e-Administración y nuevas leyes administrativas en España

El año pasado, en el Boletín Oficial español (BOE), se publicaron dos leyes (la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015) destinadas a regular el procedimiento, la organización y la actividad de las administraciones públicas, con una vigencia diferida hasta la semana pasada (concretamente, vigente desde el día 2 de octubre de este año).

En la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 (de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-LPAC) se expresa que esta norma se dicta considerando que “la tramitación electrónica” ha de ser la “actuación habitual” de la Administración Pública actual, debiendo dictarse una norma (así lo dice la Exposición de Motivos) “que sistematice la regulación del procedimiento administrativo”, proceso que denominan “funcionamiento electrónico de la Administración”, para el cual existía ya una regulación inicial a través de la Ley 11/2007 (de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos), derogada con la 39/2015, que busca profundizar, expandir la e-Administración en España. Asimismo, se indica que se hace eco de recomendaciones sobre calidad normativa que vienen planteándose desde las instituciones del espacio jurídico global (OCDE + UE)

En este post me referiré únicamente a la e-Administración según la Ley 39/2015 (queda pendiente referirme, en posts posteriores, a los demás aspectos relevantes en torno al procedimiento administrativo y la organización de la administración).

El punto más resaltante es el nuevo enfoque de las relaciones entre administrado-administración por medios electrónicos. Estas relaciones, según la Ley 11/2007, eran “un derecho” (derecho de los ciudadanos, sin distinción, a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos). La norma actual prevé una lista de supuestos en los cuales este relacionamiento es obligatorio. El objetivo notorio es lograr una administración “sin papel”. 

De tal forma, el artículo 14º de la Ley 39/2015 obliga a relacionarse con las AAPPs por medios electrónicos a:

  • Las personas jurídicas
  • Las entidades sin personalidad jurídica
  • Quienes ejerzan actividad profesional que requieran colegiación obligatoria, para los trámites que realicen en ese ejercicio (ejemplo: los abogados).
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse con la Administración Pública por esta vía.
  • Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público

Llama la atención la previsión establecida en el apartado 3, que otorga la potestad a la administración de establecer, vía reglamento, la obligación de relacionarse con ellas por medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos, considerando los siguientes criterios:

  • Capacidad económica
  • Dedicación profesional
  • Otros motivos que acrediten que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Sería interesante saber cuáles son esos colectivos y cómo se delimitan estos conceptos jurídicos. ¿Se está otorgando aquí un margen de discrecionalidad elevado a la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria?. Será interesante, en cualquier caso, ver cómo se concreta esta parte de la disposición bajo comentario y, llegado el momento, cómo analiza esto la comunidad jurídica. Lo que se aprecia es, de todas formas, un interés por expandir la Administración Electrónica y convertirla en la regla, y no en la excepción.

La norma bajo comentario, asimismo, le da un contenido muy marcado de e-Administración al artículo correspondiente a los derechos de los administrados (“derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”). Así, tenemos el derecho a comunicarse vía un punto de Acceso General Electrónico de la Administración, a ser asistido en el uso de estos medios, a acceder a la información pública conforme a la Ley 19/2013 (la ley de transparencia y buen gobierno española), a obtener medios de identificación y firma electrónica, y a la protección de datos. Toda una batería de modernización administrativa convertida en un catálogo de derechos que, sin embargo, para su plena implementación, requiere inversiones y capacitación tanto de empleados públicos como de ciudadanos y demás colectivos implicados, medición de resultados y cambio constante. ¿Se estará a la altura de este desafío, de esta apuesta grande por la Administración Electrónica?.

Es de destacar, también, la exhaustiva regulación de la representación a través de medios electrónicos (“Registros Electrónicos de Apoderados” -artículo 6º, en los cuales se inscriben los poderes otorgados). Se establece en la norma que deberán ser “perfectamente interoperables”, para garantizar interconexión, compatibilidad informática, tramitación telemática de solicitudes. Asimismo, toda administración está obligada a contar con un “Registro Electrónico General” (artículo 16º), el mismo que deberá ser “plenamente interoperable e interconectado con la Administración de la que depende”. La interoperabilidad es un must, ya que contribuye enormemente al fundamental dinamismo intra-administrativo que se requiere para lograr el objetivo de la eficacia administrativa. Hay una descripción de cómo tienen que ser los registros y de cómo se crean. También, la obligación de que todo documento que se presente esté digitalizado, independientemente de la forma de presentación (presencial o por otras vías). Si es presencial, digitaliza la oficina de asistencia en materia de registros.

Finalmente, se establece (artículo 17º) la obligación de contar con un Archivo Electrónico Único, que ofrezca autenticidad, integridad, conservación del documento, posibilidad de consulta en cualquier momento, diversificación de formatos y soporte, y la obligación de autorizar cualquier posible eliminación del documento.

El tiempo dirá si la aplicación de esta normativa va al ritmo del deseo de los ciudadanos por una administración más eficaz, con procedimientos dotados de la máxima celeridad posible, y siempre en la búsqueda de la buena administración. Seguramente, correrán ríos de tinta sobre este tema, y será intensa la organización de conferencias y seminarios. Con una ley administrativa que integra en el procedimiento mecanismos de e-Administración (con todo lo que una ley implica) es el momento de las Ciencias de la Documentación y de la informática, aplicando los avances tecnológicos en la búsqueda de tales objetivos, de tales deseos ciudadanos. Y, en un contexto económico difícil, donde las inversiones que parece imponer esta nueva administración tecnológica, sin papel, serían elevadas, se hace necesario seguir profundizando los estudios, capacitación y práctica de la innovación pública.

Taller en Gobierno Móvil : Muy breve crónica

El día 30 de septiembre tuve el placer y el honor de realizar una exposición-taller sobre “Gobierno Móvil”, en el auditorio “Rubén Guevara” de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, en Lima, por cordial invitación de su Centro de Estudios en Tecnología y Derecho.

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Cabe destacar que, sobre este tema, ya había escrito para Gigapp-2015 algunas líneas.

Durante mi intervención, expliqué al auditorio (mayormente conformado por jóvenes universitarios) algunos aspectos teóricos sobre el Gobierno Móvil (los primeros y no muy numerosos esbozos conceptuales sobre la materia), analizamos casos prácticos, y pasamos a una ronda de preguntas, durante las cuales se plantearon interesantes interrogantes, así como también nos dieron a conocer la existencia de comunidades de práctica intraemprendedoras en ciertos sectores del sector público nacional, tema que tocaremos en profundidad más adelante, tal vez en mi página en Facebook, y/o en este mismo espacio bloguero: https://www.facebook.com/alexandramolinadimitrijevic/

Agradezco mucho la oportunidad brindada. Aquí algunas fotos del encuentro (sobre el cual la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios ha elaborado un resumen claro en su página de Facebook: https://www.facebook.com/FacultadDerechoUSMP/)