Breve crónica del evento “Interpretación Constitucional y Convencional” (CAL-Palestra)

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El día viernes de 16 de diciembre asistí y disfruté del evento “Interpretación Constitucional y Convencional”, desarrollado en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima (CAL), y organizado por la interesante Editorial Palestra, con ocasión de su vigésimo aniversario.

Estas ponencias, presentadas por el Decano del CAL (Pedro Angulo Arana) se iniciaron con la ponencia de Fany Quispe, a modo de flashback de los 90s. Ella es jurista y socia fundadora de la editorial, y nos contó los retos y aventuras que supuso su creación, en aquellas épocas de desafíos y vicisitudes. El constitucionalista Pedro Grández, así como también el fiscal supremo Víctor Cubas, maestro de ambos y de destacada labor, continuaron con este relato. Grández, concluyente, indicó que en Palestra “no se hacen publicaciones de exégesis”, frase que me gustó mucho.

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Escuché con atención la intervención de César Landa, sobre el control Constitucional y Convencional. Resalto dos ideas fundamentales:

  • Existe un fenómeno que se viene observando en los últimos tiempos: la “internacionalización” del Derecho Constitucional y la “constitucionalización” de otras ramas del Derecho (en este punto, cabe precisar que, en el más reciente número de la revista Themis, prestigiosa publicación llevada adelante por alumnos de la PUCP, el mismo autor ha publicado un artículo sobre la “Constitucionalización del Derecho Administrativo”).
  • En el plano del denominado “Control de Convencionalidad”, más que un “monismo” jurídico, de lo que podemos hablar con mayor propiedad es de un “diálogo” entre los diversos Tribunales nacionales con los internacionales.

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Confieso que, aún habiéndolo leído, nunca había escuchado a Samuel Abad. Me impresionó muy positivamente. Su exposición trató de Derechos Humanos y Discapacidad. Citando a Luigi Ferrajoli, indicó que “los Derechos Universales aparecen en las primeras constituciones, diseñadas, eso sí, para quienes son hombres, blancos y propietarios”. Toda una base para la exclusión. Es importante que nuestros juristas (sobre todo nuestros juristas constitucionales) hablen claro al respecto, exterioricen, hagan visibles estos temas.  Resaltó el contenido del artículo 12º de la Convención, del cual se desprende que la discapacidad no es obstáculo para la igualdad con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Esta convención es discordante con el contenido de nuestro Código Civil vigente, por lo que sugiere cambios (el Código Civil peruano exige que, judicialmente, a la persona con discapacidad se le declare “interdicto” a fin de ejercer sus derechos -el ejemplo que puso el Dr. Abad fue el del cobro de una pensión. Frente a esa discordancia, se requiere que se aplique el denominado “Control de Convencionalidad”, pero lo ideal sería una modificación legislativa, en la cual, señala, se está trabajando en el seno del Congreso de la República. En cualquier caso, recalca este excelente jurista que “no basta con el Derecho”, siendo necesario, como telón de fondo y base fundamental, un cambio social, cultural y de percepciones. Yo creo que esto se logra modificando nuestras actitudes cotidianas, punto de partida de toda transformación.

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Finalmente, intervino la jurista española Susana Mosquera Monelos, catedrática de la Universidad de Piura, quien nos explicó la problemática del control de convencionalidad como concepto, así como la complejidad de la inserción en los distintos sistemas jurídicos internos de los tratados sobre Derechos Humanos. Hizo un interesante panorama comparativo entre el sistema europeo de protección de Derechos Humanos y el latinoamericano, el mismo que, en sus palabras, cuenta con una “geometría variable”.

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Agradezco la generosidad de Palestra en ofrecernos, gratuitamente, este evento que nos ha permitido conocer nuevas vías para la defensa de los derechos, invitándonos, al mismo tiempo, a conocer un poco más la labor de las editoriales. Algunas de ellas, como precisamente Palestra, ponen al alcance del lector peruano y latinoamericano en general, algunos títulos de importancia para conocer nuevas tendencias jurídicas alrededor del mundo. Mi mayor enhorabuena por ello.

El servicio postal en el Perú

En julio de este año me mandé traer por la vía postal (Correos España en el primer tramo y SERPOST Perú para la recogida) efectos personales muy importantes (de mayor valor personal y sentimental que económico), que había dejado en Barcelona. Habiendo juntado el dinero suficiente, contando al fin con una persona que se comprometió a realizar el embalaje y envío, y teniendo el tiempo necesario para hacer la criba correspondiente (mi amigo tuvo que tirar cosas porque eran demasiadas y al monitoreo largo a distancia de qué cosa va y qué cosa no va tenía que dedicarle tiempo), decidí proceder.

Debido a la importancia que tenía para mí ese envío, estuve pendiente de que cualquier aviso llegara a mi domicilio. Siempre atenta a las noticias del correo. Pasaron dos meses y nada. Dos meses y medio y nada. De pronto, finalizando septiembre, recibo una llamada telefónica, indicándome que vaya de manera urgente a una dirección de Serpost (la empresa pública que se ocupa del servicio de correo en nuestro país). Acudí preocupada, y de inmediato. Allí, tuve que pagar una importante cantidad de dinero para poder retirar mis cosas. Esa cantidad fue cobrada por concepto de “exceso de almacenaje”. Un almacenaje que ni pedí, ni fue mi culpa.

Son muchos los usuarios que, diariamente, advierten esta preocupante situación. Es un tema sistemático.

He realizado reclamos y puesto en conocimiento de algunas autoridades la situación. Me interesa recuperar el dinero, sí, pero hay más que ese simple hecho. Hay un interés general afectado: al haberme apersonado en diversas oportunidades en las oficinas de Serpost, pude notar la incomodidad de los trabajadores (muchos de ellos muy amables y que padecen día a día la situación de la empresa y tratan de sobrellevar la situación, el desborde). Hay una clara falta de financiamiento de este ente, configurado organizativamente como parte de la “actividad empresarial del Estado”, dependiente de FONAFE. Si no fuera por el compromiso de algunos trabajadores públicos de dicha empresa con el interés general, ¿qué hubiera sido del servicio postal, un derecho de todos los ciudadanos y un servicio público -que debe cumplir con todas sus notas características: continuidad, universalidad, generalidad, etc-?. Yo tengo que poder acudir a un servicio público de correos que esté presente siempre. No debo necesitar las cuantiosas sumas que, por envíos, cobran las grandes compañías privadas en este rubro, que muchas veces impiden, por razones económicas, el ejercicio de esos derechos. La opción de los privados debe seguir, pero la opción del correo como servicio público también debe mantenerse, y con cotas elevadas de calidad, como no podría ser de otra manera.

Conversé, en mi última visita a SERPOST, con un funcionario de esta empresa del Estado. Me pareció importante lo que me dijo en esta conversación: ha existido una enorme transformación del servicio de correos, producto de los cambios vertiginosos que han transformado el modo de comunicarnos en estos últimos veinte años. Se pensó en que las nuevas tecnologías, el e-mail y las demás formas de comunicación (hoy a través de aplicaciones móviles para poder conversar a distancia) iban a desplazar la comunicación epistolar, por carta. Esto, de hecho, ha sucedido. Sin embargo, el crecimiento (espectacular) de las comunicaciones, ha traído consigo el incremento de las compras por internet. El comercio electrónico consiste en que la operación contractual la realizo a distancia, sí, pero el objeto de la compra es, por lo general, un bien tangible, con dimensiones. En el servicio postal las cartas han sido reemplazadas por bienes de diferentes tamaños, que ocupan un mayor espacio. El 2.0 ha tenido un impacto en el 1.0, puro y duro, físico. Este es un ejemplo brutal de este cambio. ¿Efecto colateral negativo de la globalización?. Yo creo que no. El comercio electrónico es inevitable, y hasta positivo. Es clave para construir y fortalecer una economía moderna y abierta. Algunas entidades o empresas de correos han sido capaces de adaptarse. Otras, como SERPOST, hacen lo que pueden, pero las posibilidades son limitadas, ya que, según me cuentan, no estarían dentro de las prioridades de financiamiento.

El Estado (no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo) debe tomar cartas en el asunto pronto, pensando en soluciones a este problema. Algunas ideas: 1. Una mejora en los instrumentos legislativos existentes, 2. Hacer más eficiente la provisión de recursos para Serpost, y la gestión de los mismos, 3. Utilizar herramientas de administración electrónica (e incluso Gobierno Móvil) para dinamizar los procesos. El servicio postal debe estar a la altura de este reto. Al servicio postal del Perú debe alcanzarle la modernización del estado y de los servicios públicos.