierto. El Perú está claramente inscrito en esta estrategia, pero, en el tema de transparencia hay muchísimo por hacer, demostrándose que la transparencia no es automática ni mágica, no es cuestión de palabras. La transparencia se construye progresivamente, con compromiso, innovación, tecnología y, sobre todo, una profundización de la democracia. Una verdadera transparencia debe asumirse como un reto complejo y en tal sentido, para la entrega de la información pública es imprescindible que la visión sea multidisciplinar: no bastan abogados, autoridades o funcionarios. Hacen falta expertos en archivística y documentación, comunicadores, informáticos, analistas y periodistas de datos. Pero sobre todo: La transparencia no es simplemente una palabra, una etiqueta. Es un derecho que exige reinvenciones y requiere un aprendizaje constante por parte de todos los actores involucrados, quienes deben estar abiertos a la colaboración y a la participación, completando así el triángulo virtuoso al que nos invita el Gobierno Abierto.

II

Dentro de esta idea participativa y colaborativa, la propia Defensoría publica en su web el Concurso de Cortos “Infórmate y mejora tu vida”, dirigido a aquellos estudiantes de artes visuales, diseño, y disciplinas afines concretadas en el anuncio. La idea es que el corto (que puede durar un máximo de 120 segundos), refleje que, en efecto, la transparencia puede llevar a una verdadera mejora en la calidad de vida de las personas. Esta genial convocatoria está siendo organizada por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, iniciativa latinoamericana en la cual el Perú está representado por la Defensoría, y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La fecha límite para entregar este contenido audiovisual es el 31 de enero de 2015.