crowdfundingPERUNO

La Superintendencia del Mercado de Valores del Perú ha publicado hace pocos días, el 8 de junio, un anuncio en el Diario Gestión, así como también en su Website, “alertando” a los inversionistas sobre el “Crowdfunding a través de valores” (o, más propiamente dicho, el Crowdfunding como medio para la emisión de valores), asimilando el innovador modelo de financiamiento a una “Oferta Pública de Valores”, la cual se encuentra sometida a una rigurosa normativa y supervisión de la SMV, requiriendo, además, de la autorización administrativa correspondiente.

Existe, como marco legal previo (del año 2013), el artículo 2º de la Ley 30050, que es la “Ley de Promoción del Mercado de Valores”. Este artículo preceptúa lo siguiente:

“Artículo 2. Publicidad de activos y servicios financieros no supervisados
Toda publicidad u ofrecimiento de compra o venta o suscripción de activos financieros que se realice en territorio nacional empleando medios masivos de comunicación, como diarios, revistas, radio, televisión, correo, reuniones, redes sociales, servidores de Internet ubicados en territorio nacional u otros medios o plataformas tecnológicas, solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.”

Es decir, en el Perú, el Crowdfunding que pueda desarrollarse a través de alguna plataforma de internet para realizar un aporte de capital, generando un activo financiero, no puede realizarse de manera espontánea, sino que requiere, muy por el contrario, de una autorización administrativa, la cual se obtiene cumpliendo con los requisitos determinados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), de la SMV: solicitudes, autorizaciones adicionales que pudieran ser aplicables, y, cómo no, una tasa que supera los 2,400 soles (más de 700 euros). La generación de la autorización, bajo silencio administrativo positivo (qué alivio), demora cinco días útiles.

No soy una experta en temas financieros, pero puedo recordar que, en España, el periodista Pedro J Ramírez realizó una operación de Crowdfunding de la mano del Estudio Cremades, la cual, en el Perú, podría estar sometida a una autorización administrativa y, entendemos, en España (o en otros países del entorno europeo) esto no es así. Al final, el equity crowdfunding que llevaron adelante, logró obtener una respetable cantidad de accionistas, mayormente lectores que creyeron en el proyecto.

Cabe precisar que, al realizarse dicha operación, no se encontraba vigente la Ley Nº 5/2015, Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de abril de este año (y con vigencia normal, desde el día siguiente de su publicación) cuyo Título V consagra el régimen jurídico de las plataformas de “Financiación Participativa” (denominación jurídica y en castellano del Crowdfunding). Tras una rápida lectura de la norma, observamos que el énfasis regulador recae más que nada en las plataformas de Crowdfunding, y no tanto en los proyectos: son las plataformas las que tienen que obtener una autorización y no los promotores de proyectos enmarcados en estos esquemas. El anuncio de la SMV en Gestión y la normativa correspondiente nos dice que, en el Perú, sí que hay que pedir autorización si se promueve un proyecto de este tipo, conforme hemos detallado en líneas anteriores.

Existen otras modalidades de financiamiento colectivo fuera del modelo de aportes capitalistas para la generación de acciones y constitución de personas jurídicas. Pensamos, por ejemplo, en el Crowdfunding para proyectos concretos ligados a fines públicos y que pueden suscitar algún tipo de intervención estatal a través de las diversas técnicas administrativas que tiene el Estado a su disposición. Un ejemplo claro sería el Crowdfunding para financiar una campaña electoral. ¿Se estará aquí a la altura de este reto, que podría ensanchar espacios democráticos y participativos e, incluso, ahorrar dinero estatal?.

En tal sentido, mi reflexión apunta hacia lo siguiente: ¿la SMV realmente ha comprendido qué cosa es el Crowdfunding, de qué va, cuál es su arquitectura? ¿La legislación peruana actualmente vigente, está a la altura de estas nuevas formas de financiamiento?.

En todo caso, urge el desarrollo de capacidades para afrontar todos aquellos retos que la tecnología global plantea, contribuyendo a que la legislación, de la que parte (y que ha de respaldar) toda actividad administrativa, sea la justa y precisa y vaya al ritmo de los nuevos paradigmas del mundo actual.

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