Sobre el proceso constituyente chileno: anotaciones comparativas, reflexiones y perspectivas.

Los contundentes resultados del plebiscito chileno celebrado el domingo 25 de octubre no dejan espacio para la duda: con un 78.27% (según datos de Servel) los chilenos han decidido iniciar los pasos para dotarse de una nueva constitución, votando (bajo la forma del “Apruebo”) la apertura de un proceso constituyente, de un camino hacia la redacción, deliberación, debate de un nuevo texto constitucional, en reemplazo de la vigente constitución de 1980, dada durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, y redactada no por una Asamblea Constituyente, sino por un grupo de constitucionalistas afines a este régimen (de los que destaca el profesor Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado en los años 90) agrupados en la denominada “Comisión Ortúzar”, una junta militar y el Consejo de Estado.

Como ya es costumbre, las opiniones, comparaciones, euforias desbocadas y temores infundados sobre el proceso que han iniciado los vecinos del sur no han parado de surgir. Como ya es costumbre, tanto los temores infundados como las esperanzas desatadas han surgido en los dos extremos del arco político patrio (y de otros países latinoamericanos). Sin embargo, conviene frenar ese ímpetu por copiar irreflexivamente lo que viene de fuera o ese pavor de que esto signifique una corriente irrefrenable que nos llevará a la catástrofe latinoamericana. El conocimiento real de cómo se está llevando el proceso en Chile y qué partidos o tendencias apoyan realmente esto, el estudio de las instituciones políticas y de Derecho Constitucional, y, sobre todo, la profundización de los estudios de Derecho Constitucional Comparado, son herramientas que, sin duda, nos pueden mantener a salvo de caer en lugares comunes que no nos hacen nada bien, sobre todo si lo que queremos es un debate jurídico y político informado.

Mis rápidas reflexiones comparativas son las siguientes, analizando, en contraste, el caso peruano:

  1. La Constitución peruana de 1993 no es una “Constitución neoliberal”: Esperanzadas y eufóricas con los resultados chilenos, voces de la izquierda nacional se apuran en indicar que, mirándonos en el espejo chileno, es momento de dar fin a esta “constitución que contiene un modelo neoliberal”. Esto dista de ser verdad. La Constitución peruana de 1993 consagra, de manera explícita, un modelo de “Economia Social de Mercado”, de corte democristiano y raigambre germánica de post-guerra, que supone una intervención estatal frente a las fallas del mercado, sin renunciar a él y, lo que es un dato no menor, en el primer artículo de nuestra constitución económica se le da un campo amplio de intervención al Estado, como orientador del desarrollo en una multiplicidad de áreas (recomendamos leer el artículo 58º de nuestra Constitución). Sobre nuestro régimen económico, apuntaba Chirinos Soto (1996), constituyente de aquél entonces y no muy amigo del modelo, que la inclusión del término “social” era una “concesión a la izquierda”, o una forma de evitar discusiones con nuestros socialcristianos (el PPC, partido que quedó segundo en las elecciones para el Congreso Constituyente democrático y que, por tanto, tuvo importante participación en la redacción de nuestra vigente Carta), inspirados en la experiencia alemana. En este orden de ideas, encontramos aspectos importantes como la defensa de la competencia (limitando abusos)-art. 61º-, la protección del consumidor -art. 65º-, la promoción de un medio ambiente sostenible -art.67º- y la declaración expresa de los recursos naturales como patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento -art. 66º-. En este último punto, contrasta la Constitución chilena, al reconocer que, por ejemplo, el agua es de los particulares (art. 19º). En el Perú, desde hace poco tiempo, el agua es un derecho fundamental (art. 7-A), pero dentro de la lógica del artículo 66º: habla del acceso, no de propiedad privada del agua. Que los actores políticos y decisores públicos no cumplan con las metas de una Economía Social de Mercado no niega el modelo, ni lo convierte en “neoliberal” ni convierte, automáticamente, como por arte de magia, la constitución peruana en chilena, ergo, con la necesidad imperiosa de un cambio igual que aquél. La Economía Social de Mercado, que es el modelo que tenemos en el Perú, deja espacio para políticas públicas que en Chile serían complicadas debido al “cerrojo” dejado por quienes concibieron el proyecto de la dictadura (Heiss, 2020) y que dejaron todo “atado y bien atado”. Así, la Constitución no sería, dentro de la concepción de sus creadores, un proyecto político de país lo suficientemente amplio para incorporar a una sociedad diversa, sino una schmittiana herramienta contra el enemigo político. Así lo advierte Gargarella (2020) cuando cita las siguientes palabras de Jaime Guzmán: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.
  2. Existió, en su creación, un Congreso Constituyente Democrático: Contrariamente a la experiencia chilena, y pese a que el cambio constitucional fue animado por un Alberto Fujimori que pateó el tablero democrático en 1992, y a que la democracia en los 90s no fue plena en el Perú, se constituyó un Congreso Constituyente Democrático (CCD) vía elecciones, que ganó el fujimorismo (muy popular por esos tiempos) pero que contó con la participación de, como ya dijimos, el Partido Popular Cristiano e incluso sectores de la izquierda. La Constitución de 1980 se dio en una plena dictadura, con graves fallas de origen. La intensidad de las fallas de origen que, si cabe, podría presentar la Constitución de 1993, es claramente menor. Sobre legitimidad y Constitución de 1993, conviene leer la conocida “Sentencia Borea” (recaída en el Exp. Nº 014-2003-AI/TC), dictada por el Tribunal Constitucional peruano en 2003.
  3. No. No se ha aprobado ayer la “hecatombe de una constitución chavista”. Ni siquiera se ha aprobado una Constitución: La derecha ha entrado en pánico total con los resultados de ayer, sin sopesar que, por el “apruebo”, se han manifestado sectores de centro derecha como los liberales o la democracia cristiana. Asimismo, un buen sector del periodismo ha desinformado diciendo que los chilenos aprobaron ayer una nueva constitución. Lo que se ha votado ayer es, solamente, la posibilidad que se abre para redactar, en una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) una nueva constitución, que no será invariablemente de izquierdas, sino que contará (esperemos) con una deliberación en la que participen los diversos sectores políticos. Según el cronograma establecido, el día 11 de abril se irá a votar por los constituyentes, es decir, por quienes tendrán el encargo del pueblo, dentro de una lógica de democracia representativa, de escribir esta nueva página en la historia de Chile. Nueva página que no tiene por qué ser rupturista, revolucionaria, que puede ser reformista, incluso moderada, pero que, en buena cuenta, será resultado de una deliberación. Atención a la campaña que viene: la democracia permitirá que los actores políticos unidos por el apruebo entren en pugna por ocupar dichos escaños y, una vez en ellos, polemicen sobre el modelo de Estado que quieren tener.

Sin descartar por completo la posibilidad de una reforma constitucional en el Perú (conforme a la exhortación de la Sentencia Borea), e incluso, si la ciudadanía así lo decide, una nueva, considero que en el caso chileno había un déficit democrático mucho más grave y urgente, y la carta carece de la calidad y márgenes que sí da la (imperfecta) Constitución peruana de 1993. En cualquier caso, todo análisis comparativo, en el ámbito del Derecho Constitucional, exige un conocimiento profundo de las instituciones políticas, contextos reales y constituciones de cada país, para evitar “transplantes” irreflexivos. La comparación dota de “filtros” a la (en ocasiones irresistible) tentación por el “copy-paste” de soluciones extranjeras. Por lo demás, estemos atentos al proceso constituyente de nuestros vecinos, que abre un espacio de debate sobre temas constitucionales contemporáneos de relevancia para los países de la región. La alegría ya vino, al menos para los verdaderos estudiosos del Derecho Constitucional.

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