En fecha reciente, el Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia sobre un tema novedoso y actual, pronunciándose sobre el fondo en el marco de una demanda de amparo interpuesta por un ciudadano (activista digital) contra un ex ministro de Estado, que lo tenía bloqueado de Twitter.

El punto de partida ineludible es el siguiente: ¿puede un funcionario público bloquear a un ciudadano de sus redes sociales personales?. ¿Hacer ello vulnera o no derechos fundamentales? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué derechos fundamentales vulnera?

Para el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución en el Perú, y de forma contraria a la jurisprudencia de países del entorno americano (México o Estados Unidos), un funcionario (encajando dentro de tal categoría un ministro) tiene derecho a realizar dicho bloqueo, no vulnerando así derechos fundamentales (como los invocados: el acceso a la información pública y las libertades de información y expresión). Lo ha expresado en la Sentencia recaída en el expediente Nº 00442-2017-PA/TC. Cabe precisar que dos magistrados emitieron votos singulares (y uno, manteniendo su coincidencia con el sentido final del voto, expresa de manera individual sus fundamentos), entendiendo que sí se vulneran las libertades de información y expresión, consagradas en nuestra Carta.

Para el Tribunal, la cuenta de Twitter del demandado es una cuenta de carácter personal, que expresa la vida privada de un funcionario público, con todo derecho a decidir con quién interactuar en la referida red social. Sin embargo, el demandado (en el período acotado, es decir, durante el ejercicio de su cargo como Presidente del Consejo de Ministros), utilizaba dicha cuenta “twitteando” sobre asuntos públicos (cosa que es de público conocimiento, más aún para quienes observamos el funcionamiento de la “twittósfera” peruana). Asimismo, el funcionamiento de Twitter, por su propia lógica circular, genera interacciones más amplias, con posibilidades de retransmisión de los mensajes bastante altas. Mientras la cuenta de Twitter no sea de acceso restringido a través de un “candado” que se solo abre por decisión del titular de la cuenta (casi como quien acepta una solicitud de amistad en Facebook), el mismo asume que todos sus mensajes tendrán más probabilidades de ser leído, salvo el “bloqueo”, que es, a mi juicio, una decisión extrema que no debería aplicarse por simples discrepancias (aceptar la discrepancia -y el pluralismo político- es fundamental en una democracia), y que, en el lenguaje de las redes sociales, lanza un mensaje poco armónico, poco amigable de cara al ciudadano, menos aún en tiempos de “gobierno abierto” (con pilares como la transparencia, la colaboración y la participación), ámbito en el cual el Perú, por cierto, tiene asumidos varios compromisos, y que es parte de la modernización del Estado.

Considero que la sentencia se basa en la idea de un “funcionario público” utilizando una “cuenta privada”, pero olvida que un ministro o un presidente del consejo de ministros no solamente es un funcionario público, sino que también ejerce un cargo político, más aún teniendo en cuenta el régimen político peruano. No ayuda mucho que en el Perú no tengamos, en el plano normativo, una diferenciación entre Gobierno y Administración, que sí encontramos en la Constitución Española . En dicho país, un ministro no sería considerado un funcionario público, sino que es parte del gobierno (artículo 97º CE), encargado de un rol director y no administrativo. En nuestro país sí está considerado como tal (en la Ley Servir), sin perjuicio de la tarea de dirección y gestión de los servicios públicos encomendada por el artículo 119º de la Constitución Política del Perú al Consejo de Ministros.

En todo caso, la sentencia abre un debate interesante, por lo cual recomendamos su lectura, así como también el análisis de los votos singulares (Ledesma y Miranda), y el fundamento de voto del magistrado Espinoza, quien realiza precisiones de carácter procesal-constitucional sobre la idoneidad de la vía del amparo para solicitar judicialmente un “desbloqueo” de una cuenta de Twitter. También recomendamos la lectura de las entradas del Blog de Carlos Alfredo Soto, jurista mexicano que ha comentado las referidas sentencias de México y Estados Unidos.