Luego de finalizar la elaboración y publicación del paquete de Decretos Legislativos (con una serie de reformas de calado en distintos temas, que hemos estado viendo durante estas últimas semanas), toca la correspondiente revisión de los mismos por parte del Congreso de la República, quien otorgó las facultades legislativas, conforme a lo establecido en el artículo 104º de la Constitución.
En tal orden de ideas, en el artículo 90º del Reglamento del Congreso encontraremos los pasos que sigue este poder del Estado para ejercer el control ex-post de dichos Decretos Legislativos, examen que está a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento de nuestro parlamento. Esta Comisión tiene un máximo obligatorio de 10 días para presentar un informe sobre los Decretos Legislativos antes aludidos.
¿En sede parlamentaria, qué se controla de estos Decretos Legislativos?
a) Si contravienen la Constitución Política del Estado.
b) Si se ciñen al marco de delegación de facultades del Congreso.
De comprobarse lo indicado, las consecuencias son:
a) Jurídicas: Recomendando dicho informe su derogación o modificación, a fin de subsanar el exceso o contravención.
b) Políticas: Responsabilidad Política de los miembros del Consejo de Ministros.
Sin perjuicio del control parlamentario, existen otros controles posibles: es el caso del control que, tras la interposición de la Demanda de Inconstitucionalidad, puede ejercitar el Tribunal Constitucional.
Tenemos sin duda una batería normativa muy interesante, en muchos casos garantista y de simplificación administrativa. No obstante ello, le toca al parlamento, como corresponde, hacer el análisis de si las facultades legislativas fueron bien utilizadas. Estaremos atentos a la forma en que se realiza este control que, como ya dijimos, es jurídico y es político. Estaremos especialmente atentos, debido a la trascendencia de algunos cambios incorporados por esta legislación delegada.

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