El martes 8 de noviembre de 2016 el mundo se sacudió con una noticia. Donald J Trump, magnate norteamericano, candidato del Partido Republicano, ganó las elecciones de los Estados Unidos. Desde ese momento se ha instalado un clima de incertidumbre, desconcierto y hasta miedo alrededor del orbe, teniendo en cuenta algunas actitudes mostradas durante su peculiar campaña, y, sobre todo, sus propuestas (sintetizadas en un “Contrato” con sus electores), que cuestionan, en lo fundamental, muchos de los aspectos derivados del entramado globalizador que ha venido caracterizando a nuestros tiempos.

¿Cambiará todo con Trump?

¿Qué le espera al Open Government (Gobierno Abierto) frente a la inminente Administración Trump, que echará a andar el 20 de enero de 2017?

¿Por qué esta pregunta?

Como se ha señalado en repetidas oportunidades, el Open Government, pese a ser un concepto que se usa desde hace ya bastante tiempo (por primera vez, nos dicen en su emblemático artículo de la UCLA LAW Review -2012- Harlan Yu y David Robinson, este término se había utilizado en el año 1957), tuvo un intenso impulso por parte de la Administración Obama. Ni bien el líder demócrata se instaló en la Casa Blanca, en 2009, dictó un “Memorandum” (el famoso “Memorándum de Obama”, también llamado “Open Government Directive“), ordenando a todos los directores de los Departamentos Ejecutivos y Agencias a seguir las pautas de esta Directiva, cuyos ejes son la Transparencia, la Participación y la Colaboración. “My Administration is commited to creating an unprecedented level of openness in government”, es la frase que le da inicio a todo.

A partir de ahí, se multiplicaron, alrededor del mundo, diferentes iniciativas, que, con diversos resultados, fueron implementándose en varios países, en sus administraciones. Hoy hablamos más que nada de “Estado Abierto”, incorporando en el cambiante pero importante concepto al Parlamento y al Poder Judicial.

Al hilo de dicho Memorandum y los principios que enarbola, una iniciativa importante ha sido, sin duda, la de la Alianza para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Un esfuerzo global (aunque con resultados disímiles) para mejorar los gobiernos, impulsado por la Secretaría de Estado (Secretary of State) de los Estados Unidos, cuya cabeza, entonces, era Hillary Clinton, quien no consiguió los votos suficientes en esta elección para derrotar a Trump.

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Por eso, creo que se trata de una pregunta pertinente: ¿qué pasará con todos estos planes de Gobierno Abierto de ahora en más?. Entendiendo que la Open Government Partnership  y el Gobierno Abierto en sí beben, se nutren de la globalización, son producto de ella, ¿qué nos plantea el nuevo escenario global al respecto? ¿Qué hará Trump, que, en su “Contrato con el Elector Americano”, plantea una serie de medidas, algunas más descabelladas que otras? (que, esperemos, la realidad del poder y de la acción presidencial, morigeren o frenen). Una de ellas es la eliminación de todas aquellas Ordenes Ejecutivas y Memorandum que sean “inconstitucionales”. No creo que la Open Government Directive lo sea (aunque si quieren buscarle tres pies al gato, lo van a encontrar). Sí creo que Trump, si así lo desea, no tendrá restricciones concretas para llevar adelante cualquier cambio radical si de Ordenes Ejecutivas y Memorandum se trata. Se dice que Trump desea pasarse el primer día de su mandato firmando papeles para eliminar todos estos instrumentos. También hay que tener en cuenta que, en la batería de medidas que el Contrato incorpora, el enfoque de seguridad-miedo protagoniza el texto. Eso, a mi parecer, impulsa a un secretismo contrario a la esencia misma del Gobierno Abierto.

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En cualquier caso, esperemos que la prudencia y la sensatez, elementos fundamentales del buen gobierno, impidan cambios radicales, y que cualquier cambio apunte, evidentemente, a generar mejoras. ¿Esto es pedir peras al olmo?. Lo veremos en los próximos meses. Por lo pronto, invito a todos a una reflexión profunda al respecto.

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