Notas sobre la moción de censura constructiva en España

La Sentencia 20/2018, emitida por la Audiencia Nacional de España en torno al sonado “Caso Gürtel” (y publicada el 24 de mayo de este año), condenó a prisión al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y a diversos cargos de esta formación política, que también recibió una multa de 240,000 euros y la consideración de “partícipe a título lucrativo” por parte de dicha importante resolución judicial.

El calado de esta decisión marcó un antes y un después, generando un consenso (normalmente muy difícil de obtener en un parlamento con intereses complejos y muchas veces contrapuestos) alrededor de la aplicación de la Moción de Censura constructiva planteada por el PSOE, liderado por Pedro Sánchez (propuesto para Presidente de Gobierno en dicha moción constructiva), y enmarcada dentro de las disposiciones constitucionales, específicamente el artículo 113 de la Constitución, que, en resumidas cuentas, obliga al que plantea una moción de censura a proponer un candidato a Presidente de Gobierno. Si esta moción de censura prospera (como ha sucedido por primera vez en España), las previsiones del artículo siguiente (114) indican que el candidato incluido en la moción se considera investido (con todos los efectos del artículo 99), para ser nombrado por el Rey como Presidente de Gobierno.

En efecto, ya no se trataba de impactantes portadas en los periódicos, ni de minuciosos reportajes periodísticos en los principales programas de la televisión de dicho país, sino, como repetimos, de nada más y nada menos que de una sentencia de la Audiencia Nacional, de una sentencia por un asunto que nos remece a ambos lados del charco: la corrupción. Aunque no ha existido imputación al hoy ex Presidente del Gobierno español, las sombras proyectadas sobre el partido que encabezaba fueron la gota que colmó el vaso de una largamente exigida renovación. Con olfato político, el PSOE, bajo los mandos de Pedro Sánchez (artífice de sucesivos renacimientos que motivan reflexiones sobre la perseverancia en la carrera de un político), logró, tras dos días de intenso debate parlamentario, obtener la cantidad de votos suficientes para la mayoría absoluta exigida por el precitado artículo 113, a fin de sacar a Rajoy de la Presidencia del Gobierno.

Es así como la moción de censura presentada hizo, de un día para otro y sin mediar elecciones o larguísimos procesos de investidura (recordemos que los españoles tuvieron que acudir a las urnas en dos oportunidades en 2015 y 2016, y hubo una enorme -y diría que dramática- dificultad para formar gobierno que desembocó en una investidura de Rajoy después de mucho tiempo e in extremis), presidente a Pedro Sánchez. La Constitución Española, con notable influencia alemana, así lo establece. En Alemania, la figura está regulada por el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn, y fue introducida a propuesta del diputado socialdemócrata Carl Schmid (no confundir con Carl Schmitt), temeroso, como muchos, de que se repita la enorme inestabilidad de las postrimerías de la República de Weimar, que desembocó en la catástrofe nazi (Simón Yarza, 2015). En la gestación de la Constitución Española, la incorporación de la moción de censura constructiva no generó mayor discusión: nos cuenta Fernando Simón Yarza en su magnífico artículo “La Moción de Censura, ¿constructiva u “obstructiva?” que, básicamente, el prestigio de la Ley Fundamental de Bonn y los fundados temores a la inestabilidad, fueron elementos que motivaron la aprobación de esta figura durante el debate constituyente.  Tanto Simón Yarza como Presno Linera coinciden que el éxito ahora de la moción de censura constructiva en España obedece a una “fragmentación parlamentaria”. Diría yo que es un escenario que configuró, irónica y precisamente, la razón por la que tanto había costado “formar gobierno” entre 2015 y 2016 (es importante anotar, en este punto, las dificultades que también ha experimentado Alemania para la formación del nuevo gobierno, que sigue a la cabeza de Angela Merkel gracias a una “gran coalición” con el SPD pero en medio de un parlamento fragmentado ante la irrupción de nuevas formaciones políticas de temibles reminiscencias). Una fragmentación visible en el propio debate de la moción: Ciudadanos de Albert Rivera incidiendo en la necesidad de elecciones (con unas prisas dadas por un dulce momento en las encuestas), y apoyando pero enfrentándose al PP en los debates, el voto definitorio del centroderechista Partido Nacionalista Vasco  (PNV), tras anunciar Sánchez que mantendría los presupuestos de Rajoy (con consideraciones favorables para Euskadi: nótese que el tema presupuestal es sensible para la formación jeltzale). ¿Se mantendrá ese escenario fragmentado? ¿Como diría Heráclito de Efeso, “todo cambia”? En una semana, tras el nombramiento de un gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres y una promesa de renovación, el PSOE ha pasado del tercer al primer lugar en las encuestas, intercambiándose con Ciudadanos, que, a su turno, pasa a un tercer puesto.

 

En cualquier caso, la comparación jurídica entre constituciones de distintos países, la forma en que se nutren e interactúan las instituciones jurídicas específicas del constitucionalismo, sus interacciones necesarias con la realidad política y la riqueza del parlamentarismo hacen fascinante el estudio de estas disciplinas y sus estrechos vínculos. Al mismo tiempo, subyace un reclamo ciudadano: se exige una buena administración y cotas más altas de integridad en la política. ¿La Constitución cuenta con los remedios suficientes para asegurar estos fundamentales elementos? ¿Los actores políticos los usan pertinentemente?. El tiempo es sabio y construye la historia. Miremos con atención el curso de la misma.

 

 

 

 

 

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Avances jurisprudenciales sobre privacidad y redes sociales

De manera reciente, el Tribunal Supremo español ha emitido una sentencia emblemática en materia de nuevas tecnologías y privacidad, decidiendo que un periódico está impedido de utilizar una foto obtenida de una cuenta personal de Facebook, incluso en el caso en que esta imagen haya sido compartida de modo público. Una práctica habitual, que puede sonar familiar, que puede parecernos normal. Abrimos un periódico, o un enlace online al mismo, y un suceso está ilustrado con imágenes del Facebook del protagonista del mismo.

Las conclusiones de esta sentencia deben ser leídas por todos. El mencionado cuerpo colegiado, aparte de establecer una indemnización (fija un monto, en este caso concreto, de 15,000 euros), ordena el retiro inmediato de la misma de todas sus plataformas.

Si tal cosa ocurre con publicaciones de configuración “pública” ¿qué no ocurrirá con las privadas?. En este punto concreto cabe una reflexión: las posibilidades inmensas que da la tecnología (la posibilidad de hacer capturas, de descargar fotos, etc.) deben estar acotadas no solo por la moral, sino también por el Derecho, el mismo que, a su turno, moldea la tecnología: el Derecho puede marcar caminos que obliguen a los desarrolladores de herramientas tecnológicas a incorporar en las mismas mecanismos que eviten estas situaciones. Sobre este particular, resulta interesante ver cómo se desarrollan modos de informar a quien publica una imagen en Instagram Stories que alguien está realizando una captura.

Volviendo a la sentencia, dice el Supremo:

“Que en la cuenta abierta de una red social en Internet el titular del perfil haya subido una fotografía suya que sea accesible al público en general no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet”.

Ahora bien, ¿esto es aplicable única y exclusivamente a los medios de comunicación social?. Yo creo que se circunscribe a estos medios, la naturaleza de FB es compartir, eso es verdad, pero ¿qué tratamiento se le da al fenómeno de la viralidad?. Muchas preguntas en el tintero, sobre todo a raíz de sentencias como estas, que nos interpelan sobre lo que entendemos por “normal” en nuestra conducta “online”, la tensión herramientas tecnológicas-derecho-ética, entre otros.

El enlace a la noticia, aquí.

“20 años del desarrollo del Derecho Administrativo en el Perú” – I

Con la alegría posterior a la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 (tras unos largos 36 años), nos alistamos hacia la aventura del aprendizaje y asistimos con mucho entusiasmo a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a escuchar las conferencias de diversos expertos peruanos en Derecho Administrativo sobre un tema que concita la máxima atención: los 20 años del desarrollo del Derecho Administrativo en el Perú. Y es que, desde la publicación de la Ley Nº 27444 en 2001, gestada en años previos, el país ha asistido a un desarrollo enorme del Derecho Administrativo, desarrollo que ha ido al ritmo de las transformaciones de nuestro Estado. Ante ello, con muy buena visión, el Círculo de Derecho Administrativo (CDA) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), organizó un evento, congregando a un nutrido grupo de expertos en esta fundamental materia.

El evento arrancó con la ponencia de Jorge Danós, uno de los pioneros y principal referente del Derecho Administrativo moderno del Perú. Él nos habló de la “Evolución del Procedmiento Administrativo en el Perú”.

Mencionó que el ADN del Derecho Administrativo de un país es la norma que regule, en este, al procedimiento administrativo general. Agrego yo, al respecto, que si bien es cierta esta afirmación, también es verdad que países como Francia, que podríamos considerar como la cuna del Derecho Administrativo, no cuentan con una norma de esta naturaleza, siendo una rama que reposa más en la actividad de control jurisdiccional, con el importante peso del Consejo de Estado (Conseil d’État).

Danós nos comenta que los principales hitos de la regulación administrativa en el Perú son los siguientes:

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Son 3, según Danós, los aspectos más resultantes de la LPAG:

  1. Los principios: que, nos indica, tienen tres funciones: a. Orientar, integrar (función hermenéutica), b. constituir una base legal y c. Cubrir lagunas. Sobre los principios, escribí un breve artículo en el año 2001, con la LPAG “recién salida del horno” (y yo recién egresada de la Facultad). Llamaba la atención, positivamente, todo aquel elenco de principios, que venía para brindar, a mi parecer, posibilidades garantistas a los administrados. Nos dice Danós que esta norma “sistematiza los principios”.
  2. La LPAG “no es una Ley reglamentarista como la Ley de Contrataciones)”, comenta Danós.
  3. La LPAG regula la simplificación administrativa como régimen general.

Un eje importante de la reforma del Régimen Jurídico administrativo de la LPAG, operada por el Decreto Legislativo Nº 1272, nos dice Danós, es el re-impulso de la Simplificación Administrativa (debido al deseo del Perú por pertenecer a la OCDE). Así, se reforman más de 90 artículos de la LPAG.

 

 

 

 

 

¿Existe un “correcto uso” de LinkedIn?

LinkedIn es una red social a la que nos hemos suscrito, subiendo nuestro CV virtual a un formato adecuado para visibilizar experiencia profesional, trayectoria académica, logros especiales y demás aspectos. El objetivo que, en general, nos hemos marcado, es mejorar nuestra empleabilidad. Así considerada, LinkedIn es una red social en la que sus suscriptores, en la modalidad que sea, guardamos el objetivo de ponernos en contacto con personas que se articulan con dicha meta central, sin prescindir de un inherente contenido de relaciones humanas y sin impermeabilidad de algunas emociones que, a veces, se cuelan demasiado, haciéndonos pensar, por momentos, que estamos en el Facebook o en Twitter.

Desde luego, cada uno usa los formatos como le plazca. Yo uso Facebook en un ámbito amical, Twitter para informarme de las tendencias de opinión y LinkedIn para fortalecer mis interacciones profesionales en el ámbito jurídico y en todo lo multidisciplinario que se conecte con ello.

Es importante que LinkedIn se mantenga como espacio de fortalecimiento del objetivo de empleabilidad. Así es entendida esta red, y es así como nos van a ver. Por eso, cada paso que demos, todo lo que hagamos aquí, es (o debería ser) una toma de posición sobre cómo queremos que nos miren posibles socios, empleadores o lectores. También es un espacio de conversación entre colegas (básicamente, en la primera acepción de la RAE), y de enriquecimiento y mejora de mis destrezas profesionales. Ligar, expresar posiciones políticas apasionadas y carentes de un análisis objetivo (que una perspectiva, digamos, politológica, puede dar), lanzar incluso soflamas políticas… Algunos se desfogan sobre su situación laboral negativa. En este último punto, un matiz: Considero que no es condenable hacerlo, aunque en lo posible haya que evitarlo. Si se hace, si lo entendemos desde la perspectiva según la cual la catarsis expresa una situación concreta sobre los efectos del mercado laboral y el trato a las personas en este medio, vaya y pase. Hay quienes ven esto como una queja que poco ayuda a esa “empleabilidad” anhelada. Es preferible poner todos los esfuerzos emocionales para evitar estos estados, básicamente porque resulta importante mirar hacia adelante y tener claridad (y proyectarla) hacia el objetivo final.

Las redes sociales, en definitiva, no son corsés insuperables. Son nodos interconectados de personas y sus intereses. Sin embargo, el diseño, el formato y, sobre todo, lo que espera la comunidad sobre cada una de ellas, proporciona un cierto cauce: el de LinkedIn no es otro que el de conectarnos con redes y personas que pueden mejorar nuestra posición profesional. Enfocándonos, aprovechemos el enorme potencial que LinkedIn nos da.

Recuperar la escritura

Llevo un tiempo sin escribir (alrededor de tres o cuatro meses). Momentos “ágrafos”, si se quiere, expresión exagerada porque claro, obviamente escribo de manera breve en mis redes sociales y, como no podría ser de otra manera, escribo para mis clientes jurídicos, para aspectos profesionales con los cuales me gano la vida.

He frenado la escritura académica (que incluye la de este blog, en el ámbito jurídico -Derecho Público-, reflexiones sobre las políticas públicas) y la literaria-creativa (que realizo en mi ámbito privado y no publico-por el momento). Solo me he quedado en las letras inmediatas, las del día a día, las de la subsistencia en el corto plazo, y me he olvidado del largo plazo. Y, como todos sabemos, el largo plazo cuesta, pero también paga. Paga de verdad. En el sentido más hondo y menos economicista de la palabra. Le paga al alma, que se proyecta y discurre desde el pecho hasta las manos, derramándose en el keyboard, trascendiéndolo hasta alcanzar al receptor. Liberándonos. Pero cuesta. Como las cuestas.

Y es que es verdad que cuesta mucho ubicar las manos en el teclado no con la intención de trabajar, ni con la intención de conversar con las amistades, ni con la de ver en el ecran de la computadora algún vídeo o foto. La escritura como aparato oxidado, atacado por el moho, sin naftalina o la famosa “bolaseca” necesaria en la zona de Lima donde vivo. Es como un cuerpo que no hacía ejercicio hace años, y lo vuelve a hacer, poquito, tímidamente, y le duele todo. ¿Me duele todo? No exageraría. Pero el sólo hecho de sentarme a escribir este post es un avance notable de un reencuentro que, espero, no sea fugaz. Las letras son un músculo que se debe ejercitar. Siempre.

 

 

 

 

Nosotras: un lugar en el mundo

Hoy, en el día internacional de la mujer, conviene recordar la capital importancia de la igualdad, situada en el tuétano del sistema jurídico. Igualdad, palabra temida y adorada, tal vez a partes iguales, irónica redundancia. Nos queda claro que no debemos dar por sentada ninguna aparente conquista, sino trabajar en forma permanente para seguir construyendo un mejor lugar para vivir, una mejor comunidad.

Porque me siguen preguntando: ¿Y por qué no hay un día del hombre?. Y, para rizar el rizo, ¿y por qué no hay un día de la humanidad?. Porque desenfoca y difumina lo que debe estar concentrado: el empoderamiento es énfasis, es la mano a quien está en peldaños inferiores de una escalera tambaleante. Motivos sobran para seguir. Resulta increíble ver, así, que, aún ya en el siglo XXI, los paneles, conferencias, seminarios, tertulias televisivas, no tengan una presencia suficiente de mujeres. Para el mes en el que estamos (es decir, recién comenzado el año), en España la cantidad de mujeres muertas por violencia de machista es considerable. En el Perú, la cosa no es mucho mejor.

Además, la violencia política contra la mujer está al orden del día. El acoso político contra las mujeres es incesante.

Los números de la presencia política son todavía limitados. Por poner un ejemplo, en el Congreso unicameral del Perú, de 130 congresistas, solamente 36 son mujeres, representando aproximadamente un 27% de parlamentarios. La proporción es casi la misma en el ámbito del gabinete ministerial peruano: de 18 ministerios, solo 5 están encabezados por mujeres.

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Todo esto sin mencionar la aún escasa presencia de la mujer en el ámbito directivo de las empresas.

Aprovecho la ocasión para comentarles que, gracias a la confianza y gentileza de los amigos de Novagob, la Red Social de la Administración Pública que une las orillas iberoamericanas, co-administro, desde hace poquito (conjuntamente con Estefanía Serrano y Marta de Miguel), el grupo de “Mujeres Intraemprendedoras en el Sector Público”. Invito a tod@s a la participación, intercambio de ideas, debate. Para revisar el concepto de “Intraemprendizaje”, sugiero revisar el libro de Alberto Ortíz de Zárate, “Intraemprendizaje Público”, de agradable lectura y fácil descarga en la aplicación móvil del INAP español, así como la recensión que hice en su día de este libro en la Revista Vasca de Administración Pública. Rápidamente, sin embargo, podemos decir que se trata, fundamentalmente, de la actitud de “emprendimiento” que puede tener lugar al interior de las Administraciones Públicas, por medio de funcionarios innovadores, y que, para nutrirse, necesita de un alto nivel de confianza.

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Sobre el tema, me parece un gran aporte el artículo de Debbie Jaffe (ex directora de Google Latinoamérica) publicado hoy en el diario El Comercio (“Mujeres Emprendedoras“). ¿Qué condiciones favorecen el denominado “ecosistema de emprendimiento femenino en el Perú”?. Señala Jaffe que, básicamente, debe existir: a) un trabajo acompañado desde temprana edad, en la escuela; b) Generarse políticas públicas para desarrollar “habilidades blandas” que permitan la concreción de los proyectos (por ejemplo: poder acceder a créditos); c) Motivación de la familia.

La pregunta aquí (que lanzo a ustedes para el debate) es: ¿podemos aplicar estas bases al intraemprendizaje público de las mujeres?.

Algunos apuntes en torno a la reciente modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el Perú

Nuestros amigos del portal Polemos, administrado por los miembros de la revista Derecho & Sociedad (PUCP), han tenido la gentileza de pedirme una colaboración académica para comentar las novedades en el procedimiento administrativo peruano, incorporadas mediante reciente Decreto Legislativo.

Aquí el enlace: http://polemos.pe/apuntes-torno-la-reciente-modificacion-la-ley-del-procedimiento-administrativo-general-peru/

Invito a todos a leer este artículo, que espero disfruten y les sea provechoso para su entendimiento de la legislación administrativa peruana y sus instituciones, y útil en la práctica profesional.

 

Contra el desánimo

Emprender una carrera en solitario (suena a artista de moda, ex integrante de algún grupo), es decir, fuera de los esquemas laborales existentes, que no permiten una conciliación entre la vida personal, académica y laboral (sí, pueden haber conflictos entre la vida académica y la laboral), no es una tarea siempre fácil. Cuando hay clientes, algunos de ellos (no todos, por fortuna), no valoran el trabajo desempeñado. Escamotean el precio en regateos brutales. Reducen la cantidad de servicios que querían tomar al inicio. Los jefes tiranos o los ambientes laborales tóxicos no son nada, a veces, comparándolos con esto. Finalmente, en estos escenarios al menos tienes derechos laborales y, si no los tienes sobre el papel, existe una posibilidad de reclamarlos. Aquí no hay tal cosa. Tampoco hay una renta básica que cubra las necesidades fundamentales de la gente. No queda de otra.

Cuando pase esto, pregúntate: ¿qué he hecho yo para merecer esto? (no en plan drama almodovariano, sino en plan objetivo). ¿Qué puedo mejorar, pulir de mí, para que no suceda?. ¿Qué estoy sacando en esto de “trabajar por mi cuenta”? ¿Realmente tengo las cualidades para emprender? ¿Tengo un equipo suficiente/no será momento de proporcionarle un músculo organizacional al tema, o de acelerar el acto de llegar a ello? Analiza, en paralelo, si realmente estás llegando al público objetivo que deseas (un aspecto fundamental: tener claro tu target). Recuerda que este es un camino duro, en el que aprendes sobre la creación empresarial (y el capitalismo) desde sus entrañas. Sigue caminando en busca de un oasis. El desánimo solamente te dejará tirado en el desierto, a más de 40 grados. Pero, a veces, el desánimo se siente como algo insuperable. ¿Cómo llegar a la remontada?. Pueden ser útiles desde pequeños tips que parecen irrelevantes e incluso de autoayuda (como cambiar de sitio tu escritorio u ordenarlo, caminar por la playa o irte a escribir tus metas en un café agradable y bonito), hasta una auténtica respuesta a las preguntas arriba planteadas. Y no sólo preguntas y respuestas, sino acciones estructurales. En este mundo, los incentivos para caerte son demasiado altos. Recuerda que tienes que poner todo lo que haga falta para generarte los incentivos para subir las inevitables cuestas. No es un cliché, no es una letanía. Luchar contra el desánimo es indispensable para seguir.

 

Larra y las legalizaciones de títulos obtenidos en el extranjero: de la desconfianza radical a la mala administración

Todo “shock desburocratizador”, animado por los Organismos Globales del Derecho Público, trata de colocar como eje al (válido) ánimo emprendedor del ciudadano (y no tanto a este en sí, como verdadero eje troncal, núcleo de toda actuación de los poderes públicos). El ciudadano (el titular del haz de derechos fundamentales que el sistema jurídico, desde su cúspide, reconoce), no aparece en el primer plano que le debe corresponder a la hora de aligerar las cargas burocráticas irracionales. En la foto, a veces, sólo aparece su faceta productiva y organizada, dentro de una visión económica legítima pero a la que no se deben reducir las políticas públicas.

Se ha tratado de corregir la excesiva carga burocrática, en general, por muchos medios. Esfuerzos significativos han sido puestos en marcha para implementar la e-Administración alrededor del mundo, con resultados diversos. Su valor (cuando es bien aplicada) como herramienta para dinamizar la Administración es indudable. Sin embargo, su ausencia es notoria si nos ponemos a pensar en el engorroso procedimiento transnacional de legalización de títulos que, sumado a las “islas de ineficiencia” exentas de las medidas desburocratizadoras en determinados ámbitos administrativos, hacen de la legalización de los títulos obtenidos en el extranjero una auténtica carrera de obstáculos, enormes gastos de tiempo y de dinero, verdadera pesadilla.

Empecemos por el inicio, o por el final. Acabaste. Te graduaste. Tras alejarte de tu familia porque por tu mejoría tu casa dejarías, y sobreponiéndote a la nostalgia, a los largos días de invierno y a las calles con tanta nieve que deja de ser romántica, habías pasado largas noches en vela, inyectándote elevadas dosis de café a la vena en un país lejano y distinto al tuyo, donde se habla un idioma complejo. Tuviste que fijar conceptos muy elaborados en aquel idioma complejo, cuyo dominio relativo no te era suficiente para abordar, en esa lengua, instituciones europeas, administrativas del país donde estudias, ciencia y filosofía política, políticas públicas. Eso va de suyo, OK, y asumes que debes hacerlo. Tu motivación es tu logro futuro, las oportunidades que se te abrirán cuando lo consigas. Pues bien. El esfuerzo da sus frutos y “obtienes” el Master. ¿Y ahora qué?. El título te lo entregan en dos años. Una vez obtenido el título, debes (pongo aquí un ejemplo concreto) hacer lo siguiente:

a. Legalizarlo en: i) la institución que vela por la educación en el país donde obtuviste el título; ii) el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tu trámite (tranquil@, no te emociones, me estoy refiriendo a tu trámite inicial de legalización en el país de origen del título, que el resto lo haces igual) acaba aquí si tienes suerte y tu país ha firmado o se ha adherido al Convenio de La Haya, exonerándote de pasos consulares posteriores. Te puede costar (precio en Bélgica) alrededor de 20 euros por documento. Esta gestión, lógicamente, es aplicable cuando al menos uno de los dos países no pertenece a la Unión Europea.

b. Si ya volviste a tu país (lejano), toca enviar el documento de ida y de vuelta. Si vas con prisa y no viaja nadie de tu confianza, la gracia por DHL te cuesta alrededor de 200 dólares.

c. Si no hay nadie de tu confianza en ese país, considera pagarle a un tramitador/gestora en la que puedas confiar.

d. Cuando llegue el documento a tu país, debidamente apostillado, debes contratar a un “Traductor Público Juramentado”, es decir, oficial y reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país.

e. Si eres peruano (o deseas que ese título sea reconocido en el Perú), felicitaciones. Estás premiado. Una institución de reciente cuño, SUNEDU (algo así como la Superintendencia de la Educación en el Perú) te pedirá, de golpe, 645 soles. Casi 200 euros. Vale decir, el 75% de la remuneración mínima vital en el Perú. La gente de SUNEDU está súper orgullosa de demorarse ya sólo 30 días hábiles (con Silencio Negativo, of course), pero, por favor, pasa por caja y con todo apostillado y traducido (naturalmente).

f. Si eres “emigrante retornado” (un estudiante en el exterior, según las normas peruanas, lo podría ser) esa tasa elevada de 645 soles se reduce a la mitad. El truco: la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú que otorga esta “calidad” i. sólo atiende de 9 de la mañana a 1 de la tarde (un imposible para el que trabaja), ii. Solo te puede reconocer esa calidad a los 90 días de tu regreso. Conclusión: tienes que pagar tus 645 soles, nomás. Caballero.

Cuando llegas aquí te preguntas… ¿Perdona… shock desburocratizador anti-tramitológico? (sí, me ha salido un nombre parecido a un ungüento “milagroso”)….

¿Qué? ¿Que no has culminado con tu trámite de reconocimiento?. Vuelve a la casilla de salida. Borra lo estudiado. ¿Para qué te fuiste? No tienes legalmente ningún Master. Mucho pillo derramado por ahí falsificó documentos, dijo cosas que no eran, vendió másteres como humo. Y tienes que pagar las consecuencias. Literal y figurativamente, con el castigo de tiempo, disminución de ofertas laborales (si eres un académico ya puedes ir olvidándote del tema: y si no te quieres olvidar, ya SUNEDU se encargará de hacerlo cuando quieran contratarte). Esto empobrece, económicamente. No solo a las personas que, como decimos en mi tierra, “nos hemos sacado la mugre” estudiando. Meritocracia cero. Confianza radical cero. Buena administración cero. Hace pocas semanas, desde Hollywood, nos decían: “take your broken heart and make it into art“: las colas de SUNEDU, con los títulos enmarcados, de distintos tipos de letra, tamaño, etc, sujetados por los brazos de las madres del titular, parecían una auténtica exposición de arte contemporáneo, el “Museo de Diplomas Físicos del Perú y del Mundo”.

Lógicamente, queremos cumplir con los trámites, y queremos que la calidad educativa mejore, pero, frente a estos obstáculos, ¿qué podemos hacer?. ¿Con tanta “tramitología” podrán conseguir la finalidad última del control, de la regulación?.

Lo peor de todo es que este monumento a lo kafkiano es algo normalizado. Si se tratase de un agobio administrativo a una empresa, ríos de tinta jurisprudencial correrían.

Situados en este punto, muchas preguntas emergen:

a. ¿Por qué (en general en Europa) se pueden demorar dos años en expedir un PAPEL que acredita un título?

b. ¿Por qué los Estados no emprenden iniciativas multilaterales para implementar y generalizar una “Apostilla Electrónica”, o una manera eficaz con mecanismos de autenticación que permitan corroborar (con eficacia mayor incluso de la que pueden dar los sellos) la real consecución de ese grado?

c. ¿Por qué cobrarle al ciudadano tanto dinero? ¿Por qué este tipo de cobros y trámites sí se consideraría una barrera burocrática si lo mismo se le hiciese a una empresa?

La respuesta puede hallarse en el entramado de “desconfianza radical” existente en este particular ámbito de la tramitación administrativa. Demasiados han mentido con este tema de los títulos y era necesario un control. Vemos que la cantidad de requisitos aquí son la suma internacional de desconfianzas radicales, de administraciones ineficientes, que cobran o imponen una carga económica/burocrática difícil de soportar (gastos, papeles, océanos como muros infranqueables) para un ciudadano que lo único que quería era progresar. El cuento de Larra multiplicado: sin tu papelito, sin tu pago enorme, no vuelvas ni siquiera mañana.

No vuelvas nunca.

 

 

Sobre el control posterior de los Decretos Legislativos recientemente dados en el Perú.

Luego de finalizar la elaboración y publicación del paquete de Decretos Legislativos (con una serie de reformas de calado en distintos temas, que hemos estado viendo durante estas últimas semanas), toca la correspondiente revisión de los mismos por parte del Congreso de la República, quien otorgó las facultades legislativas, conforme a lo establecido en el artículo 104º de la Constitución.
En tal orden de ideas, en el artículo 90º del Reglamento del Congreso encontraremos los pasos que sigue este poder del Estado para ejercer el control ex-post de dichos Decretos Legislativos, examen que está a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento de nuestro parlamento. Esta Comisión tiene un máximo obligatorio de 10 días para presentar un informe sobre los Decretos Legislativos antes aludidos.
¿En sede parlamentaria, qué se controla de estos Decretos Legislativos?
a) Si contravienen la Constitución Política del Estado.
b) Si se ciñen al marco de delegación de facultades del Congreso.
De comprobarse lo indicado, las consecuencias son:
a) Jurídicas: Recomendando dicho informe su derogación o modificación, a fin de subsanar el exceso o contravención.
b) Políticas: Responsabilidad Política de los miembros del Consejo de Ministros.
Sin perjuicio del control parlamentario, existen otros controles posibles: es el caso del control que, tras la interposición de la Demanda de Inconstitucionalidad, puede ejercitar el Tribunal Constitucional.
Tenemos sin duda una batería normativa muy interesante, en muchos casos garantista y de simplificación administrativa. No obstante ello, le toca al parlamento, como corresponde, hacer el análisis de si las facultades legislativas fueron bien utilizadas. Estaremos atentos a la forma en que se realiza este control que, como ya dijimos, es jurídico y es político. Estaremos especialmente atentos, debido a la trascendencia de algunos cambios incorporados por esta legislación delegada.