¿Con miedo a volar?: las limitaciones al Crowdfunding en el Perú

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La Superintendencia del Mercado de Valores del Perú ha publicado hace pocos días, el 8 de junio, un anuncio en el Diario Gestión, así como también en su Website, “alertando” a los inversionistas sobre el “Crowdfunding a través de valores” (o, más propiamente dicho, el Crowdfunding como medio para la emisión de valores), asimilando el innovador modelo de financiamiento a una “Oferta Pública de Valores”, la cual se encuentra sometida a una rigurosa normativa y supervisión de la SMV, requiriendo, además, de la autorización administrativa correspondiente.

Existe, como marco legal previo (del año 2013), el artículo 2º de la Ley 30050, que es la “Ley de Promoción del Mercado de Valores”. Este artículo preceptúa lo siguiente:

“Artículo 2. Publicidad de activos y servicios financieros no supervisados
Toda publicidad u ofrecimiento de compra o venta o suscripción de activos financieros que se realice en territorio nacional empleando medios masivos de comunicación, como diarios, revistas, radio, televisión, correo, reuniones, redes sociales, servidores de Internet ubicados en territorio nacional u otros medios o plataformas tecnológicas, solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.”

Es decir, en el Perú, el Crowdfunding que pueda desarrollarse a través de alguna plataforma de internet para realizar un aporte de capital, generando un activo financiero, no puede realizarse de manera espontánea, sino que requiere, muy por el contrario, de una autorización administrativa, la cual se obtiene cumpliendo con los requisitos determinados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), de la SMV: solicitudes, autorizaciones adicionales que pudieran ser aplicables, y, cómo no, una tasa que supera los 2,400 soles (más de 700 euros). La generación de la autorización, bajo silencio administrativo positivo (qué alivio), demora cinco días útiles.

No soy una experta en temas financieros, pero puedo recordar que, en España, el periodista Pedro J Ramírez realizó una operación de Crowdfunding de la mano del Estudio Cremades, la cual, en el Perú, podría estar sometida a una autorización administrativa y, entendemos, en España (o en otros países del entorno europeo) esto no es así. Al final, el equity crowdfunding que llevaron adelante, logró obtener una respetable cantidad de accionistas, mayormente lectores que creyeron en el proyecto.

Cabe precisar que, al realizarse dicha operación, no se encontraba vigente la Ley Nº 5/2015, Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de abril de este año (y con vigencia normal, desde el día siguiente de su publicación) cuyo Título V consagra el régimen jurídico de las plataformas de “Financiación Participativa” (denominación jurídica y en castellano del Crowdfunding). Tras una rápida lectura de la norma, observamos que el énfasis regulador recae más que nada en las plataformas de Crowdfunding, y no tanto en los proyectos: son las plataformas las que tienen que obtener una autorización y no los promotores de proyectos enmarcados en estos esquemas. El anuncio de la SMV en Gestión y la normativa correspondiente nos dice que, en el Perú, sí que hay que pedir autorización si se promueve un proyecto de este tipo, conforme hemos detallado en líneas anteriores.

Existen otras modalidades de financiamiento colectivo fuera del modelo de aportes capitalistas para la generación de acciones y constitución de personas jurídicas. Pensamos, por ejemplo, en el Crowdfunding para proyectos concretos ligados a fines públicos y que pueden suscitar algún tipo de intervención estatal a través de las diversas técnicas administrativas que tiene el Estado a su disposición. Un ejemplo claro sería el Crowdfunding para financiar una campaña electoral. ¿Se estará aquí a la altura de este reto, que podría ensanchar espacios democráticos y participativos e, incluso, ahorrar dinero estatal?.

En tal sentido, mi reflexión apunta hacia lo siguiente: ¿la SMV realmente ha comprendido qué cosa es el Crowdfunding, de qué va, cuál es su arquitectura? ¿La legislación peruana actualmente vigente, está a la altura de estas nuevas formas de financiamiento?.

En todo caso, urge el desarrollo de capacidades para afrontar todos aquellos retos que la tecnología global plantea, contribuyendo a que la legislación, de la que parte (y que ha de respaldar) toda actividad administrativa, sea la justa y precisa y vaya al ritmo de los nuevos paradigmas del mundo actual.

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La confianza en un mundo sin papel

El otro día hablaba con un funcionario de una entidad pública que vive, en su seno, un proceso de cambio hacia una Administración digital, que, gracias al liderazgo de su titular, busca prescindir al máximo del papel y de los sellos físicos. Sabemos que en este reto las nuevas técnicas de archivística y documentación son clave para estar a la altura de los desafíos de la Transparencia (con T mayúscula), eje fundamental sobre el cual reposa el Gobierno Abierto.

Sus palabras contenían una rara mezcla de i. entusiasmo ante el reto de la modernidad y ii. desasosiego ante la tradicional desconfianza de los órganos de control, que se basan en un cierto grado de sospecha, que parten del “piensa mal y acertarás”. Organismos similares al Tribunal de Cuentas español que, por su parte (por ejemplo), “ve alegal” el Crowdfunding en las campañas políticas (mecanismo que, finalmente, terminó ahorrándole dinero al erario público en las últimas elecciones municipales en el país ibérico)

Situados en este punto, es cierto que la “desconfianza pública” ha ganado, a lo largo de la historia, un lugar en la opinión general. Sobran los ejemplos y no ahondaré en ellos.

Sin embargo, no es cierto que la eliminación del papel y la desburocratización que el ciudadano de a pie pide día a día propicien, necesariamente, festinar trámites. Desde luego, en el mundo del papel y del “sellito”, en el larréico planeta del “vuelva usted mañana”, hemos sido testigos de timos, falsificadores, arquitectos de mentiras.

Formalidad no es formalismo.

En todo caso, resulta claro que debemos elevar nuestros niveles de confianza. Sin embargo, para construirla, para no seguir creyendo que tenemos “al gato de despensero” (frase muy propia de mi tierra), resulta necesario construir una sólida ética pública como consecuencia de una reflexión profunda y comprometida en torno a lo de todos. Al mismo tiempo, debemos capacitar, “saber explicar” los beneficios (no sólo en rapidez/incluso en autentificación) de una Administración Electrónica bien llevada (y de la apertura del Gobierno), a quienes, de una u otra forma, han pasado de administrar el buen uso de los recursos públicos a “administrar la desconfianza pública”.