Balance y utilidad de la hoja de vida de los candidatos como forma de transparentar el proceso electoral

El día viernes 3 de mayo, por especial invitación del joven congresista Marvin Palma, participé en la mesa de trabajo “Declaración jurada de la hoja de vida de los candidatos: una clave para transparentar el proceso electoral”, que este organizó con su valioso equipo. Allí, junto con otros colegas y expertos peruanos en temas electorales, y en presencia y participación activa de mis alumnos de la Especialidad en Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, pude compartir distintas reflexiones acerca de este importante tema. He querido volcarlas también por escrito, aprovechando los espacios de publicación y comunicación que nos brindan los blogs, así que las comparto por aquí.

Como punto de partida, una reflexión sobre este tema nos obliga a pensar en el fundamento de la exigencia formal de una hoja de vida. ¿En qué se sustenta esta obligación?. ¿Qué la justifica?. Creo que estas preguntas, además, nos llevan a reflexionar sobre el fundamento de la representación política.

En primer lugar, según el artículo 90 de la Constituciòn Política del Perú, para ser Congresista de la República se requiere: Ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años y gozar de derecho de sufragio.

Como podemos apreciar, los requisitos son mínimos. No hay un requerimiento específico de cualificación profesional. Por más deseable que sea, establecerlo sería cuestionable, elitista y hasta contrario a la lógica representativa, aunque choque con nuestro justificado deseo por tener a los más capaces en el terreno político y en las instituciones. Siendo así, cabe preguntarnos: ¿existe un dilema entre representatividad y meritocracia? ¿Cuál sería el sentido, entonces, de exigir plasmar la trayectoria en una hoja de vida?. Si repasamos el derecho comparado, esta exigencia existe en unos pocos países de nuestro entorno: la vemos en Ecuador (a través de su Consejo Nacional Electoral) o en Panamá (dicha hoja de vida se publica en la web del Tribunal Electoral, según la previsión del Código Electoral panameño). En Colombia el mecanismo existe para aspirantes a altos cargos no electivos en el Estado. En Europa, especialmente en Alemania, donde los filtros de la ley moral son bastante rigurosos, más que estos mecanismos encontramos inmediatas dimisiones por temas que aparentan ser pequeños en el mundo latino.

Enseguida se nos plantea una nueva pregunta: ¿cuál es la línea divisoria entre lo moral y lo jurídico?

Considero que exigir la hoja de vida, obligación formal emanada de nuestro poder electoral (vía Resolución 0084-2018 del Jurado Nacional de Elecciones) y fundamentada en una Ley de Organizaciones Políticas, tiene un importante sustrato moral: apreciamos el deber de que el aspirante al cargo congresal explique o consigne detalladamente su trayectoria para que el ciudadano sepa cuán cualificado está este aspirante, y, de acuerdo a sus preferencias, pueda tomar la decisión de voto informado, tema que en contexto peruano de voto obligatorio adquiere una especial importancia. Asimismo, existe el deber de que todo lo consignado refleje fielmente la realidad. En suma, lo que subyace es un deber de transparencia y un deber de veracidad. No se requiere absolutamente, por ejemplo, haber estudiado en universidades top (las Ivy Leagues norteamericanas, por ejemplo), pero sí comunicar verazmente al elector la trayectoria profesional, por mínima que esta sea.

La pregunta es si todos los ciudadanos accedemos a estas hojas de vida. Muchas veces las llegamos a conocer por el eco mediático generado por un periodista, pero la herramienta está online y a disposición de todo el mundo. Literalmente, de todo el mundo. La pregunta es: ¿todo el mundo tiene acceso a Internet?. En un país con una enorme brecha digital, la respuesta resulta evidente.

En tiempos en los cuales se escucha por todos lados la necesidad de mejorar la calidad del parlamento, necesidad imperiosa, por cierto, creo que es importante esta herramienta para que el ciudadano sepa por quién está votando, pero el criterio, la razonabilidad para valorarlo viene de una educación ciudadana: la representatividad o el voto no es precisamente el resultado de un acto de evaluación curricular. No podemos reducir al elector al papel de mero reclutador de Recursos Humanos. Necesitamos congresistas preparados para el enorme reto ciudadano de legislar y fiscalizar, con la complejidad que supone todo ello, pero en un órgano político, al lado de la capacidad y de la integridad, se necesita liderazgo político. Recuerdo haber escuchado a alguien decir “el Congreso es como una Universidad”, porque se aprende mucho en el día a día. Al mismo tiempo, también he escuchado a otra persona decir “aquí, al Estado, no se viene a aprender”. Como electora, como ciudadana, como analista de lo político, considero que la posibilidad de optimizar ese aprendizaje es mayor si se llega con más capacidades. En todo caso, yo creo que siempre se aprende (a veces hay que “desaprender”, en algunos casos “cambiar el chip” para abrirse a la modernidad). El ciudadano debe contar con más y más educación, a su vez, para que la información sobre los candidatos sea procesada con criterio. Esa educación es responsabilidad del Estado pero, como sabemos, este es un trabajo progresivo, de largo plazo. ¿Cómo se hace mientras tanto?. Enorme pregunta, enorme reto. Por lo pronto, espacios como el abierto el día de ayer para debatir y conversar acerca de todo esto son de agradecer y saludar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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