El otro día hablaba con un funcionario de una entidad pública que vive, en su seno, un proceso de cambio hacia una Administración digital, que, gracias al liderazgo de su titular, busca prescindir al máximo del papel y de los sellos físicos. Sabemos que en este reto las nuevas técnicas de archivística y documentación son clave para estar a la altura de los desafíos de la Transparencia (con T mayúscula), eje fundamental sobre el cual reposa el Gobierno Abierto.

Sus palabras contenían una rara mezcla de i. entusiasmo ante el reto de la modernidad y ii. desasosiego ante la tradicional desconfianza de los órganos de control, que se basan en un cierto grado de sospecha, que parten del “piensa mal y acertarás”. Organismos similares al Tribunal de Cuentas español que, por su parte (por ejemplo), “ve alegal” el Crowdfunding en las campañas políticas (mecanismo que, finalmente, terminó ahorrándole dinero al erario público en las últimas elecciones municipales en el país ibérico)

Situados en este punto, es cierto que la “desconfianza pública” ha ganado, a lo largo de la historia, un lugar en la opinión general. Sobran los ejemplos y no ahondaré en ellos.

Sin embargo, no es cierto que la eliminación del papel y la desburocratización que el ciudadano de a pie pide día a día propicien, necesariamente, festinar trámites. Desde luego, en el mundo del papel y del “sellito”, en el larréico planeta del “vuelva usted mañana”, hemos sido testigos de timos, falsificadores, arquitectos de mentiras.

Formalidad no es formalismo.

En todo caso, resulta claro que debemos elevar nuestros niveles de confianza. Sin embargo, para construirla, para no seguir creyendo que tenemos “al gato de despensero” (frase muy propia de mi tierra), resulta necesario construir una sólida ética pública como consecuencia de una reflexión profunda y comprometida en torno a lo de todos. Al mismo tiempo, debemos capacitar, “saber explicar” los beneficios (no sólo en rapidez/incluso en autentificación) de una Administración Electrónica bien llevada (y de la apertura del Gobierno), a quienes, de una u otra forma, han pasado de administrar el buen uso de los recursos públicos a “administrar la desconfianza pública”.

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