Todo “shock desburocratizador”, animado por los Organismos Globales del Derecho Público, trata de colocar como eje al (válido) ánimo emprendedor del ciudadano (y no tanto a este en sí, como verdadero eje troncal, núcleo de toda actuación de los poderes públicos). El ciudadano (el titular del haz de derechos fundamentales que el sistema jurídico, desde su cúspide, reconoce), no aparece en el primer plano que le debe corresponder a la hora de aligerar las cargas burocráticas irracionales. En la foto, a veces, sólo aparece su faceta productiva y organizada, dentro de una visión económica legítima pero a la que no se deben reducir las políticas públicas.

Se ha tratado de corregir la excesiva carga burocrática, en general, por muchos medios. Esfuerzos significativos han sido puestos en marcha para implementar la e-Administración alrededor del mundo, con resultados diversos. Su valor (cuando es bien aplicada) como herramienta para dinamizar la Administración es indudable. Sin embargo, su ausencia es notoria si nos ponemos a pensar en el engorroso procedimiento transnacional de legalización de títulos que, sumado a las “islas de ineficiencia” exentas de las medidas desburocratizadoras en determinados ámbitos administrativos, hacen de la legalización de los títulos obtenidos en el extranjero una auténtica carrera de obstáculos, enormes gastos de tiempo y de dinero, verdadera pesadilla.

Empecemos por el inicio, o por el final. Acabaste. Te graduaste. Tras alejarte de tu familia porque por tu mejoría tu casa dejarías, y sobreponiéndote a la nostalgia, a los largos días de invierno y a las calles con tanta nieve que deja de ser romántica, habías pasado largas noches en vela, inyectándote elevadas dosis de café a la vena en un país lejano y distinto al tuyo, donde se habla un idioma complejo. Tuviste que fijar conceptos muy elaborados en aquel idioma complejo, cuyo dominio relativo no te era suficiente para abordar, en esa lengua, instituciones europeas, administrativas del país donde estudias, ciencia y filosofía política, políticas públicas. Eso va de suyo, OK, y asumes que debes hacerlo. Tu motivación es tu logro futuro, las oportunidades que se te abrirán cuando lo consigas. Pues bien. El esfuerzo da sus frutos y “obtienes” el Master. ¿Y ahora qué?. El título te lo entregan en dos años. Una vez obtenido el título, debes (pongo aquí un ejemplo concreto) hacer lo siguiente:

a. Legalizarlo en: i) la institución que vela por la educación en el país donde obtuviste el título; ii) el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tu trámite (tranquil@, no te emociones, me estoy refiriendo a tu trámite inicial de legalización en el país de origen del título, que el resto lo haces igual) acaba aquí si tienes suerte y tu país ha firmado o se ha adherido al Convenio de La Haya, exonerándote de pasos consulares posteriores. Te puede costar (precio en Bélgica) alrededor de 20 euros por documento. Esta gestión, lógicamente, es aplicable cuando al menos uno de los dos países no pertenece a la Unión Europea.

b. Si ya volviste a tu país (lejano), toca enviar el documento de ida y de vuelta. Si vas con prisa y no viaja nadie de tu confianza, la gracia por DHL te cuesta alrededor de 200 dólares.

c. Si no hay nadie de tu confianza en ese país, considera pagarle a un tramitador/gestora en la que puedas confiar.

d. Cuando llegue el documento a tu país, debidamente apostillado, debes contratar a un “Traductor Público Juramentado”, es decir, oficial y reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país.

e. Si eres peruano (o deseas que ese título sea reconocido en el Perú), felicitaciones. Estás premiado. Una institución de reciente cuño, SUNEDU (algo así como la Superintendencia de la Educación en el Perú) te pedirá, de golpe, 645 soles. Casi 200 euros. Vale decir, el 75% de la remuneración mínima vital en el Perú. La gente de SUNEDU está súper orgullosa de demorarse ya sólo 30 días hábiles (con Silencio Negativo, of course), pero, por favor, pasa por caja y con todo apostillado y traducido (naturalmente).

f. Si eres “emigrante retornado” (un estudiante en el exterior, según las normas peruanas, lo podría ser) esa tasa elevada de 645 soles se reduce a la mitad. El truco: la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú que otorga esta “calidad” i. sólo atiende de 9 de la mañana a 1 de la tarde (un imposible para el que trabaja), ii. Solo te puede reconocer esa calidad a los 90 días de tu regreso. Conclusión: tienes que pagar tus 645 soles, nomás. Caballero.

Cuando llegas aquí te preguntas… ¿Perdona… shock desburocratizador anti-tramitológico? (sí, me ha salido un nombre parecido a un ungüento “milagroso”)….

¿Qué? ¿Que no has culminado con tu trámite de reconocimiento?. Vuelve a la casilla de salida. Borra lo estudiado. ¿Para qué te fuiste? No tienes legalmente ningún Master. Mucho pillo derramado por ahí falsificó documentos, dijo cosas que no eran, vendió másteres como humo. Y tienes que pagar las consecuencias. Literal y figurativamente, con el castigo de tiempo, disminución de ofertas laborales (si eres un académico ya puedes ir olvidándote del tema: y si no te quieres olvidar, ya SUNEDU se encargará de hacerlo cuando quieran contratarte). Esto empobrece, económicamente. No solo a las personas que, como decimos en mi tierra, “nos hemos sacado la mugre” estudiando. Meritocracia cero. Confianza radical cero. Buena administración cero. Hace pocas semanas, desde Hollywood, nos decían: “take your broken heart and make it into art“: las colas de SUNEDU, con los títulos enmarcados, de distintos tipos de letra, tamaño, etc, sujetados por los brazos de las madres del titular, parecían una auténtica exposición de arte contemporáneo, el “Museo de Diplomas Físicos del Perú y del Mundo”.

Lógicamente, queremos cumplir con los trámites, y queremos que la calidad educativa mejore, pero, frente a estos obstáculos, ¿qué podemos hacer?. ¿Con tanta “tramitología” podrán conseguir la finalidad última del control, de la regulación?.

Lo peor de todo es que este monumento a lo kafkiano es algo normalizado. Si se tratase de un agobio administrativo a una empresa, ríos de tinta jurisprudencial correrían.

Situados en este punto, muchas preguntas emergen:

a. ¿Por qué (en general en Europa) se pueden demorar dos años en expedir un PAPEL que acredita un título?

b. ¿Por qué los Estados no emprenden iniciativas multilaterales para implementar y generalizar una “Apostilla Electrónica”, o una manera eficaz con mecanismos de autenticación que permitan corroborar (con eficacia mayor incluso de la que pueden dar los sellos) la real consecución de ese grado?

c. ¿Por qué cobrarle al ciudadano tanto dinero? ¿Por qué este tipo de cobros y trámites sí se consideraría una barrera burocrática si lo mismo se le hiciese a una empresa?

La respuesta puede hallarse en el entramado de “desconfianza radical” existente en este particular ámbito de la tramitación administrativa. Demasiados han mentido con este tema de los títulos y era necesario un control. Vemos que la cantidad de requisitos aquí son la suma internacional de desconfianzas radicales, de administraciones ineficientes, que cobran o imponen una carga económica/burocrática difícil de soportar (gastos, papeles, océanos como muros infranqueables) para un ciudadano que lo único que quería era progresar. El cuento de Larra multiplicado: sin tu papelito, sin tu pago enorme, no vuelvas ni siquiera mañana.

No vuelvas nunca.

 

 

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