Recuperar la escritura

Llevo un tiempo sin escribir (alrededor de tres o cuatro meses). Momentos “ágrafos”, si se quiere, expresión exagerada porque claro, obviamente escribo de manera breve en mis redes sociales y, como no podría ser de otra manera, escribo para mis clientes jurídicos, para aspectos profesionales con los cuales me gano la vida.

He frenado la escritura académica (que incluye la de este blog, en el ámbito jurídico -Derecho Público-, reflexiones sobre las políticas públicas) y la literaria-creativa (que realizo en mi ámbito privado y no publico-por el momento). Solo me he quedado en las letras inmediatas, las del día a día, las de la subsistencia en el corto plazo, y me he olvidado del largo plazo. Y, como todos sabemos, el largo plazo cuesta, pero también paga. Paga de verdad. En el sentido más hondo y menos economicista de la palabra. Le paga al alma, que se proyecta y discurre desde el pecho hasta las manos, derramándose en el keyboard, trascendiéndolo hasta alcanzar al receptor. Liberándonos. Pero cuesta. Como las cuestas.

Y es que es verdad que cuesta mucho ubicar las manos en el teclado no con la intención de trabajar, ni con la intención de conversar con las amistades, ni con la de ver en el ecran de la computadora algún vídeo o foto. La escritura como aparato oxidado, atacado por el moho, sin naftalina o la famosa “bolaseca” necesaria en la zona de Lima donde vivo. Es como un cuerpo que no hacía ejercicio hace años, y lo vuelve a hacer, poquito, tímidamente, y le duele todo. ¿Me duele todo? No exageraría. Pero el sólo hecho de sentarme a escribir este post es un avance notable de un reencuentro que, espero, no sea fugaz. Las letras son un músculo que se debe ejercitar. Siempre.

 

 

 

 

Nosotras: un lugar en el mundo

Hoy, en el día internacional de la mujer, conviene recordar la capital importancia de la igualdad, situada en el tuétano del sistema jurídico. Igualdad, palabra temida y adorada, tal vez a partes iguales, irónica redundancia. Nos queda claro que no debemos dar por sentada ninguna aparente conquista, sino trabajar en forma permanente para seguir construyendo un mejor lugar para vivir, una mejor comunidad.

Porque me siguen preguntando: ¿Y por qué no hay un día del hombre?. Y, para rizar el rizo, ¿y por qué no hay un día de la humanidad?. Porque desenfoca y difumina lo que debe estar concentrado: el empoderamiento es énfasis, es la mano a quien está en peldaños inferiores de una escalera tambaleante. Motivos sobran para seguir. Resulta increíble ver, así, que, aún ya en el siglo XXI, los paneles, conferencias, seminarios, tertulias televisivas, no tengan una presencia suficiente de mujeres. Para el mes en el que estamos (es decir, recién comenzado el año), en España la cantidad de mujeres muertas por violencia de machista es considerable. En el Perú, la cosa no es mucho mejor.

Además, la violencia política contra la mujer está al orden del día. El acoso político contra las mujeres es incesante.

Los números de la presencia política son todavía limitados. Por poner un ejemplo, en el Congreso unicameral del Perú, de 130 congresistas, solamente 36 son mujeres, representando aproximadamente un 27% de parlamentarios. La proporción es casi la misma en el ámbito del gabinete ministerial peruano: de 18 ministerios, solo 5 están encabezados por mujeres.

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Todo esto sin mencionar la aún escasa presencia de la mujer en el ámbito directivo de las empresas.

Aprovecho la ocasión para comentarles que, gracias a la confianza y gentileza de los amigos de Novagob, la Red Social de la Administración Pública que une las orillas iberoamericanas, co-administro, desde hace poquito (conjuntamente con Estefanía Serrano y Marta de Miguel), el grupo de “Mujeres Intraemprendedoras en el Sector Público”. Invito a tod@s a la participación, intercambio de ideas, debate. Para revisar el concepto de “Intraemprendizaje”, sugiero revisar el libro de Alberto Ortíz de Zárate, “Intraemprendizaje Público”, de agradable lectura y fácil descarga en la aplicación móvil del INAP español, así como la recensión que hice en su día de este libro en la Revista Vasca de Administración Pública. Rápidamente, sin embargo, podemos decir que se trata, fundamentalmente, de la actitud de “emprendimiento” que puede tener lugar al interior de las Administraciones Públicas, por medio de funcionarios innovadores, y que, para nutrirse, necesita de un alto nivel de confianza.

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Sobre el tema, me parece un gran aporte el artículo de Debbie Jaffe (ex directora de Google Latinoamérica) publicado hoy en el diario El Comercio (“Mujeres Emprendedoras“). ¿Qué condiciones favorecen el denominado “ecosistema de emprendimiento femenino en el Perú”?. Señala Jaffe que, básicamente, debe existir: a) un trabajo acompañado desde temprana edad, en la escuela; b) Generarse políticas públicas para desarrollar “habilidades blandas” que permitan la concreción de los proyectos (por ejemplo: poder acceder a créditos); c) Motivación de la familia.

La pregunta aquí (que lanzo a ustedes para el debate) es: ¿podemos aplicar estas bases al intraemprendizaje público de las mujeres?.

Algunos apuntes en torno a la reciente modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el Perú

Nuestros amigos del portal Polemos, administrado por los miembros de la revista Derecho & Sociedad (PUCP), han tenido la gentileza de pedirme una colaboración académica para comentar las novedades en el procedimiento administrativo peruano, incorporadas mediante reciente Decreto Legislativo.

Aquí el enlace: http://polemos.pe/apuntes-torno-la-reciente-modificacion-la-ley-del-procedimiento-administrativo-general-peru/

Invito a todos a leer este artículo, que espero disfruten y les sea provechoso para su entendimiento de la legislación administrativa peruana y sus instituciones, y útil en la práctica profesional.

 

Contra el desánimo

Emprender una carrera en solitario (suena a artista de moda, ex integrante de algún grupo), es decir, fuera de los esquemas laborales existentes, que no permiten una conciliación entre la vida personal, académica y laboral (sí, pueden haber conflictos entre la vida académica y la laboral), no es una tarea siempre fácil. Cuando hay clientes, algunos de ellos (no todos, por fortuna), no valoran el trabajo desempeñado. Escamotean el precio en regateos brutales. Reducen la cantidad de servicios que querían tomar al inicio. Los jefes tiranos o los ambientes laborales tóxicos no son nada, a veces, comparándolos con esto. Finalmente, en estos escenarios al menos tienes derechos laborales y, si no los tienes sobre el papel, existe una posibilidad de reclamarlos. Aquí no hay tal cosa. Tampoco hay una renta básica que cubra las necesidades fundamentales de la gente. No queda de otra.

Cuando pase esto, pregúntate: ¿qué he hecho yo para merecer esto? (no en plan drama almodovariano, sino en plan objetivo). ¿Qué puedo mejorar, pulir de mí, para que no suceda?. ¿Qué estoy sacando en esto de “trabajar por mi cuenta”? ¿Realmente tengo las cualidades para emprender? ¿Tengo un equipo suficiente/no será momento de proporcionarle un músculo organizacional al tema, o de acelerar el acto de llegar a ello? Analiza, en paralelo, si realmente estás llegando al público objetivo que deseas (un aspecto fundamental: tener claro tu target). Recuerda que este es un camino duro, en el que aprendes sobre la creación empresarial (y el capitalismo) desde sus entrañas. Sigue caminando en busca de un oasis. El desánimo solamente te dejará tirado en el desierto, a más de 40 grados. Pero, a veces, el desánimo se siente como algo insuperable. ¿Cómo llegar a la remontada?. Pueden ser útiles desde pequeños tips que parecen irrelevantes e incluso de autoayuda (como cambiar de sitio tu escritorio u ordenarlo, caminar por la playa o irte a escribir tus metas en un café agradable y bonito), hasta una auténtica respuesta a las preguntas arriba planteadas. Y no sólo preguntas y respuestas, sino acciones estructurales. En este mundo, los incentivos para caerte son demasiado altos. Recuerda que tienes que poner todo lo que haga falta para generarte los incentivos para subir las inevitables cuestas. No es un cliché, no es una letanía. Luchar contra el desánimo es indispensable para seguir.

 

Larra y las legalizaciones de títulos obtenidos en el extranjero: de la desconfianza radical a la mala administración

Todo “shock desburocratizador”, animado por los Organismos Globales del Derecho Público, trata de colocar como eje al (válido) ánimo emprendedor del ciudadano (y no tanto a este en sí, como verdadero eje troncal, núcleo de toda actuación de los poderes públicos). El ciudadano (el titular del haz de derechos fundamentales que el sistema jurídico, desde su cúspide, reconoce), no aparece en el primer plano que le debe corresponder a la hora de aligerar las cargas burocráticas irracionales. En la foto, a veces, sólo aparece su faceta productiva y organizada, dentro de una visión económica legítima pero a la que no se deben reducir las políticas públicas.

Se ha tratado de corregir la excesiva carga burocrática, en general, por muchos medios. Esfuerzos significativos han sido puestos en marcha para implementar la e-Administración alrededor del mundo, con resultados diversos. Su valor (cuando es bien aplicada) como herramienta para dinamizar la Administración es indudable. Sin embargo, su ausencia es notoria si nos ponemos a pensar en el engorroso procedimiento transnacional de legalización de títulos que, sumado a las “islas de ineficiencia” exentas de las medidas desburocratizadoras en determinados ámbitos administrativos, hacen de la legalización de los títulos obtenidos en el extranjero una auténtica carrera de obstáculos, enormes gastos de tiempo y de dinero, verdadera pesadilla.

Empecemos por el inicio, o por el final. Acabaste. Te graduaste. Tras alejarte de tu familia porque por tu mejoría tu casa dejarías, y sobreponiéndote a la nostalgia, a los largos días de invierno y a las calles con tanta nieve que deja de ser romántica, habías pasado largas noches en vela, inyectándote elevadas dosis de café a la vena en un país lejano y distinto al tuyo, donde se habla un idioma complejo. Tuviste que fijar conceptos muy elaborados en aquel idioma complejo, cuyo dominio relativo no te era suficiente para abordar, en esa lengua, instituciones europeas, administrativas del país donde estudias, ciencia y filosofía política, políticas públicas. Eso va de suyo, OK, y asumes que debes hacerlo. Tu motivación es tu logro futuro, las oportunidades que se te abrirán cuando lo consigas. Pues bien. El esfuerzo da sus frutos y “obtienes” el Master. ¿Y ahora qué?. El título te lo entregan en dos años. Una vez obtenido el título, debes (pongo aquí un ejemplo concreto) hacer lo siguiente:

a. Legalizarlo en: i) la institución que vela por la educación en el país donde obtuviste el título; ii) el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tu trámite (tranquil@, no te emociones, me estoy refiriendo a tu trámite inicial de legalización en el país de origen del título, que el resto lo haces igual) acaba aquí si tienes suerte y tu país ha firmado o se ha adherido al Convenio de La Haya, exonerándote de pasos consulares posteriores. Te puede costar (precio en Bélgica) alrededor de 20 euros por documento. Esta gestión, lógicamente, es aplicable cuando al menos uno de los dos países no pertenece a la Unión Europea.

b. Si ya volviste a tu país (lejano), toca enviar el documento de ida y de vuelta. Si vas con prisa y no viaja nadie de tu confianza, la gracia por DHL te cuesta alrededor de 200 dólares.

c. Si no hay nadie de tu confianza en ese país, considera pagarle a un tramitador/gestora en la que puedas confiar.

d. Cuando llegue el documento a tu país, debidamente apostillado, debes contratar a un “Traductor Público Juramentado”, es decir, oficial y reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país.

e. Si eres peruano (o deseas que ese título sea reconocido en el Perú), felicitaciones. Estás premiado. Una institución de reciente cuño, SUNEDU (algo así como la Superintendencia de la Educación en el Perú) te pedirá, de golpe, 645 soles. Casi 200 euros. Vale decir, el 75% de la remuneración mínima vital en el Perú. La gente de SUNEDU está súper orgullosa de demorarse ya sólo 30 días hábiles (con Silencio Negativo, of course), pero, por favor, pasa por caja y con todo apostillado y traducido (naturalmente).

f. Si eres “emigrante retornado” (un estudiante en el exterior, según las normas peruanas, lo podría ser) esa tasa elevada de 645 soles se reduce a la mitad. El truco: la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú que otorga esta “calidad” i. sólo atiende de 9 de la mañana a 1 de la tarde (un imposible para el que trabaja), ii. Solo te puede reconocer esa calidad a los 90 días de tu regreso. Conclusión: tienes que pagar tus 645 soles, nomás. Caballero.

Cuando llegas aquí te preguntas… ¿Perdona… shock desburocratizador anti-tramitológico? (sí, me ha salido un nombre parecido a un ungüento “milagroso”)….

¿Qué? ¿Que no has culminado con tu trámite de reconocimiento?. Vuelve a la casilla de salida. Borra lo estudiado. ¿Para qué te fuiste? No tienes legalmente ningún Master. Mucho pillo derramado por ahí falsificó documentos, dijo cosas que no eran, vendió másteres como humo. Y tienes que pagar las consecuencias. Literal y figurativamente, con el castigo de tiempo, disminución de ofertas laborales (si eres un académico ya puedes ir olvidándote del tema: y si no te quieres olvidar, ya SUNEDU se encargará de hacerlo cuando quieran contratarte). Esto empobrece, económicamente. No solo a las personas que, como decimos en mi tierra, “nos hemos sacado la mugre” estudiando. Meritocracia cero. Confianza radical cero. Buena administración cero. Hace pocas semanas, desde Hollywood, nos decían: “take your broken heart and make it into art“: las colas de SUNEDU, con los títulos enmarcados, de distintos tipos de letra, tamaño, etc, sujetados por los brazos de las madres del titular, parecían una auténtica exposición de arte contemporáneo, el “Museo de Diplomas Físicos del Perú y del Mundo”.

Lógicamente, queremos cumplir con los trámites, y queremos que la calidad educativa mejore, pero, frente a estos obstáculos, ¿qué podemos hacer?. ¿Con tanta “tramitología” podrán conseguir la finalidad última del control, de la regulación?.

Lo peor de todo es que este monumento a lo kafkiano es algo normalizado. Si se tratase de un agobio administrativo a una empresa, ríos de tinta jurisprudencial correrían.

Situados en este punto, muchas preguntas emergen:

a. ¿Por qué (en general en Europa) se pueden demorar dos años en expedir un PAPEL que acredita un título?

b. ¿Por qué los Estados no emprenden iniciativas multilaterales para implementar y generalizar una “Apostilla Electrónica”, o una manera eficaz con mecanismos de autenticación que permitan corroborar (con eficacia mayor incluso de la que pueden dar los sellos) la real consecución de ese grado?

c. ¿Por qué cobrarle al ciudadano tanto dinero? ¿Por qué este tipo de cobros y trámites sí se consideraría una barrera burocrática si lo mismo se le hiciese a una empresa?

La respuesta puede hallarse en el entramado de “desconfianza radical” existente en este particular ámbito de la tramitación administrativa. Demasiados han mentido con este tema de los títulos y era necesario un control. Vemos que la cantidad de requisitos aquí son la suma internacional de desconfianzas radicales, de administraciones ineficientes, que cobran o imponen una carga económica/burocrática difícil de soportar (gastos, papeles, océanos como muros infranqueables) para un ciudadano que lo único que quería era progresar. El cuento de Larra multiplicado: sin tu papelito, sin tu pago enorme, no vuelvas ni siquiera mañana.

No vuelvas nunca.

 

 

Sobre el control posterior de los Decretos Legislativos recientemente dados en el Perú.

Luego de finalizar la elaboración y publicación del paquete de Decretos Legislativos (con una serie de reformas de calado en distintos temas, que hemos estado viendo durante estas últimas semanas), toca la correspondiente revisión de los mismos por parte del Congreso de la República, quien otorgó las facultades legislativas, conforme a lo establecido en el artículo 104º de la Constitución.
En tal orden de ideas, en el artículo 90º del Reglamento del Congreso encontraremos los pasos que sigue este poder del Estado para ejercer el control ex-post de dichos Decretos Legislativos, examen que está a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento de nuestro parlamento. Esta Comisión tiene un máximo obligatorio de 10 días para presentar un informe sobre los Decretos Legislativos antes aludidos.
¿En sede parlamentaria, qué se controla de estos Decretos Legislativos?
a) Si contravienen la Constitución Política del Estado.
b) Si se ciñen al marco de delegación de facultades del Congreso.
De comprobarse lo indicado, las consecuencias son:
a) Jurídicas: Recomendando dicho informe su derogación o modificación, a fin de subsanar el exceso o contravención.
b) Políticas: Responsabilidad Política de los miembros del Consejo de Ministros.
Sin perjuicio del control parlamentario, existen otros controles posibles: es el caso del control que, tras la interposición de la Demanda de Inconstitucionalidad, puede ejercitar el Tribunal Constitucional.
Tenemos sin duda una batería normativa muy interesante, en muchos casos garantista y de simplificación administrativa. No obstante ello, le toca al parlamento, como corresponde, hacer el análisis de si las facultades legislativas fueron bien utilizadas. Estaremos atentos a la forma en que se realiza este control que, como ya dijimos, es jurídico y es político. Estaremos especialmente atentos, debido a la trascendencia de algunos cambios incorporados por esta legislación delegada.

Breve crónica del evento “Interpretación Constitucional y Convencional” (CAL-Palestra)

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El día viernes de 16 de diciembre asistí y disfruté del evento “Interpretación Constitucional y Convencional”, desarrollado en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima (CAL), y organizado por la interesante Editorial Palestra, con ocasión de su vigésimo aniversario.

Estas ponencias, presentadas por el Decano del CAL (Pedro Angulo Arana) se iniciaron con la ponencia de Fany Quispe, a modo de flashback de los 90s. Ella es jurista y socia fundadora de la editorial, y nos contó los retos y aventuras que supuso su creación, en aquellas épocas de desafíos y vicisitudes. El constitucionalista Pedro Grández, así como también el fiscal supremo Víctor Cubas, maestro de ambos y de destacada labor, continuaron con este relato. Grández, concluyente, indicó que en Palestra “no se hacen publicaciones de exégesis”, frase que me gustó mucho.

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Escuché con atención la intervención de César Landa, sobre el control Constitucional y Convencional. Resalto dos ideas fundamentales:

  • Existe un fenómeno que se viene observando en los últimos tiempos: la “internacionalización” del Derecho Constitucional y la “constitucionalización” de otras ramas del Derecho (en este punto, cabe precisar que, en el más reciente número de la revista Themis, prestigiosa publicación llevada adelante por alumnos de la PUCP, el mismo autor ha publicado un artículo sobre la “Constitucionalización del Derecho Administrativo”).
  • En el plano del denominado “Control de Convencionalidad”, más que un “monismo” jurídico, de lo que podemos hablar con mayor propiedad es de un “diálogo” entre los diversos Tribunales nacionales con los internacionales.

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Confieso que, aún habiéndolo leído, nunca había escuchado a Samuel Abad. Me impresionó muy positivamente. Su exposición trató de Derechos Humanos y Discapacidad. Citando a Luigi Ferrajoli, indicó que “los Derechos Universales aparecen en las primeras constituciones, diseñadas, eso sí, para quienes son hombres, blancos y propietarios”. Toda una base para la exclusión. Es importante que nuestros juristas (sobre todo nuestros juristas constitucionales) hablen claro al respecto, exterioricen, hagan visibles estos temas.  Resaltó el contenido del artículo 12º de la Convención, del cual se desprende que la discapacidad no es obstáculo para la igualdad con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Esta convención es discordante con el contenido de nuestro Código Civil vigente, por lo que sugiere cambios (el Código Civil peruano exige que, judicialmente, a la persona con discapacidad se le declare “interdicto” a fin de ejercer sus derechos -el ejemplo que puso el Dr. Abad fue el del cobro de una pensión. Frente a esa discordancia, se requiere que se aplique el denominado “Control de Convencionalidad”, pero lo ideal sería una modificación legislativa, en la cual, señala, se está trabajando en el seno del Congreso de la República. En cualquier caso, recalca este excelente jurista que “no basta con el Derecho”, siendo necesario, como telón de fondo y base fundamental, un cambio social, cultural y de percepciones. Yo creo que esto se logra modificando nuestras actitudes cotidianas, punto de partida de toda transformación.

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Finalmente, intervino la jurista española Susana Mosquera Monelos, catedrática de la Universidad de Piura, quien nos explicó la problemática del control de convencionalidad como concepto, así como la complejidad de la inserción en los distintos sistemas jurídicos internos de los tratados sobre Derechos Humanos. Hizo un interesante panorama comparativo entre el sistema europeo de protección de Derechos Humanos y el latinoamericano, el mismo que, en sus palabras, cuenta con una “geometría variable”.

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Agradezco la generosidad de Palestra en ofrecernos, gratuitamente, este evento que nos ha permitido conocer nuevas vías para la defensa de los derechos, invitándonos, al mismo tiempo, a conocer un poco más la labor de las editoriales. Algunas de ellas, como precisamente Palestra, ponen al alcance del lector peruano y latinoamericano en general, algunos títulos de importancia para conocer nuevas tendencias jurídicas alrededor del mundo. Mi mayor enhorabuena por ello.

El servicio postal en el Perú

En julio de este año me mandé traer por la vía postal (Correos España en el primer tramo y SERPOST Perú para la recogida) efectos personales muy importantes (de mayor valor personal y sentimental que económico), que había dejado en Barcelona. Habiendo juntado el dinero suficiente, contando al fin con una persona que se comprometió a realizar el embalaje y envío, y teniendo el tiempo necesario para hacer la criba correspondiente (mi amigo tuvo que tirar cosas porque eran demasiadas y al monitoreo largo a distancia de qué cosa va y qué cosa no va tenía que dedicarle tiempo), decidí proceder.

Debido a la importancia que tenía para mí ese envío, estuve pendiente de que cualquier aviso llegara a mi domicilio. Siempre atenta a las noticias del correo. Pasaron dos meses y nada. Dos meses y medio y nada. De pronto, finalizando septiembre, recibo una llamada telefónica, indicándome que vaya de manera urgente a una dirección de Serpost (la empresa pública que se ocupa del servicio de correo en nuestro país). Acudí preocupada, y de inmediato. Allí, tuve que pagar una importante cantidad de dinero para poder retirar mis cosas. Esa cantidad fue cobrada por concepto de “exceso de almacenaje”. Un almacenaje que ni pedí, ni fue mi culpa.

Son muchos los usuarios que, diariamente, advierten esta preocupante situación. Es un tema sistemático.

He realizado reclamos y puesto en conocimiento de algunas autoridades la situación. Me interesa recuperar el dinero, sí, pero hay más que ese simple hecho. Hay un interés general afectado: al haberme apersonado en diversas oportunidades en las oficinas de Serpost, pude notar la incomodidad de los trabajadores (muchos de ellos muy amables y que padecen día a día la situación de la empresa y tratan de sobrellevar la situación, el desborde). Hay una clara falta de financiamiento de este ente, configurado organizativamente como parte de la “actividad empresarial del Estado”, dependiente de FONAFE. Si no fuera por el compromiso de algunos trabajadores públicos de dicha empresa con el interés general, ¿qué hubiera sido del servicio postal, un derecho de todos los ciudadanos y un servicio público -que debe cumplir con todas sus notas características: continuidad, universalidad, generalidad, etc-?. Yo tengo que poder acudir a un servicio público de correos que esté presente siempre. No debo necesitar las cuantiosas sumas que, por envíos, cobran las grandes compañías privadas en este rubro, que muchas veces impiden, por razones económicas, el ejercicio de esos derechos. La opción de los privados debe seguir, pero la opción del correo como servicio público también debe mantenerse, y con cotas elevadas de calidad, como no podría ser de otra manera.

Conversé, en mi última visita a SERPOST, con un funcionario de esta empresa del Estado. Me pareció importante lo que me dijo en esta conversación: ha existido una enorme transformación del servicio de correos, producto de los cambios vertiginosos que han transformado el modo de comunicarnos en estos últimos veinte años. Se pensó en que las nuevas tecnologías, el e-mail y las demás formas de comunicación (hoy a través de aplicaciones móviles para poder conversar a distancia) iban a desplazar la comunicación epistolar, por carta. Esto, de hecho, ha sucedido. Sin embargo, el crecimiento (espectacular) de las comunicaciones, ha traído consigo el incremento de las compras por internet. El comercio electrónico consiste en que la operación contractual la realizo a distancia, sí, pero el objeto de la compra es, por lo general, un bien tangible, con dimensiones. En el servicio postal las cartas han sido reemplazadas por bienes de diferentes tamaños, que ocupan un mayor espacio. El 2.0 ha tenido un impacto en el 1.0, puro y duro, físico. Este es un ejemplo brutal de este cambio. ¿Efecto colateral negativo de la globalización?. Yo creo que no. El comercio electrónico es inevitable, y hasta positivo. Es clave para construir y fortalecer una economía moderna y abierta. Algunas entidades o empresas de correos han sido capaces de adaptarse. Otras, como SERPOST, hacen lo que pueden, pero las posibilidades son limitadas, ya que, según me cuentan, no estarían dentro de las prioridades de financiamiento.

El Estado (no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo) debe tomar cartas en el asunto pronto, pensando en soluciones a este problema. Algunas ideas: 1. Una mejora en los instrumentos legislativos existentes, 2. Hacer más eficiente la provisión de recursos para Serpost, y la gestión de los mismos, 3. Utilizar herramientas de administración electrónica (e incluso Gobierno Móvil) para dinamizar los procesos. El servicio postal debe estar a la altura de este reto. Al servicio postal del Perú debe alcanzarle la modernización del estado y de los servicios públicos.

 

 

 

“El paquete simplificador”: hacia un “Estado Ágil” en el Perú.

Con gran expectativa se ha recibido la noticia de que, en ejercicio de las Facultades Legislativas otorgadas por el Congreso, el Gobierno peruano ha emitido un Decreto Legislativo, con el objeto de dar un empujón certero al complejo proceso de simplificación administrativa que, como ya sabemos, no se trata de la mera eliminación de requisitos o del retraimiento del Estado allí donde tiene que estar presente para proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos. Dicho Decreto Legislativo (el 1246), establece una serie de medidas normativas para tal fin, que, en conjunto, han sido denominadas “El Paquete Simplificador”

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Destaca la importancia que la norma le da al elemento de la interoperabilidad (palabra que empezaremos a pronunciar con pausa y con frecuencia), es decir, la capacidad (a través de los medios informáticos) que tienen las Entidades para compartir información de manera dinámica. Eficacia es dinamismo. Estos flujos evitarían muchos dolores de cabeza burocráticos a los ciudadanos y empresas, pero, para llegar a ellos, las Administraciones Públicas deben de contar con los medios tecnológicos adecuados. Por ello, el proceso de implementación debe ser rápido y eficiente (la norma contempla que este duraría 60 días hábiles). La obligación de la interoperabilidad hará necesaria, por tanto, la capacitación permanente de los funcionarios públicos en materia de ciencias de la documentación. Asimismo, conviene mirar la nueva ley española de procedimiento Administrativo (Ley 39/2015), que está vigente desde hace poco y sobre la que he escrito algo recientemente (ver post aquí-> https://algunosapuntespublicos.wordpress.com/2016/10/14/e-administracion-y-nuevas-leyes-administrativas-en-espana/), así como también las demás prácticas comparadas al respecto. En suma, tenemos en el Perú una incorporación inicial de la Administración Electrónica en el Procedimiento Administrativo peruano.

Otro eje de la norma es  la prohibición de la exigencia de cierta documentación (artículo 5º). En tal sentido, no se podrá exigir, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, una serie de documentos. Estimamos que esta norma complementa al artículo 40º de la Ley 27444, en el que se establece un listado de documentación prohibida de solicitar (sobre ello, escribí el año pasado un artículo que puede verse aquí -> https://algunosapuntespublicos.wordpress.com/2015/07/18/sobre-la-documentacion-prohibida-de-solicitar-en-el-peru-implicancias-buena-administracion-y-eliminacion-de-la-cultura-del-papel/). En algunos casos, lo que se oponga del artículo 40º de la Ley 27444 a la nueva ley desaparecerá, pero de todas formas los operadores del Derecho Administrativo tendrán que hacer la criba y el análisis correspondiente con detenimiento. Lo interesante es ver que, para poder lograr la eliminación de trámites innecesarios, para poder hacer que la prohibición de documentos innecesarios sea una norma que se pueda concretamente cumplir, el camino imprescindible es el de la interoperabilidad: esta supone una auténtica eliminación de barreras internas (comunicación y coordinación inter-órganos que se vuelve más eficaz y eficiente) que se traduce en la eliminación de barreras externas (al ciudadano), pero necesita de inversión tecnológica + imaginación del funcionario público capacitado y , a través de su “intraemprendimiento”, generando “valor público” en el marco de un aprendizaje contínuo. ¿Se logrará en sesenta días?. Por lo pronto, resulta imposible no remitirnos a la reciente encuesta, publicada en este mes de octubre por el Diario Gestión y realizada por Ipsos Public Affairs a trabajadores públicos del Perú . Allí, los funcionarios nombran, entre las barreras que dificultan la buena gestión pública (la segunda de todas), a la falta de coordinación intersectorial, falta de coordinación que, sin lugar a dudas, también padece el ciudadano. 

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Otros apuntes imprescindibles sobre la norma son: i. la misma, en algunos extremos puntuales, no será aplicable en las localidades del Perú que no cuentan con Internet (lo cual resulta lógico, pero merece una especial reflexión la enorme brecha digital que padecen muchos conciudadanos, que los aleja del desarrollo y de las ventajas que esta norma podría ofrecerles); ii. resulta muy positivo el “enforcement” de la norma a través de la herramienta de las sanciones disciplinarias a los funcionarios que no cumplan con esta norma facilitadora; iii. se trata de una norma transversal: el paquete simplificador abarca una serie de ámbitos o sectores distintos, desde la persona con discapacidad, hasta la contratación de extranjeros).

Estaremos atentos para ver la adecuada implementación de esta norma, con un componente tecnológico y de inversión de recursos económicos y humanos fuerte. La mejora de la performance del Estado (un Estado en línea, en forma y ágil, es un Estado presente) es la mejora de la calidad de vida de todos. Y, por supuesto (esta es la promesa de siempre), seguiremos analizando y escribiendo sobre este tema.

El futuro del Open Government frente a la inminente Administración Trump

El martes 8 de noviembre de 2016 el mundo se sacudió con una noticia. Donald J Trump, magnate norteamericano, candidato del Partido Republicano, ganó las elecciones de los Estados Unidos. Desde ese momento se ha instalado un clima de incertidumbre, desconcierto y hasta miedo alrededor del orbe, teniendo en cuenta algunas actitudes mostradas durante su peculiar campaña, y, sobre todo, sus propuestas (sintetizadas en un “Contrato” con sus electores), que cuestionan, en lo fundamental, muchos de los aspectos derivados del entramado globalizador que ha venido caracterizando a nuestros tiempos.

¿Cambiará todo con Trump?

¿Qué le espera al Open Government (Gobierno Abierto) frente a la inminente Administración Trump, que echará a andar el 20 de enero de 2017?

¿Por qué esta pregunta?

Como se ha señalado en repetidas oportunidades, el Open Government, pese a ser un concepto que se usa desde hace ya bastante tiempo (por primera vez, nos dicen en su emblemático artículo de la UCLA LAW Review -2012- Harlan Yu y David Robinson, este término se había utilizado en el año 1957), tuvo un intenso impulso por parte de la Administración Obama. Ni bien el líder demócrata se instaló en la Casa Blanca, en 2009, dictó un “Memorandum” (el famoso “Memorándum de Obama”, también llamado “Open Government Directive“), ordenando a todos los directores de los Departamentos Ejecutivos y Agencias a seguir las pautas de esta Directiva, cuyos ejes son la Transparencia, la Participación y la Colaboración. “My Administration is commited to creating an unprecedented level of openness in government”, es la frase que le da inicio a todo.

A partir de ahí, se multiplicaron, alrededor del mundo, diferentes iniciativas, que, con diversos resultados, fueron implementándose en varios países, en sus administraciones. Hoy hablamos más que nada de “Estado Abierto”, incorporando en el cambiante pero importante concepto al Parlamento y al Poder Judicial.

Al hilo de dicho Memorandum y los principios que enarbola, una iniciativa importante ha sido, sin duda, la de la Alianza para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Un esfuerzo global (aunque con resultados disímiles) para mejorar los gobiernos, impulsado por la Secretaría de Estado (Secretary of State) de los Estados Unidos, cuya cabeza, entonces, era Hillary Clinton, quien no consiguió los votos suficientes en esta elección para derrotar a Trump.

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Por eso, creo que se trata de una pregunta pertinente: ¿qué pasará con todos estos planes de Gobierno Abierto de ahora en más?. Entendiendo que la Open Government Partnership  y el Gobierno Abierto en sí beben, se nutren de la globalización, son producto de ella, ¿qué nos plantea el nuevo escenario global al respecto? ¿Qué hará Trump, que, en su “Contrato con el Elector Americano”, plantea una serie de medidas, algunas más descabelladas que otras? (que, esperemos, la realidad del poder y de la acción presidencial, morigeren o frenen). Una de ellas es la eliminación de todas aquellas Ordenes Ejecutivas y Memorandum que sean “inconstitucionales”. No creo que la Open Government Directive lo sea (aunque si quieren buscarle tres pies al gato, lo van a encontrar). Sí creo que Trump, si así lo desea, no tendrá restricciones concretas para llevar adelante cualquier cambio radical si de Ordenes Ejecutivas y Memorandum se trata. Se dice que Trump desea pasarse el primer día de su mandato firmando papeles para eliminar todos estos instrumentos. También hay que tener en cuenta que, en la batería de medidas que el Contrato incorpora, el enfoque de seguridad-miedo protagoniza el texto. Eso, a mi parecer, impulsa a un secretismo contrario a la esencia misma del Gobierno Abierto.

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En cualquier caso, esperemos que la prudencia y la sensatez, elementos fundamentales del buen gobierno, impidan cambios radicales, y que cualquier cambio apunte, evidentemente, a generar mejoras. ¿Esto es pedir peras al olmo?. Lo veremos en los próximos meses. Por lo pronto, invito a todos a una reflexión profunda al respecto.