“El paquete simplificador”: hacia un “Estado Ágil” en el Perú.

Con gran expectativa se ha recibido la noticia de que, en ejercicio de las Facultades Legislativas otorgadas por el Congreso, el Gobierno peruano ha emitido un Decreto Legislativo, con el objeto de dar un empujón certero al complejo proceso de simplificación administrativa que, como ya sabemos, no se trata de la mera eliminación de requisitos o del retraimiento del Estado allí donde tiene que estar presente para proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos. Dicho Decreto Legislativo (el 1246), establece una serie de medidas normativas para tal fin, que, en conjunto, han sido denominadas “El Paquete Simplificador”

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Destaca la importancia que la norma le da al elemento de la interoperabilidad (palabra que empezaremos a pronunciar con pausa y con frecuencia), es decir, la capacidad (a través de los medios informáticos) que tienen las Entidades para compartir información de manera dinámica. Eficacia es dinamismo. Estos flujos evitarían muchos dolores de cabeza burocráticos a los ciudadanos y empresas, pero, para llegar a ellos, las Administraciones Públicas deben de contar con los medios tecnológicos adecuados. Por ello, el proceso de implementación debe ser rápido y eficiente (la norma contempla que este duraría 60 días hábiles). La obligación de la interoperabilidad hará necesaria, por tanto, la capacitación permanente de los funcionarios públicos en materia de ciencias de la documentación. Asimismo, conviene mirar la nueva ley española de procedimiento Administrativo (Ley 39/2015), que está vigente desde hace poco y sobre la que he escrito algo recientemente (ver post aquí-> https://algunosapuntespublicos.wordpress.com/2016/10/14/e-administracion-y-nuevas-leyes-administrativas-en-espana/), así como también las demás prácticas comparadas al respecto. En suma, tenemos en el Perú una incorporación inicial de la Administración Electrónica en el Procedimiento Administrativo peruano.

Otro eje de la norma es  la prohibición de la exigencia de cierta documentación (artículo 5º). En tal sentido, no se podrá exigir, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, una serie de documentos. Estimamos que esta norma complementa al artículo 40º de la Ley 27444, en el que se establece un listado de documentación prohibida de solicitar (sobre ello, escribí el año pasado un artículo que puede verse aquí -> https://algunosapuntespublicos.wordpress.com/2015/07/18/sobre-la-documentacion-prohibida-de-solicitar-en-el-peru-implicancias-buena-administracion-y-eliminacion-de-la-cultura-del-papel/). En algunos casos, lo que se oponga del artículo 40º de la Ley 27444 a la nueva ley desaparecerá, pero de todas formas los operadores del Derecho Administrativo tendrán que hacer la criba y el análisis correspondiente con detenimiento. Lo interesante es ver que, para poder lograr la eliminación de trámites innecesarios, para poder hacer que la prohibición de documentos innecesarios sea una norma que se pueda concretamente cumplir, el camino imprescindible es el de la interoperabilidad: esta supone una auténtica eliminación de barreras internas (comunicación y coordinación inter-órganos que se vuelve más eficaz y eficiente) que se traduce en la eliminación de barreras externas (al ciudadano), pero necesita de inversión tecnológica + imaginación del funcionario público capacitado y , a través de su “intraemprendimiento”, generando “valor público” en el marco de un aprendizaje contínuo. ¿Se logrará en sesenta días?. Por lo pronto, resulta imposible no remitirnos a la reciente encuesta, publicada en este mes de octubre por el Diario Gestión y realizada por Ipsos Public Affairs a trabajadores públicos del Perú . Allí, los funcionarios nombran, entre las barreras que dificultan la buena gestión pública (la segunda de todas), a la falta de coordinación intersectorial, falta de coordinación que, sin lugar a dudas, también padece el ciudadano. 

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Otros apuntes imprescindibles sobre la norma son: i. la misma, en algunos extremos puntuales, no será aplicable en las localidades del Perú que no cuentan con Internet (lo cual resulta lógico, pero merece una especial reflexión la enorme brecha digital que padecen muchos conciudadanos, que los aleja del desarrollo y de las ventajas que esta norma podría ofrecerles); ii. resulta muy positivo el “enforcement” de la norma a través de la herramienta de las sanciones disciplinarias a los funcionarios que no cumplan con esta norma facilitadora; iii. se trata de una norma transversal: el paquete simplificador abarca una serie de ámbitos o sectores distintos, desde la persona con discapacidad, hasta la contratación de extranjeros).

Estaremos atentos para ver la adecuada implementación de esta norma, con un componente tecnológico y de inversión de recursos económicos y humanos fuerte. La mejora de la performance del Estado (un Estado en línea, en forma y ágil, es un Estado presente) es la mejora de la calidad de vida de todos. Y, por supuesto (esta es la promesa de siempre), seguiremos analizando y escribiendo sobre este tema.

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El futuro del Open Government frente a la inminente Administración Trump

El martes 8 de noviembre de 2016 el mundo se sacudió con una noticia. Donald J Trump, magnate norteamericano, candidato del Partido Republicano, ganó las elecciones de los Estados Unidos. Desde ese momento se ha instalado un clima de incertidumbre, desconcierto y hasta miedo alrededor del orbe, teniendo en cuenta algunas actitudes mostradas durante su peculiar campaña, y, sobre todo, sus propuestas (sintetizadas en un “Contrato” con sus electores), que cuestionan, en lo fundamental, muchos de los aspectos derivados del entramado globalizador que ha venido caracterizando a nuestros tiempos.

¿Cambiará todo con Trump?

¿Qué le espera al Open Government (Gobierno Abierto) frente a la inminente Administración Trump, que echará a andar el 20 de enero de 2017?

¿Por qué esta pregunta?

Como se ha señalado en repetidas oportunidades, el Open Government, pese a ser un concepto que se usa desde hace ya bastante tiempo (por primera vez, nos dicen en su emblemático artículo de la UCLA LAW Review -2012- Harlan Yu y David Robinson, este término se había utilizado en el año 1957), tuvo un intenso impulso por parte de la Administración Obama. Ni bien el líder demócrata se instaló en la Casa Blanca, en 2009, dictó un “Memorandum” (el famoso “Memorándum de Obama”, también llamado “Open Government Directive“), ordenando a todos los directores de los Departamentos Ejecutivos y Agencias a seguir las pautas de esta Directiva, cuyos ejes son la Transparencia, la Participación y la Colaboración. “My Administration is commited to creating an unprecedented level of openness in government”, es la frase que le da inicio a todo.

A partir de ahí, se multiplicaron, alrededor del mundo, diferentes iniciativas, que, con diversos resultados, fueron implementándose en varios países, en sus administraciones. Hoy hablamos más que nada de “Estado Abierto”, incorporando en el cambiante pero importante concepto al Parlamento y al Poder Judicial.

Al hilo de dicho Memorandum y los principios que enarbola, una iniciativa importante ha sido, sin duda, la de la Alianza para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Un esfuerzo global (aunque con resultados disímiles) para mejorar los gobiernos, impulsado por la Secretaría de Estado (Secretary of State) de los Estados Unidos, cuya cabeza, entonces, era Hillary Clinton, quien no consiguió los votos suficientes en esta elección para derrotar a Trump.

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Por eso, creo que se trata de una pregunta pertinente: ¿qué pasará con todos estos planes de Gobierno Abierto de ahora en más?. Entendiendo que la Open Government Partnership  y el Gobierno Abierto en sí beben, se nutren de la globalización, son producto de ella, ¿qué nos plantea el nuevo escenario global al respecto? ¿Qué hará Trump, que, en su “Contrato con el Elector Americano”, plantea una serie de medidas, algunas más descabelladas que otras? (que, esperemos, la realidad del poder y de la acción presidencial, morigeren o frenen). Una de ellas es la eliminación de todas aquellas Ordenes Ejecutivas y Memorandum que sean “inconstitucionales”. No creo que la Open Government Directive lo sea (aunque si quieren buscarle tres pies al gato, lo van a encontrar). Sí creo que Trump, si así lo desea, no tendrá restricciones concretas para llevar adelante cualquier cambio radical si de Ordenes Ejecutivas y Memorandum se trata. Se dice que Trump desea pasarse el primer día de su mandato firmando papeles para eliminar todos estos instrumentos. También hay que tener en cuenta que, en la batería de medidas que el Contrato incorpora, el enfoque de seguridad-miedo protagoniza el texto. Eso, a mi parecer, impulsa a un secretismo contrario a la esencia misma del Gobierno Abierto.

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En cualquier caso, esperemos que la prudencia y la sensatez, elementos fundamentales del buen gobierno, impidan cambios radicales, y que cualquier cambio apunte, evidentemente, a generar mejoras. ¿Esto es pedir peras al olmo?. Lo veremos en los próximos meses. Por lo pronto, invito a todos a una reflexión profunda al respecto.