Balance y utilidad de la hoja de vida de los candidatos como forma de transparentar el proceso electoral

El día viernes 3 de mayo, por especial invitación del joven congresista Marvin Palma, participé en la mesa de trabajo “Declaración jurada de la hoja de vida de los candidatos: una clave para transparentar el proceso electoral”, que este organizó con su valioso equipo. Allí, junto con otros colegas y expertos peruanos en temas electorales, y en presencia y participación activa de mis alumnos de la Especialidad en Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, pude compartir distintas reflexiones acerca de este importante tema. He querido volcarlas también por escrito, aprovechando los espacios de publicación y comunicación que nos brindan los blogs, así que las comparto por aquí.

Como punto de partida, una reflexión sobre este tema nos obliga a pensar en el fundamento de la exigencia formal de una hoja de vida. ¿En qué se sustenta esta obligación?. ¿Qué la justifica?. Creo que estas preguntas, además, nos llevan a reflexionar sobre el fundamento de la representación política.

En primer lugar, según el artículo 90 de la Constituciòn Política del Perú, para ser Congresista de la República se requiere: Ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años y gozar de derecho de sufragio.

Como podemos apreciar, los requisitos son mínimos. No hay un requerimiento específico de cualificación profesional. Por más deseable que sea, establecerlo sería cuestionable, elitista y hasta contrario a la lógica representativa, aunque choque con nuestro justificado deseo por tener a los más capaces en el terreno político y en las instituciones. Siendo así, cabe preguntarnos: ¿existe un dilema entre representatividad y meritocracia? ¿Cuál sería el sentido, entonces, de exigir plasmar la trayectoria en una hoja de vida?. Si repasamos el derecho comparado, esta exigencia existe en unos pocos países de nuestro entorno: la vemos en Ecuador (a través de su Consejo Nacional Electoral) o en Panamá (dicha hoja de vida se publica en la web del Tribunal Electoral, según la previsión del Código Electoral panameño). En Colombia el mecanismo existe para aspirantes a altos cargos no electivos en el Estado. En Europa, especialmente en Alemania, donde los filtros de la ley moral son bastante rigurosos, más que estos mecanismos encontramos inmediatas dimisiones por temas que aparentan ser pequeños en el mundo latino.

Enseguida se nos plantea una nueva pregunta: ¿cuál es la línea divisoria entre lo moral y lo jurídico?

Considero que exigir la hoja de vida, obligación formal emanada de nuestro poder electoral (vía Resolución 0084-2018 del Jurado Nacional de Elecciones) y fundamentada en una Ley de Organizaciones Políticas, tiene un importante sustrato moral: apreciamos el deber de que el aspirante al cargo congresal explique o consigne detalladamente su trayectoria para que el ciudadano sepa cuán cualificado está este aspirante, y, de acuerdo a sus preferencias, pueda tomar la decisión de voto informado, tema que en contexto peruano de voto obligatorio adquiere una especial importancia. Asimismo, existe el deber de que todo lo consignado refleje fielmente la realidad. En suma, lo que subyace es un deber de transparencia y un deber de veracidad. No se requiere absolutamente, por ejemplo, haber estudiado en universidades top (las Ivy Leagues norteamericanas, por ejemplo), pero sí comunicar verazmente al elector la trayectoria profesional, por mínima que esta sea.

La pregunta es si todos los ciudadanos accedemos a estas hojas de vida. Muchas veces las llegamos a conocer por el eco mediático generado por un periodista, pero la herramienta está online y a disposición de todo el mundo. Literalmente, de todo el mundo. La pregunta es: ¿todo el mundo tiene acceso a Internet?. En un país con una enorme brecha digital, la respuesta resulta evidente.

En tiempos en los cuales se escucha por todos lados la necesidad de mejorar la calidad del parlamento, necesidad imperiosa, por cierto, creo que es importante esta herramienta para que el ciudadano sepa por quién está votando, pero el criterio, la razonabilidad para valorarlo viene de una educación ciudadana: la representatividad o el voto no es precisamente el resultado de un acto de evaluación curricular. No podemos reducir al elector al papel de mero reclutador de Recursos Humanos. Necesitamos congresistas preparados para el enorme reto ciudadano de legislar y fiscalizar, con la complejidad que supone todo ello, pero en un órgano político, al lado de la capacidad y de la integridad, se necesita liderazgo político. Recuerdo haber escuchado a alguien decir “el Congreso es como una Universidad”, porque se aprende mucho en el día a día. Al mismo tiempo, también he escuchado a otra persona decir “aquí, al Estado, no se viene a aprender”. Como electora, como ciudadana, como analista de lo político, considero que la posibilidad de optimizar ese aprendizaje es mayor si se llega con más capacidades. En todo caso, yo creo que siempre se aprende (a veces hay que “desaprender”, en algunos casos “cambiar el chip” para abrirse a la modernidad). El ciudadano debe contar con más y más educación, a su vez, para que la información sobre los candidatos sea procesada con criterio. Esa educación es responsabilidad del Estado pero, como sabemos, este es un trabajo progresivo, de largo plazo. ¿Cómo se hace mientras tanto?. Enorme pregunta, enorme reto. Por lo pronto, espacios como el abierto el día de ayer para debatir y conversar acerca de todo esto son de agradecer y saludar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Brevísima crónica de la conferencia: “Reforma del Estado y Constitución de 1993” (29 de octubre de 2018)

Haciendo un recuento de las actividades del año, les comento que el Centro de Estudios en Derecho Constitucional (CEDC) de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (USMP) organizó, con fecha 29 de octubre de 2018, la conferencia “Reforma del Estado y Constitución de 1993”, dentro del marco del 25 aniversario de esta Carta. La idea última del evento fue la necesaria vinculación entre Constitución y Administración Pública, con una perspectiva transversal, integral del Derecho Público, como telón de fondo del proceso de Reforma del Estado que ha experimentado el país durante estos 25 años. Para este imprescindible análisis tuvimos el honor de contar, como expositores, con importantes expertos y decisores públicos, en las distintas áreas clave de esta transformación. Al lado de ellos, realicé una ponencia introductoria sobre Administración y Constitución (tema sobre el que regresaré con precisiones mayores más adelante). La temática diversa del evento abordó, además los Servicios Públicos en la Constitución de 1993 (ponencia a cargo del profesor Jorge Danós Ordóñez), los aspectos constitucionales de la contratación estatal (a cargo del profesor Ricardo Salazar Chávez), el proceso de modernización del Estado y el empleo público (a cargo de Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo de SERVIR), explorando además los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en la tarea de gestionar lo público (tema a cargo de Ana Castillo Aranzáenz, sub-secretaria de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM -SGP-PCM).

 

Aparte de agradecer profundamente a los expositores por el tiempo brindado, su compromiso con el evento y la calidad de sus disertaciones, quiero agradecer especialmente al presidente del CEDC, Pedro Hernández Chávez, por la oportunidad brindada y su apertura para realizar este tipo de eventos, derivada de su rigor e interés por explorar nuevos temas en el ámbito del Derecho Constitucional. Asimismo, a los profesores Guillermo Valdivieso Payva y César Candela, a la destacada egresada de la Especialidad en Gestión Pública, Paola Rojas Gálvez (quien ofició con solvencia como maestra de ceremonias) y, last but not least, a todas las personas que asistieron al evento. Sin lugar a dudas, este tema, de por sí, abre una veta para la exploración. Al mismo tiempo, en 2019 seguiremos organizando este tipo de eventos, por lo cual, a mis lectores, aconsejo estar atentos 🙂

 

 

“Blogs sobre Administración Pública que deberías seguir en 2019”, por Amalia López Acera, y otros asuntos de trascendencia (miscelánea)

Amalia López Acera, experta española en Redes Sociales y Administraciones Públicas (tema fundamental y actual), ha realizado un magnífico trabajo recopilando un listado de nada más y nada menos que de 75 blogs sobre Administración Pública, que, a juicio de la autora (con el que coincido bastante), no te deberías perder:

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Amalia (quien, de por sí, habla de cosas interesantísimas en su blog: recomiendo mucho esta entrada sobre la pertinencia de la presencia de las AAPPs en Instagram, la red social del momento), ha tenido la gentileza y la generosidad de recomendar, en esta importante lista, a este pequeño espacio, que, como su nombre lo indica, busca brindar en la medida de lo posible “algunos apuntes públicos”, compartir algunas notas para reflexionar sobre los asuntos públicos.

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La lista es larga pero rica en contenidos, con muchos blogs (de autores situados a ambos lados del charco) que nos ayudarán a aprender sobre Administración Pública, vista desde distintas perspectivas.

Profundizar nuestro conocimiento debe ser una de las primeras resoluciones del año que viene, tras un año que, en lo particular, ha sido muy rico en este aspecto, destacándolo como docente de las áreas de Constitucional, Derecho Administrativo y Gestión Pública, y en los eventos realizados por el Centro de Estudios en Derecho Constitucional (CEDC) de la Universidad San Martín de Porres.

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Mi conferencia: “Constitución y Administración”

 

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Durante el evento “Reforma del Estado y Constitución de 1993”, junto a (por orden de aparición) Jorge Danós, Juan Carlos Cortés, Ricardo Salazar, Pedro Hernández y Ana Castillo.

 

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Con los profesores Pedro Hernández Chávez y Juan Carlo Vives Andrade, examinando a los alumnos que formarían parte del Centro de Estudios en Derecho Constitucional (CEDC-USMP)
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Con los alumnos ganadores del concurso de “papers” para el evento “Retos de la Sociedad y el Poder Público” (2018-1) y el profesor de la especialidad en Gestión Pública, Luis Zapata
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Con los alumnos ganadores del concurso de “papers” para la segunda edición del evento “Retos de la Sociedad y el Poder Público” (2018-2)

Aunque espero que este no sea el último post del año, aprovecho para desearles unas felices fiestas y un magnífico 2019.

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Reflexiones sobre el resultado de las elecciones municipales en Lima

Lima ya eligió a su nuevo alcalde. Su nombre: Jorge Muñoz Wells. Abogado de la PUCP, con amplia y exitosa experiencia municipal a nivel distrital, pero también conocimiento del sector privado a través de la asesoría en un importante bufete de abogados. Persona creativa, humanista y elegante, tuvo que ver en mi formación profesional y desarrollo de habilidades, dejando en mí enseñanzas que perduran. Le tengo aprecio personal, y confío en sus buenos reflejos para el bien de Lima. Intentando mantener la objetividad, comparto algunas reflexiones sobre la elección de quien liderará, por cuatro años, los destinos de esta compleja urbe de casi 10 millones de habitantes:

1. Nos encontramos, sin duda, ante un momento de cambio. Tras el gobierno de Alberto Andrade, dos períodos de Luis Castañeda siguieron, y otro más tras la decepcionante performance de Susana Villarán. Un período de desilusión, cansancio, hartazgo, se termina. Las expectativas son altas.

2. La diferencia entre el primero y el segundo es nítida. Los ciudadanos han dado un mandato claro, sin mayores dudas, situación que dista de la pelea voto a voto que tuvieron que librar Susana Villarán y Lourdes Flores en su momento, magro triunfo que, quién sabe, se habría reflejado en la gestión de dicha alcaldesa.

3. El candidato ganador empezó la campaña con un bajo porcentaje de intención de voto. Muchos identificaron ello con la “falta de conocimiento” por parte de la ciudadanía de dicho candidato. Esa falta inicial de identificación o conocimiento del candidato por parte del gran público fue superada en el momento del debate. Un debate con condiciones muy peculiares debido, probablemente, al número de candidatos. Pocos minutos concedidos a los candidatos. Yo me aventuro a suponer que Muñoz, empapado de las técnicas del emprendimiento (promovidas en el seno de la Municipalidad de Miraflores), aplicó algo muy típico de ellas: el “modelo Pitch”, que consiste en exponer lo mejor posible tu producto en la menor cantidad de tiempo. Es una especulación mía, es una hipótesis. En todo caso, aprovechar esa valiosa pero breve ventana de oportunidad fue preciso para entrar al conocimiento del “gran público”. Un momento de oro que, si se perdía, si se despreciaba (aló Reggiardo), consistía en perder la elección. Luego, explicar el fondo del programa, no caer en los agravios, dar en los objetivos precisos (dejar de darle a Velarde y enfilar las baterías hacia Reggiardo fue vital) mantener la humildad (contrastante con la soberbia de Belmont, “el colorado del siglo XX, yo soy el del siglo XXI”) y la actitud positiva.

4. Una vez en la mira del “gran público”, imagino que la idea fue explorar el contraste entre candidatos poco capacitados arriba de las encuestas, y un candidato Multi-premiado (Reina Sofía, maestría y especializaciones, Ciudadanos al Día) con aún un porcentaje bajo. Percibí este detalle muy resaltado en las redes sociales y fue preciso, porque la ciudadanía captó el mensaje: una verdadera sensación de injusticia en las cifras. Al final, todo esto se reflejó en las encuestas, y las urnas las reflejaron también. No hay ni truco, ni magia, ni juego de las encuestadoras. Me parece bastante lógico.

5. El “conocimiento del candidato” va aparejado, también, de la percepción de que es una persona capacitada y sencilla, distante de los prejuicios que le imputan, injustamente, estar desconectado de la realidad de Lima. Me parecería ilógico ganar una elección así en una ciudad como Lima. Si Muñoz ganó es porque la gente de alguna forma conectó con él, a diferencia de un Barnechea que, aún teniendo buenas propuestas, “no se comió el chicharrón”.

6. Los desafíos de la ciudad son enormes. Ordenar el tráfico, orientar la “movilidad” del ciudadano y la seguridad ciudadana son las grandes necesidades de los limeños. Alinear a la ciudad con su crecimiento económico desde la elevación de las cotas de igualdad en la parte que le pueda corresponder a la Municipalidad Metropolitana, hasta perfilarla con obras coherentes y dinamismo, es un gran reto. Lima no está a la altura de las grandes ciudades, como urbe latinoamericana y capital de un país que aspira pertenecer a la OCDE.

7. Desde la gestión, hace falta, por arriba, tomar verdaderamente en serio las funciones de “región” que tiene Lima, no para burocratizar pero sí para dinamizar potencialidades de desarrollo. Por en medio, no descuidar la zona del Cercado, carente de un gobierno distrital y de todo lo que ello implica en el día a día de los vecinos. Y, “por abajo”, la necesaria COORDINACIÓN y articulación de Lima Metropolitana con otros distritos. Es notoria la desconexión entre cada comuna y la central, y la no aplicación de disposiciones de la propia LOM en este sentido. Una desconexión que no es una mera abstracción: tiene efectos negativos concretos sobre nuestra vida cotidiana. También importante la conversación permanente con el Ejecutivo y el Legislativo. En este punto, convenía una personalidad que articule, y no alguien que pierda los papeles a golpe de Twitter. Una Administración Municipal que escuche a la ciudadanía y que coordine adecuadamente con los demás poderes públicos es una Administración Municipal democrática.

El régimen de notificaciones en el ordenamiento jurídico peruano

Comparto con ustedes los cuadros que he elaborado y explicado en mi clase de Derecho Procesal Administrativo, intentando realizar una sintetización práctica del régimen de notificaciones existente en el Perú, implantado por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus sucesivas modificaciones consolidadas por su Texto Único Ordenado (TUO), el Decreto Supremo 006-2017-JUS. Para mayor entendimiento, el material está estructurado a modo de “preguntas frecuentes”.

Crónica del evento: “Retos de la Sociedad y el Poder Público” (USMP, 31/05/2018)

Con éxito, el Centro de Estudios de Derecho Constitucional (CEDC-USMP), del que soy profesora miembro, desarrolló, el 31 de mayo de 2018, el evento denominado “Retos de la Sociedad y el Poder Público”, con el propósito de reconocer el trabajo investigador de los alumnos de “Sociedad y Poder Público”, curso que dicté en el ciclo 2018-I de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Los estudiantes que prepararon los trabajos más logrados realizaron ponencias, en las que pusieron de relieve los retos (en distintos ámbitos temáticos) que debe abordar el Estado frente a una sociedad en constante cambio, demostrando frente al público sus habilidades investigadoras y expositivas. Asimismo, tuvimos como expositor invitado al Profesor Luis Zapata, quien realizó una excelente disertación sobre Ordenamiento Territorial en el Perú. Obtuvieron menciones honrosas los alumnos Francis Valdivieso, Daniela Silva, Kath Rocha, Karen Quispe, Sergio González Bossio y Angélica Tamo, cuyos trabajos, de una u otra manera, contaron con elementos de gran calidad que aportaron competitividad a la tarea de elegir a los ponentes.

 

Agradezco mucho al Centro de Estudios de Derecho Constitucional (CEDC-USMP), en particular al Profesor Pedro Hernández, quien lo preside, y al Profesor Juan Carlo Vives, por su apoyo clave en el desarrollo de este evento. Asimismo, a los estudiantes que expusieron en forma clara y entusiasta, y trasladaron a la audiencia estas ideas clave para un Estado en transformación y la importancia de la investigación dentro del marco de las políticas públicas sobre la base de la evidencia, un elemento que debe fomentarse desde las aulas universitarias. También a los alumnos Silvana Quicaño, delegada del curso que apoyó en forma responsable, creativa y vital a la preparación del evento, Sergio González Bossio que ofició con precisión como maestro de ceremonias, y los alumnos Angélica Tamo y Fabrizzio Cabada, muy atinados en la organización. Finalmente (pero no menos importante), agradezco a todos los asistentes, una excelente audiencia que fue clave para el buen desarrollo de esta actividad, de la que quedan gratos recuerdos e importantes aprendizajes.

En este enlace podrán acceder al texto de mi ponencia introductoria: https://issuu.com/alexandramolinadimitrijevich/docs/ponencia_alexandra_molina_dimitrije

 

Notas sobre la moción de censura constructiva en España

La Sentencia 20/2018, emitida por la Audiencia Nacional de España en torno al sonado “Caso Gürtel” (y publicada el 24 de mayo de este año), condenó a prisión al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y a diversos cargos de esta formación política, que también recibió una multa de 240,000 euros y la consideración de “partícipe a título lucrativo” por parte de dicha importante resolución judicial.

El calado de esta decisión marcó un antes y un después, generando un consenso (normalmente muy difícil de obtener en un parlamento con intereses complejos y muchas veces contrapuestos) alrededor de la aplicación de la Moción de Censura constructiva planteada por el PSOE, liderado por Pedro Sánchez (propuesto para Presidente de Gobierno en dicha moción constructiva), y enmarcada dentro de las disposiciones constitucionales, específicamente el artículo 113 de la Constitución, que, en resumidas cuentas, obliga al que plantea una moción de censura a proponer un candidato a Presidente de Gobierno. Si esta moción de censura prospera (como ha sucedido por primera vez en España), las previsiones del artículo siguiente (114) indican que el candidato incluido en la moción se considera investido (con todos los efectos del artículo 99), para ser nombrado por el Rey como Presidente de Gobierno.

En efecto, ya no se trataba de impactantes portadas en los periódicos, ni de minuciosos reportajes periodísticos en los principales programas de la televisión de dicho país, sino, como repetimos, de nada más y nada menos que de una sentencia de la Audiencia Nacional, de una sentencia por un asunto que nos remece a ambos lados del charco: la corrupción. Aunque no ha existido imputación al hoy ex Presidente del Gobierno español, las sombras proyectadas sobre el partido que encabezaba fueron la gota que colmó el vaso de una largamente exigida renovación. Con olfato político, el PSOE, bajo los mandos de Pedro Sánchez (artífice de sucesivos renacimientos que motivan reflexiones sobre la perseverancia en la carrera de un político), logró, tras dos días de intenso debate parlamentario, obtener la cantidad de votos suficientes para la mayoría absoluta exigida por el precitado artículo 113, a fin de sacar a Rajoy de la Presidencia del Gobierno.

Es así como la moción de censura presentada hizo, de un día para otro y sin mediar elecciones o larguísimos procesos de investidura (recordemos que los españoles tuvieron que acudir a las urnas en dos oportunidades en 2015 y 2016, y hubo una enorme -y diría que dramática- dificultad para formar gobierno que desembocó en una investidura de Rajoy después de mucho tiempo e in extremis), presidente a Pedro Sánchez. La Constitución Española, con notable influencia alemana, así lo establece. En Alemania, la figura está regulada por el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn, y fue introducida a propuesta del diputado socialdemócrata Carl Schmid (no confundir con Carl Schmitt), temeroso, como muchos, de que se repita la enorme inestabilidad de las postrimerías de la República de Weimar, que desembocó en la catástrofe nazi (Simón Yarza, 2015). En la gestación de la Constitución Española, la incorporación de la moción de censura constructiva no generó mayor discusión: nos cuenta Fernando Simón Yarza en su magnífico artículo “La Moción de Censura, ¿constructiva u “obstructiva?” que, básicamente, el prestigio de la Ley Fundamental de Bonn y los fundados temores a la inestabilidad, fueron elementos que motivaron la aprobación de esta figura durante el debate constituyente.  Tanto Simón Yarza como Presno Linera coinciden que el éxito ahora de la moción de censura constructiva en España obedece a una “fragmentación parlamentaria”. Diría yo que es un escenario que configuró, irónica y precisamente, la razón por la que tanto había costado “formar gobierno” entre 2015 y 2016 (es importante anotar, en este punto, las dificultades que también ha experimentado Alemania para la formación del nuevo gobierno, que sigue a la cabeza de Angela Merkel gracias a una “gran coalición” con el SPD pero en medio de un parlamento fragmentado ante la irrupción de nuevas formaciones políticas de temibles reminiscencias). Una fragmentación visible en el propio debate de la moción: Ciudadanos de Albert Rivera incidiendo en la necesidad de elecciones (con unas prisas dadas por un dulce momento en las encuestas), y apoyando pero enfrentándose al PP en los debates, el voto definitorio del centroderechista Partido Nacionalista Vasco  (PNV), tras anunciar Sánchez que mantendría los presupuestos de Rajoy (con consideraciones favorables para Euskadi: nótese que el tema presupuestal es sensible para la formación jeltzale). ¿Se mantendrá ese escenario fragmentado? ¿Como diría Heráclito de Efeso, “todo cambia”? En una semana, tras el nombramiento de un gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres y una promesa de renovación, el PSOE ha pasado del tercer al primer lugar en las encuestas, intercambiándose con Ciudadanos, que, a su turno, pasa a un tercer puesto.

 

En cualquier caso, la comparación jurídica entre constituciones de distintos países, la forma en que se nutren e interactúan las instituciones jurídicas específicas del constitucionalismo, sus interacciones necesarias con la realidad política y la riqueza del parlamentarismo hacen fascinante el estudio de estas disciplinas y sus estrechos vínculos. Al mismo tiempo, subyace un reclamo ciudadano: se exige una buena administración y cotas más altas de integridad en la política. ¿La Constitución cuenta con los remedios suficientes para asegurar estos fundamentales elementos? ¿Los actores políticos los usan pertinentemente?. El tiempo es sabio y construye la historia. Miremos con atención el curso de la misma.

 

 

 

 

 

Avances jurisprudenciales sobre privacidad y redes sociales

De manera reciente, el Tribunal Supremo español ha emitido una sentencia emblemática en materia de nuevas tecnologías y privacidad, decidiendo que un periódico está impedido de utilizar una foto obtenida de una cuenta personal de Facebook, incluso en el caso en que esta imagen haya sido compartida de modo público. Una práctica habitual, que puede sonar familiar, que puede parecernos normal. Abrimos un periódico, o un enlace online al mismo, y un suceso está ilustrado con imágenes del Facebook del protagonista del mismo.

Las conclusiones de esta sentencia deben ser leídas por todos. El mencionado cuerpo colegiado, aparte de establecer una indemnización (fija un monto, en este caso concreto, de 15,000 euros), ordena el retiro inmediato de la misma de todas sus plataformas.

Si tal cosa ocurre con publicaciones de configuración “pública” ¿qué no ocurrirá con las privadas?. En este punto concreto cabe una reflexión: las posibilidades inmensas que da la tecnología (la posibilidad de hacer capturas, de descargar fotos, etc.) deben estar acotadas no solo por la moral, sino también por el Derecho, el mismo que, a su turno, moldea la tecnología: el Derecho puede marcar caminos que obliguen a los desarrolladores de herramientas tecnológicas a incorporar en las mismas mecanismos que eviten estas situaciones. Sobre este particular, resulta interesante ver cómo se desarrollan modos de informar a quien publica una imagen en Instagram Stories que alguien está realizando una captura.

Volviendo a la sentencia, dice el Supremo:

“Que en la cuenta abierta de una red social en Internet el titular del perfil haya subido una fotografía suya que sea accesible al público en general no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet”.

Ahora bien, ¿esto es aplicable única y exclusivamente a los medios de comunicación social?. Yo creo que se circunscribe a estos medios, la naturaleza de FB es compartir, eso es verdad, pero ¿qué tratamiento se le da al fenómeno de la viralidad?. Muchas preguntas en el tintero, sobre todo a raíz de sentencias como estas, que nos interpelan sobre lo que entendemos por “normal” en nuestra conducta “online”, la tensión herramientas tecnológicas-derecho-ética, entre otros.

El enlace a la noticia, aquí.

“20 años del desarrollo del Derecho Administrativo en el Perú” – I

Con la alegría posterior a la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 (tras unos largos 36 años), nos alistamos hacia la aventura del aprendizaje y asistimos con mucho entusiasmo a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a escuchar las conferencias de diversos expertos peruanos en Derecho Administrativo sobre un tema que concita la máxima atención: los 20 años del desarrollo del Derecho Administrativo en el Perú. Y es que, desde la publicación de la Ley Nº 27444 en 2001, gestada en años previos, el país ha asistido a un desarrollo enorme del Derecho Administrativo, desarrollo que ha ido al ritmo de las transformaciones de nuestro Estado. Ante ello, con muy buena visión, el Círculo de Derecho Administrativo (CDA) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), organizó un evento, congregando a un nutrido grupo de expertos en esta fundamental materia.

El evento arrancó con la ponencia de Jorge Danós, uno de los pioneros y principal referente del Derecho Administrativo moderno del Perú. Él nos habló de la “Evolución del Procedmiento Administrativo en el Perú”.

Mencionó que el ADN del Derecho Administrativo de un país es la norma que regule, en este, al procedimiento administrativo general. Agrego yo, al respecto, que si bien es cierta esta afirmación, también es verdad que países como Francia, que podríamos considerar como la cuna del Derecho Administrativo, no cuentan con una norma de esta naturaleza, siendo una rama que reposa más en la actividad de control jurisdiccional, con el importante peso del Consejo de Estado (Conseil d’État).

Danós nos comenta que los principales hitos de la regulación administrativa en el Perú son los siguientes:

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Son 3, según Danós, los aspectos más resultantes de la LPAG:

  1. Los principios: que, nos indica, tienen tres funciones: a. Orientar, integrar (función hermenéutica), b. constituir una base legal y c. Cubrir lagunas. Sobre los principios, escribí un breve artículo en el año 2001, con la LPAG “recién salida del horno” (y yo recién egresada de la Facultad). Llamaba la atención, positivamente, todo aquel elenco de principios, que venía para brindar, a mi parecer, posibilidades garantistas a los administrados. Nos dice Danós que esta norma “sistematiza los principios”.
  2. La LPAG “no es una Ley reglamentarista como la Ley de Contrataciones)”, comenta Danós.
  3. La LPAG regula la simplificación administrativa como régimen general.

Un eje importante de la reforma del Régimen Jurídico administrativo de la LPAG, operada por el Decreto Legislativo Nº 1272, nos dice Danós, es el re-impulso de la Simplificación Administrativa (debido al deseo del Perú por pertenecer a la OCDE). Así, se reforman más de 90 artículos de la LPAG.

 

 

 

 

 

¿Existe un “correcto uso” de LinkedIn?

LinkedIn es una red social a la que nos hemos suscrito, subiendo nuestro CV virtual a un formato adecuado para visibilizar experiencia profesional, trayectoria académica, logros especiales y demás aspectos. El objetivo que, en general, nos hemos marcado, es mejorar nuestra empleabilidad. Así considerada, LinkedIn es una red social en la que sus suscriptores, en la modalidad que sea, guardamos el objetivo de ponernos en contacto con personas que se articulan con dicha meta central, sin prescindir de un inherente contenido de relaciones humanas y sin impermeabilidad de algunas emociones que, a veces, se cuelan demasiado, haciéndonos pensar, por momentos, que estamos en el Facebook o en Twitter.

Desde luego, cada uno usa los formatos como le plazca. Yo uso Facebook en un ámbito amical, Twitter para informarme de las tendencias de opinión y LinkedIn para fortalecer mis interacciones profesionales en el ámbito jurídico y en todo lo multidisciplinario que se conecte con ello.

Es importante que LinkedIn se mantenga como espacio de fortalecimiento del objetivo de empleabilidad. Así es entendida esta red, y es así como nos van a ver. Por eso, cada paso que demos, todo lo que hagamos aquí, es (o debería ser) una toma de posición sobre cómo queremos que nos miren posibles socios, empleadores o lectores. También es un espacio de conversación entre colegas (básicamente, en la primera acepción de la RAE), y de enriquecimiento y mejora de mis destrezas profesionales. Ligar, expresar posiciones políticas apasionadas y carentes de un análisis objetivo (que una perspectiva, digamos, politológica, puede dar), lanzar incluso soflamas políticas… Algunos se desfogan sobre su situación laboral negativa. En este último punto, un matiz: Considero que no es condenable hacerlo, aunque en lo posible haya que evitarlo. Si se hace, si lo entendemos desde la perspectiva según la cual la catarsis expresa una situación concreta sobre los efectos del mercado laboral y el trato a las personas en este medio, vaya y pase. Hay quienes ven esto como una queja que poco ayuda a esa “empleabilidad” anhelada. Es preferible poner todos los esfuerzos emocionales para evitar estos estados, básicamente porque resulta importante mirar hacia adelante y tener claridad (y proyectarla) hacia el objetivo final.

Las redes sociales, en definitiva, no son corsés insuperables. Son nodos interconectados de personas y sus intereses. Sin embargo, el diseño, el formato y, sobre todo, lo que espera la comunidad sobre cada una de ellas, proporciona un cierto cauce: el de LinkedIn no es otro que el de conectarnos con redes y personas que pueden mejorar nuestra posición profesional. Enfocándonos, aprovechemos el enorme potencial que LinkedIn nos da.